Integrantes de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, cuya presidencia corresponde al diputado colorado Benjamín Cantero, resolvieron instalar una mesa técnica para el análisis del proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia al departamento de Misiones, con relación al fenómeno climatológico El Niño, el cual afectaría a varias zonas del VIII departamento”.

La decisión fue adoptada durante la reunión ordinaria, con el propósito de convocar a representantes de las instituciones vinculadas con la prevención y atención de las posibles consecuencias del fenómeno climático.

El diputado Cantero explicó que serán invitadas autoridades de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Defensa Nacional y el Consejo de Gobernadores.

Según indicó, la intención es analizar conjuntamente la situación y definir posibles acciones ante los efectos que el fenómeno de El Niño podría ocasionar tanto en el departamento de Misiones como en otras zonas. “Decidimos convocar a varias instituciones responsables para conformar una mesa técnica de trabajo, escucharnos, debatir y analizar cómo seguir trabajando entre todos los actores para prever esta situación”, manifestó.

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En otro punto del orden del día, la comisión estudió el proyecto de ley “Que modifica los artículos 11, 15, 16 y 30 de la Ley N° 5016/14 - Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, el cual obtuvo dictamen de rechazo. El titular del bloque señaló que la determinación se fundamentó en que propuestas similares ya habían sido rechazadas y remitidas al archivo.

Finalmente, se decidió postergar el análisis del proyecto “De recuperación, puesta en valor y gestión integral del mirador del barrio Itá Pyta Punta de la ciudad de Asunción”. Esta propuesta quedará aplazada hasta la asunción de una nueva administración municipal en la capital.

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La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional se instala este lunes 7 de setiembre para el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) del ejercicio fiscal del 2027. La primera sesión está convocada para las 11:00 en la sede legislativa, donde la bicameral se instará y designará a la mesa directiva, además de establecer los días de sesión.

La presidencia de este año corresponde a la Cámara de Diputados, por lo que la diputada Cristina Villalba suena como designada para ocupar la bicameral, para dirigir el tratamiento del proyecto presupuestario. En entrevista con La Nación/Nación Media, la legisladora detalló que los primeros convocados son los ministros Óscar Lovera, de Economía y Finanzas (MEF), y María Teresa Barán, de Salud Pública.

La diputada indicó que la prioridad para la bicameral será abordar el tema de salud y las exigencias de los médicos con respecto al reajuste salarial, elevando de G. 5.000.000 a G. 8.000.000 por vínculo dentro del sistema sanitario nacional. Explicó que el objetivo es convocar a los ministros afectados en esta situación, como también a los representantes del sindicato médico para llevar adelante una mesa de diálogo.

“Con toda esta situación de los médicos queremos abordar, queremos interiorizarnos bien en qué consiste todo, escuchamos un poco de parte del ministro de Economía en la presentación, pero queremos escuchar a fondo en qué consiste, qué está previsto. Nosotros tenemos también, cuatro pilares en la presidencia, en el caso que ocupe, está la parte de infraestructura, equipamientos de hospitales, medicamentos y el tema de la equiparación salarial”, indicó la diputada.

La propuesta desde la bicameral será una negociación en base a la gradualidad del reajuste planteado por los médicos, y no comprometerse a un aumento que posteriormente no se podrá cumplir con los recursos disponibles.

“Desde la presidencia tenemos que hacer un planteamiento de una mesa de diálogo, ya que hay una bicameral donde vamos a estar diputados y senadores; tomar como una causa nacional el tema de la situación de los médicos, ver y plantear una cuestión gradual, porque no podemos prometer lo que no tenemos, ver la condición de hacer un plan de crisis, y ver una forma gradual para cumplir con ellos”, comentó la legisladora.

Villalba indicó que desde el Legislativo se podría llegar a un acuerdo, tanto con las exigencias del sector médico como de la respuesta del Ejecutivo, recordando que en negociaciones con otros sectores se lograron acuerdos que destrabó otras movilizaciones.

“Ese planteamiento debe ir muy de la mano con el ministerio de Economía, la Constitución nos permite, nos faculta también revisar a fondo el presupuesto y en este caso queremos abocarnos en el tema de salud, contribuir con el Poder Ejecutivo en algún planteamiento ya que tenemos una experiencia muy positiva en el Poder Judicial, tenemos en la Fiscalía, con los propios docentes, hemos hecho de forma gradual e ir cumpliendo con ellos”, mencionó.

La diputada instó además al sector médico a no cerrarse en sus exigencias y analizar las propuestas del Ejecutivo. “Creo que no hay que cerrar la puerta, hay que dejar la puerta abierta para el diálogo, la bicameral está abierta para escucharle a ellos y sigue abierta esa posibilidad de que hagamos una mesa de diálogo y abocarnos. La propuesta de la bicameral va ser abocarnos en el tema de salud”, dijo Villalba.

Insistió que el diálogo es la única salida para llegar a un acuerdo. “Nosotros valoramos mucho el trabajo de los médicos, pero así también ellos tienen que ser consientes que nosotros no vamos a poder plantear algo que no podemos cumplir. Ellos están en su derecho de seguir, pero también tienen que entender que, en una República, en una democracia, tiene que haber diálogo y tiene que haber un planteamiento, escuchar ambas partes e ir agotando las instancias”, aseveró.

Sobre este punto, que hace parte de la lista de exigencias de los médicos agremiados, la diputada refirió que se debe analizar un sistema de control en las direcciones de hospitales, principalmente en el interior del país. “Queremos dar todas las herramientas posibles y que se pueda también cumplir, tratando de ver la realidad en la cual uno vive, porque se habla mucho del tema de falta de medicamentos, pero también debe haber un sinceramiento de todos los directores los hospitales”, sostuvo la parlamentaria.

Detalló que se cuenta con documentos en que consta la entrega mensual, quincenal o semanal de medicamentos en las regiones sanitarias, donde también se debe contar con un control al sistema sanitario.

“Tiene que haber una corresponsabilidad también de los directores departamentales de salud para el buen control de medicamentos. Yo recorro mucho mi departamento y yo veo que hay medicamentos, se distribuyen los medicamentos en las Unidades de Salud Familiar, no sé cuál es el problema, entonces tenemos que corregir”, apuntó Villalba.

El senador Basilio Núñez, presidente de la Cámara de Senadores, encabezó la instalación de la Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio para el estudio de los hechos relacionados con la emisión, comercialización y utilización de títulos, diplomas y certificaciones de educación superior, formación técnica, profesional y de posgrado, presuntamente falsos o irregulares, que se llevó a cabo este lunes en la Cámara Alta.

Como primera medida, se conformó la mesa directiva, que quedó integrada por el senador Patrick Kemper, como presidente; la senadora Esperanza Martínez, como vicepresidenta; y el senador Dionisio Amarilla, como relator.

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Asimismo, integran la comisión los senadores Blanca Ovelar, Derlis Maidana, Lizarella Valiente, Juan Carlos Galaverna Ortega, Zenaida Delgado, Rafael Filizzola, Celeste Amarilla, Noelia Cabrera y Yolanda Paredes.

Tras su designación como presidente de la Comisión, el senador Patrick Kemper explicó que durante la reunión se definieron los lineamientos iniciales de trabajo y los mecanismos que permitirán recepcionar denuncias ciudadanas.

“Conversamos sobre los canales que vamos a habilitar para que cualquier ciudadano pueda presentar denuncias, así como sobre una plataforma virtual que estaremos socializando próximamente. Básicamente, hemos definido la hoja de ruta del trabajo que desarrollaremos”, señaló.

Indicó además que la comisión convocará a representantes de las distintas instituciones vinculadas al ámbito educativo y desarrollará una labor investigativa con el objetivo de elaborar un informe final dentro del plazo inicialmente establecido de seis meses, periodo que podría ampliarse si las circunstancias así lo requieren. Adelantó que el informe incluirá recomendaciones y eventuales propuestas legislativas.

Entre las primeras convocatorias previstas figuran autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), así como representantes de universidades públicas y privadas. No obstante, aclaró que aún no se definieron los días ni los horarios de las reuniones de la comisión.

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez sostuvo que uno de los primeros casos a ser investigados debería ser el de la Universidad Sudamericana, atendiendo a las denuncias que la involucran.

Según manifestó, dicha institución habría expedido alrededor de 2.500 títulos en un periodo de tres a cuatro años en unas veinte carreras, por lo que consideró necesario que sea uno de los primeros casos analizados para desarrollar una metodología de investigación.

Añadió que la comisión buscará identificar y exponer posibles mecanismos de corrupción que pudieran haberse instalado dentro del sistema de educación superior.

A su turno, el senador Dionisio Amarilla ratificó las expectativas generadas en torno a la comisión y destacó la importancia de profundizar las investigaciones.

Consideró que una de las primeras medidas debería ser solicitar al Ministerio de Educación y Ciencias un informe detallado sobre el registro de títulos de grado y posgrado expedidos en los últimos años.

La senadora Lizarella Valiente enfatizó que la situación resulta especialmente grave para quienes han obtenido sus títulos mediante años de esfuerzo, inversión y sacrificio personal.

Asimismo, advirtió que el uso de títulos presuntamente irregulares para el ejercicio profesional o para acceder a beneficios dentro de la función pública podría configurar un perjuicio para el Estado paraguayo, por lo que consideró necesaria la participación del Ministerio Público.

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El diputado Miguel Del Puerto destacó la llegada de nuevos inversionistas, principalmente la instalación de una empresa brasileña en la ciudad de Caaguazú. “Cada inversión que llega a nuestra ciudad representa más trabajo, más desarrollo y mejores perspectivas para nuestra gente. Caaguazú cuenta con una ubicación estratégica, mano de obra calificada y un enorme potencial para seguir creciendo”, afirmó.

El parlamentario colorado manifestó que la radicación de esta empresa industrial contribuye a dinamizar la actividad económica, impulsar el crecimiento de la comunidad y crear nuevas oportunidades para cientos de familias caaguaceñas.

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“Esta confianza depositada por empresarios internacionales constituye un reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores y al potencial de crecimiento que ofrece Caaguazú como polo de desarrollo económico”, remarcó. Según el congresista la instalación de la firma brasileña “Luizzi Sofás” en la ciudad de Caaguazú representa un nuevo hito en el proceso de atracción de inversiones industriales en el departamento.

La empresa, de origen brasileño, se dedica a la fabricación de muebles tapizados y forma parte de un sector con amplia presencia en el mercado regional, caracterizado por su dinamismo y capacidad de generación de empleo.

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