"Mientras no haya sentencia definitiva, está la presunción de inocencia", dice el senador Sixto Pereira. Las declaraciones guardan relación al reclamo de Juan Arrom y Anuncio Martí de 63 millones de dólares al Estado Paraguayo. El gobierno tiene audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el 7 de febrero y solicitará la reconsideración de los 26 testigos que presentó para el caso.
“Paraguay firmó, es miembro signatario ( de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y debe asumir un compromiso, estemos o no de acuerdo”, afirma el político de Frente Guasu, a la 970 AM. Menciona que los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son de mucha competencia y no considera que el país deba retirarse como fue sugerido por el ex embajador en Costa Rica, Oscar Llanes Torres.
Agrega Pereira que muchas veces se quiere dar un sesgo político ideológico a este caso, habla de especulaciones y negó vinculación de Frente Guasu con Patria Libre, organización política de la cual eran parte Arrom y Martí.
“En Paraguay se hizo la denuncia se agotó y se acudió a organismos internacionales. En este caso es el organismo internacional el que decide, no soy yo”, subraya Pereira.
Desde el Estado
Sobre el caso, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, expresó hace días que existen contradicciones en los argumentos de la defensa de los prófugos acusados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, perpetrado en el 2001.
Señaló que no se puede hablar de la inacción del Estado ante el supuesto rapto y tortura por parte de agentes. “Estos policías fueron procesados(...) Entiendo que ellos fueron sobreseídos. No actuaron en ningún caso cumpliendo instrucciones de superioridad. Acá no se puede vincular la actuación de un policía con la Policía Nacional”, sostuvo.
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