El Consejo de la Magistratura estudiará mañana en sesión ordinaria todas las presentaciones hechas en torno al edicto 13, para ministro de la Corte Suprema de Justicia. Es así que deberá expedirse sobre el caso de la camarista Elodia Almirón, candidata mejor ponderada, acusada por plagio y la nota de dimisión de uno de los 37 postulantes, el abogado Marcos Köhn Gallardo, quien renunció a su candidatura, alegando “motivos estrictamente particulares”.
El lunes pasado el Consejo de la Magistratura debió posponer la conformación de terna para llenar la vacancia dejada por el liberal Sindulfo Blanco, destituido por juicio político del Senado. Esto se debió a que a las 7:27 horas de ese mismo día se dio entrada a una denuncia presentada por el abogado César Gómez Gaona, en la que se acusa de plagio a la doctora Elodia Almirón, quien se desempeña actualmente como jueza del Tribunal de Apelación en lo Laboral. La misma lidera la lista de puntajes con el 64,27%.
El denunciante alegó que en el texto “Aportes del Derecho Procesal Constitucional” publicado en el libro de Derecho Procesal, cuya autoría se atribuye la camarista es una “copia literal de la obra Derecho Procesal publicada en Panamá”, escrita por el catedrático Boris Barrios González.
En base a la denuncia de Gómez Gaona, el Consejo de la Magistratura remitió una nota de pedido de aclaración al jurista panameño Boris Barrios González, quien respondió señalando que el texto indicado es “casi literal” a su obra.
El renombrado letrado envió una respuesta al Consejo, donde señala que el texto que le fuera expuesto “es una copia, en gran parte, del libro de mi autoría Derecho Procesal Constitucional publicado en Panamá en el año 2011”, según consta en el escrito remitido a los miembros del Consejo de la Magistratura.
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Abogados volverán a las urnas para definir a sus representantes en el Consejo de la Magistratura
Los abogados paraguayos volverán a las urnas el próximo sábado 28 de noviembre de 2026 para elegir a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura (CM), en unos comicios que definirán a dos miembros titulares y dos suplentes del gremio para el periodo 2026-2029.
Según informaron desde la Corte Suprema de justicia este jueves, la convocatoria electoral cobró forma definitiva luego de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aprobara, mediante la Resolución N.º 196/2026, el cronograma que regirá el proceso. La jornada de votación se extenderá de 07:00 a 17:00, en los locales que serán habilitados por la Corte en las distintas circunscripciones electorales del país.
El calendario contempla como uno de sus primeros hitos el 9 de octubre, fecha establecida para la presentación de las listas de candidatos, proponentes y apoderados generales ante la Secretaría Judicial del TSJE. Las candidaturas deberán contar con el respaldo de los proponentes y cada lista tendrá que designar dos apoderados titulares y dos suplentes.
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Para la elección se prevé la utilización de 200 mesas receptoras de votos, con máquinas de votación distribuidas tanto en Asunción como en los diferentes departamentos. Los abogados que figuren en el padrón y estén habilitados podrán sufragar en cualquiera de las circunscripciones electorales habilitadas, pero solo una vez y en un único local.
La Corte Suprema ya había convocado en marzo pasado a los profesionales de la matrícula para escoger a dos representantes titulares y dos suplentes, en cumplimiento de la Ley N.º 296/1994. La organización del proceso hasta el día de los comicios corresponde a la máxima instancia judicial, mientras que la realización de las elecciones y su juzgamiento están a cargo del TSJE.
Integrantes del Consejo
El Consejo de la Magistratura está compuesto por ocho miembros, provenientes de distintos sectores del Estado, del ámbito jurídico y académico. La integración vigente incluye a:
- Gerardo Bobadilla Frizzola, representante de los abogados y actual presidente del CM.
- Enrique Berni Brítez, representante de los abogados.
- Luis María Benítez Riera, ministro de la Corte Suprema de Justicia y representante de la máxima instancia judicial.
- Alicia Pucheta, representante del Poder Ejecutivo.
- Édgar López Ruiz, representante de la Cámara de Senadores.
- Édgar Olmedo Silva, representante de la Cámara de Diputados.
- Gustavo Miranda Villamayor, representante de la Universidad Nacional y vicepresidente del Consejo.
- César Ruffinelli Buongermini, representante de una universidad privada.
La actual composición experimentó un cambio importante este año con el reemplazo del ministro Eugenio Jiménez Rolón por Luis María Benítez Riera como representante de la Corte Suprema.
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Fiscales piden protección urgente ante amenazas de Arnaldo Giuzzio
Una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.
El día de ayer, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, mediante una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia, solicitó la adopción de medidas de seguridad de carácter urgente para los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, luego de amenazas que recibieron por parte del exministro del Interior y extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio, al término de la audiencia del juicio oral que enfrenta por cohecho pasivo agravado.
El gremio calificó lo sucedido en los pasillos de la Corte como un hecho de “suma gravedad institucional” y pidió medidas de protección para los representantes del Ministerio Público que intervienen en la causa “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.
Además, menciona que todo lo sucedido quedó grabado en vídeos que posteriormente fueron difundidos en los medios de comunicación y redes sociales.
El documento señala que, una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.
En ese contexto, solicita el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas que resten del debate, además de custodia personal para ambos fiscales durante su permanencia en la sede judicial, incluyendo su ingreso, el desarrollo de las audiencias y su retiro del edificio.
El gremio también pidió que las medidas se mantengan mientras persista el riesgo, al considerar que se trata de una medida preventiva ante una amenaza concreta que ya se habría materializado. Además, advirtió que situaciones de amenazas y amedrentamientos durante juicios orales no afectan únicamente a los agentes involucrados, sino que pueden comprometer el normal desarrollo de los procesos penales y el libre ejercicio de la función fiscal, entre otros puntos.
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“Vamos a hablar después”
La amenaza contra los agentes fiscales mencionados ocurrió al finalizar la jornada de juicio del lunes 24 de agosto. Una cámara de GEN/Nación Media captó el momento en que Giuzzio increpó a los fiscales, apuntando con el dedo hacia Jorge Arce.
“Vamos a hablar después”, habría manifestado el exministro durante el cruce con los agentes fiscales; previamente, Arce le había pedido concentrarse en su defensa. Los fiscales adelantaron que comunicarán formalmente el episodio al Tribunal de Sentencia, integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, durante la próxima audiencia, prevista para el 1 de setiembre a las 10:30.
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Metrobús: fallo de la Corte sobre rescisión de contrato podría ampliar responsabilidad de Wiens
La fiscal Yeimy Adle indicó que el Ministerio Público aguarda el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno al millonario litigio entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa portuguesa Mota Engil para ampliar o no la cifra del daño patrimonial causado por el exministro abdista Arnoldo Wiens. Esto, en el marco de la causa por el fallido proyecto metrobús.
“El MOPC le intimó a Mota Engil a que renueve la garantía de fiel cumplimiento del contrato. La firma Mota Engil le envía una primera nota y le indica que no renovará esa garantía porque en ese momento no se estaba cumpliendo con el contrato”, relató la agente de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, este miércoles al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, sobre la cronología de los hechos en el año 2018, cuando se inicia el gobierno de Mario Abdo Benítez con la gestión de Wiens.
Adle manifestó que “el MOPC le envía otra nota a la empresa diciendo que rescindirá el contrato, entonces la empresa le remitió otra nota al MOPC indicando que no está de acuerdo, pero que renovará la garantía. Paraguay o el MOPC ya no le contestó esa nota y directamente rescinde el contrato y ejecuta la garantía anterior”.
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La agente fiscal acotó: “Todo esto se discute en el laudo arbitral y el arbitraje dice que no se cumplió con la renovación de la garantía de fiel cumplimiento, entonces el contrato fue rescindido de manera correcta, pero en el siguiente párrafo le condena a Paraguay a pagar casi 5 millones de dólares porque no debió cobrar la garantía, teniendo en cuenta que no se estaba cumplimiento fielmente con el contrato en atención a las obras del acta de entendimiento”.
De acuerdo con el Ministerio Público, el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.
“Esto no introducimos como perjuicio dentro de la acusación contra Wiens, porque el Paraguay apeló y ahora está en discusión en la Corte Suprema de Justicia y hasta que eso quede firme o no, no podemos introducirlo dentro de nuestra investigación porque debe ser objetiva”, mencionó.
Desde el Ministerio Público sostienen que Wiens recibió un proyecto con el 40 % de avance en el 2018 por parte de la administración del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona.
A la vez, argumentan que la iniciativa contaba con un financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos.
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Proyecto que busca consolidar al RUN como registro inmobiliario más ágil y seguro, pasa a la CSJ
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó este viernes el traspaso del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Registro Unificado Nacional (RUN) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como parte del proceso de consolidación del nuevo sistema que integra el Catastro y el Registro de Inmuebles bajo una administración unificada.
El acto fue encabezado por el ministro de Economía, Óscar Lovera, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quienes coincidieron en que el RUN constituye una de las principales reformas institucionales para modernizar la gestión de la propiedad inmobiliaria y fortalecer la seguridad jurídica en el país.
La transferencia forma parte del proceso iniciado en enero de este año, cuando las funciones relacionadas con el Catastro comenzaron a pasar al Poder Judicial tras la creación del Registro Unificado Nacional.
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Durante el encuentro también participaron autoridades del MEF, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y funcionarios de las instituciones involucradas en la implementación del proyecto.
Lovera destacó que el funcionamiento del RUN tendrá un impacto que trasciende el ámbito administrativo. “En economía mucho se mueve por expectativas. Cuando empecemos a dar señales de que el sistema está funcionando, de que la decisión fue la correcta y que el proceso de gestión unificado comienza a mostrar resultados, se generará un cambio importante, tanto para la ciudadanía como para quienes buscan invertir en Paraguay”, afirmó.
Creado mediante la Ley N.º 7.424/2025, el RUN unifica en una sola plataforma la información catastral y registral de los inmuebles, con el objetivo de simplificar los trámites relacionados con la propiedad, mejorar la calidad y confiabilidad de los datos y reducir los tiempos de gestión.
Desde el Gobierno sostienen que esta transformación permitirá brindar mayor previsibilidad al mercado inmobiliario, fortalecer la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y mejorar el clima de negocios.
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