El ex asesor jurídico de la Asociación de Operadores de Petropar, Luis Villamayor, cuestionó este jueves la auditoría “a medida” realizada en el ente regulador, encabezado por el ex fiscal Carlos Arregui. Lamentó “que no se hayan encontrado irregularidades” en la administración de Patricia Samudio, pese a las denuncias concretas presentadas.

“Lamentablemente estamos ante una supuesta auditoría que arroja cuestiones irregulares. No voy a defender la gestión de la administración anterior, empecé denunciando irregularidades en la administración de Petropar hoy y que para mí van directamente contra el mandato estratégico de una institución”, dijo el abogado, en entrevista con la 970 AM.

Sostuvo que Petropar dejó de ser un ente regulador con la administración actual y criticó la intención del Gobierno, que la institución estatal deje de funcionar, para que el mercado de los combustibles quede a merced de los emblemas privados. Consideró que el control realizado se trata de un circo para desacreditar la administración anterior.

Indicó que al nombrar un auditor, a fin al Gobierno de turno, se busca confundir a la ciudadanía y a la opinión pública ya que el resultado mostrado por Arregui solo es “en términos generales” porque tales hechos deben ser específicas, contabilizables y verificables, como él había presentado en su momento ante la Fiscalía.

“Yo esperaba más de este Gobierno pero ellos están recurriendo a esa jugarreta, sin contarle a la gente en general, de que todo lo que hizo Arregui, es absolutamente no vinculante. A los representantes del Gobierno actual yo les pido que piensen otra vez porque el único amparo de las personas es la justicia imparcial y más tarde o más temprano cambian los vientos políticos”, lamentó Villamayor.

El ministro asesor de Transparencia e Integridad de la Presidencia, Carlos Arregui, emitió los resultados del proceso de auditoría que viene realizando en Petróleos Paraguayos (Petropar) ante el pedido de la Cámara de Senadores. La misma tiene relación con la gestión de la actual administradora, pero llamativamente no se encontraron irregularidades, pese a las numerosas denuncias.

La presidenta de Petropar, Patricia Samudio, autorizó la transferencia de US$ 20 millones de fondos del ente que estaban en bancos privados, fruto del pago de proveedores a la institución, al banco GNB. La ley de presupuesto le obligaba a retirar esos fondos y depositarlos al Banco Nacional de Fomento (BNF).

El ex gerente financiero de la petrolera estatal, Luis Gómez, se opuso a dicha operación por considerarla ilegal, pero Samudio asumió la consecuencia dando su visto bueno. Gómez fue destituido dos días después. También habrían otros hechos irregulares en la administración de la presidenta.