La Cámara de Diputados conformará una comisión especial de control de los programas de alimentación de las penitenciarías y de los niños, en el marco de la merienda escolar. Estará conformada por 10 legisladores de diferentes bancadas.
A instancias de un grupo de congresistas de diferentes partidos, la Cámara de Diputados aprobó, durante su última sesión ordinaria, un proyecto de Resolución “Que crea una comisión especial para hacer el seguimiento y control de la utilización de los rubros destinados, en el Presupuesto General de la Nación, a los programas de alimentación de reclusos y guardias de penitenciarias nacionales, nutrición integral y control sanitario”.
Los programas de alimentación de reclusos son administrados por el Ministerio de Justicia, mientras que los programas de nutrición integral y control sanitarios son ejecutados conjuntamente por el Ministerio de Educación y Ciencias y los gobiernos departamentales y municipales.
El proyecto establece que la comisión especial podrá recabar datos sobre la utilización de los rubros mencionados de todas las instituciones involucradas en la administración de los recursos del Estado.
La propuesta, ya aprobada, establece que la comisión, que funcionará en la sede del Congreso Nacional, eleve sus dictámenes a consideración del pleno de Diputados en un plazo no mayor a 120 días. Esto será tras el receso parlamentario.
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Proponen crear una cuenta única para canalizar fondos de salidas alternativas al proceso penal
El diputado José Rodríguez presentó ante la Cámara Baja un proyecto de ley que plantea la creación de una cuenta única en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para destinar los recursos provenientes de las salidas alternativas al proceso penal establecidas en el Código Procesal Penal.
Según la propuesta, esta cuenta sería habilitada exclusivamente para recibir los montos que fiscales y jueces determinan como medidas reparatorias o donaciones dentro del marco de los procesos penales, actualmente dirigidos a diversas entidades. El objetivo es centralizar estos fondos para lograr una administración más eficiente y transparente.
El legislador explicó que la implementación se haría inicialmente en Asunción, Central y las cabeceras departamentales del país. Las compras previstas con los recursos recaudados se realizarían bajo la modalidad de excepción, buscando agilizar los procesos de adquisición.
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Rodríguez indicó que la cuenta sería administrada por el Banco Nacional de Fomento, con controles del Congreso Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los fondos recaudados serían distribuidos en cuatro ejes.
Un 25 % se destinaría al fortalecimiento de programas deportivos barriales y actividades extracurriculares en instituciones educativas. La Secretaría Nacional de Deportes estaría a cargo de la ejecución de estos recursos, con el propósito de dotar a niños y jóvenes de materiales como pelotas, redes y otros elementos deportivos.
Otro 25 % sería asignado a la compra de combustibles y mantenimiento de motocicletas del grupo Lince. “Normalmente el combustible es insuficiente”, señaló el diputado. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) recibiría el 25 % para destinar a la reparación de escuelas y centros educativos públicos.
Por último, el Ministerio de Salud también será beneficiado con un 25% de los recursos que deberán ser destinados al Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones. La iniciativa será estudiada en varias comisiones, entre ellas, Asuntos Constitucionales, Legislación, de Presupuesto, entre otras.
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Plantean dejar sin efecto declaración que pedía publicar datos personales de médicos en hospitales
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, presentó un proyecto que busca dejar sin efecto la declaración n.º 924/2025, en la cual se instaba al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a publicar en todos los hospitales públicos los nombres, especialidades, horarios y números telefónicos de los profesionales médicos tratantes.
La iniciativa original, aprobada el pasado 29 de abril, generó una fuerte reacción de gremios y sociedades científicas, que manifestaron su rechazo por considerar que la publicación de datos personales de los médicos representa un riesgo para la privacidad, la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema de salud pública.
En su exposición de motivos, Latorre recogió los argumentos del Círculo de Médicos del Paraguay, que alertó que dicha medida “desvincula la relación institucional entre el paciente y el sistema de salud”, y puede derivar en “presiones indebidas, hostigamiento o interrupciones fuera del horario laboral” hacia el personal médico.
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Asimismo, se señala que la propuesta desconoce derechos fundamentales como la intimidad, el descanso y la desconexión laboral, lo que la convierte en “una propuesta impracticable, desorganizada y riesgosa para la calidad y seguridad de la atención sanitaria”.
Por su parte, las sociedades científicas expresaron su preocupación por la intención de “exponer datos personales y sensibles sin criterios técnicos claros”, lo que podría afectar gravemente el derecho a la intimidad y al ejercicio profesional en condiciones dignas.
El proyecto de resolución fue remitido a la Cámara Baja, acompañado de un llamado al diálogo respetuoso con los distintos sectores de la sociedad para atender las observaciones razonables que puedan surgir en materia de salud pública.
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Sancionan proyecto de sistema nacional de pagos
Luego de un intenso debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de sistema nacional de pagos. Esta iniciativa ya fue sancionada por la Cámara de Senadores, por lo que ahora será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
La propuesta legislativa contaba con el visto bueno de la Comisión de Presupuesto y de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros. Ambos estamentos se pronunciaron a favor del proyecto dado que manifestaron que este actualizaba la normativa vigente y la adecuaba a las nuevas tecnologías, generando beneficios para los ciudadanos.
“Nuestro marco legal debe acompañar el cambio para que todos podamos acceder a sistemas financieros seguros y confiables, con las modificaciones estamos definiendo los roles de los nuevos actores en el sistema de pagos, promoviendo la transparencia y la seguridad en cada transacción, va a significar menos riesgos, menos fraudes”, expresó el diputado Carlos Núñez, de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros.
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La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, expuso que los cambios tecnológicos, la aparición de nuevos actores y el avance de la digitalización, han generado la necesidad de actualizar la normativa vigente que en adelante se denominará, sistema nacional de pagos y que abarcará los sistemas de liquidación de valores, de custodia, de registro, sistema de pago y el servicio de pago.
También contemplan los acuerdos, procedimientos relacionados con el sistema y/o servicio, los administradores de los sistemas, los participantes, proveedores y cualquier tercero que actúe en nombre de estos, ya sea como corresponsal mediante acuerdos de externalización operando parcialmente o totalmente en el territorio nacional.
“Este proyecto busca actualizar el marco normativo vigente, a fin de integrar nuevos actores de servicios y tecnología en el sistema de pago, consolidar al Banco Central del Paraguay como ente regulador, supervisor y operador clave de infraestructura de pagos, fortalecer la interoperabilidad competencia, seguridad jurídica, eficiencia del sistema de pagos, impulsar activamente la inclusión financiera y la adopción de medios de pagos digitales”, argumentó.
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Igualmente, la diputada aseguró que este proyecto tendrá un gran impacto en el bienestar de la ciudadanía, fomentando la inclusión financiera, la adopción de pagos digitales y la libre competencia entre proveedores de servicios de pagos, lo que reducirán los costos para los comercios y mejora la calidad del servicio.
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Comisión de Presupuesto da luz verde a préstamo de USD 200 millones para Che Róga Porã
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dictaminó a favor del contrato de préstamo por USD 200 millones entre la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el Export-Import Bank (Eximbank) de la República de China (Taiwán), destinado a la financiación del programa habitacional “Che Róga Porã”.
Durante reunión, los miembros de la comisión, presidida por la diputada Cristina Villalba, recibieron al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, quien acudió acompañado de su equipo técnico para exponer los alcances del proyecto.
El programa está dirigido a familias cuyos ingresos no superen los cinco salarios mínimos, y propone préstamos de hasta 500 millones de guaraníes con una tasa de interés anual del 6,5 %, y plazos de financiación de hasta 30 años. Según las autoridades, el objetivo es facilitar el acceso a la vivienda propia para sectores de clase media emergente y de bajos ingresos, a través de entidades financieras locales que actuarán como intermediarias.
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En su primera etapa, “Che Róga Porã” financiará unas 1.500 viviendas y generará aproximadamente 15.000 empleos directos e indirectos, de acuerdo con los datos proporcionados por el ministerio. La diputada Villalba valoró positivamente la iniciativa, señalando que el programa no solo atiende una necesidad social urgente, sino que también representa una oportunidad para dinamizar la economía.
“Las condiciones del préstamo son favorables y el proyecto tiene nobles objetivos, necesarios desde todo punto de vista, lo que lo convierte en un plan digno de apoyo y respaldo por parte de la comisión”, expresó. El dictamen favorable allana el camino para que el contrato pueda ser analizado próximamente por el pleno de la Cámara Baja.
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