El abogado Bernardo Villalba -parte del equipo jurídico de la intendenta de CDE, Sandra McLeod- denunció que la interventora Carolina Llanes sigue ignorando los puntos que motivan la intervención del Ejecutivo Municipal. A su criterio, la exjueza instruye a su equipo para perseguir a la administración suspendida e inventar supuestas irregularidades.

En conversación con la 970 AM, Villalba manifestó que a más de 30 días del inicio de la intervención, continúan sin poder seguir de cerca las acciones realizadas por Llanes, tal como debería ser según la Ley 317 que regula las intervenciones municipales y departamentales.

“Nos dicen que podemos tener acceso a las acciones de la intervenciones, pero a través de sus directores mediante la remisión de notas. Ellos nos dicen que esto no es intervención, sino una auditoría, y que una vez concluida recién nos darán los resultados. Esto es una intervención y debe hacerse sobre temas puntuales por los que fue aprobada”, sostuvo el profesional en leyes.,

Villalba reiteró que -como representantes de la intendenta municipal- deberían tener acceso irrestricto a todo lo que se realiza en el marco de la intervención.

Agregó que Carolina Llanes sigue ignorando los puntos de la intervención y que solo espera la finalización del periodo para enviar un informe preelaborado a la Cámara de Diputados solicitando la destitución de McLeod.

Criticó que Llanes haya proveído una pequeña habitación en el fondo de la municipalidad para que trabaje el equipo de McLeod. “Es del tamaño de un baño. Una cosa es que puedas participar en los trabajos investigativos de los puntos de intervención”, expresó.

Dijo en ese sentido que Llanes ofició la apertura de una mesa de recepción de denuncias sobre supuestas irregularidades. “Los funcionarios se meten en la fila de contribuyentes y les preguntan sobre denuncias que quieran radicar sobre supuestas irregularidades”, acotó.

Villalba reveló que lograron conseguir a través de funcionarios administrativos documentos que destapan un daño millonario al patrimonio y a la recaudación de la municipalidad.

“Pudimos tener acceso a datos de administración, hay funcionarios que no quieren participar de algunos delitos cometidos por la interventora y nos facilitaron datos, nosotros vía escribanía juramos no revelar sus identidades para que no reciban represalias”, declaró.

Específicamente, el abogado confirmó que analizaron los casos de 2.747 contribuyentes que fueron beneficiados de manera ilícita con descuentos de impuestos y tasas municipales, además de recibir exoneraciones en multas que debían pagar.

“Se ha causado un colosal daño patrimonial a la recaudación y patrimonio municipal, que supera ampliamente los G. 5.400 millones”, dijo.