El Consejo de la Magistratura estudiará mañana en sesión ordinaria todas las presentaciones hechas en torno al edicto 13, para ministro de la Corte Suprema de Justicia. Es así que deberá expedirse sobre el caso de la camarista Elodia Almirón, candidata mejor ponderada, acusada por plagio y la nota de dimisión de uno de los 37 postulantes, el abogado Marcos Köhn Gallardo, quien renunció a su candidatura, alegando “motivos estrictamente particulares”.
El lunes pasado el Consejo de la Magistratura debió posponer la conformación de terna para llenar la vacancia dejada por el liberal Sindulfo Blanco, destituido por juicio político del Senado. Esto se debió a que a las 7:27 horas de ese mismo día se dio entrada a una denuncia presentada por el abogado César Gómez Gaona, en la que se acusa de plagio a la doctora Elodia Almirón, quien se desempeña actualmente como jueza del Tribunal de Apelación en lo Laboral. La misma lidera la lista de puntajes con el 64,27%.
El denunciante alegó que en el texto “Aportes del Derecho Procesal Constitucional” publicado en el libro de Derecho Procesal, cuya autoría se atribuye la camarista es una “copia literal de la obra Derecho Procesal publicada en Panamá”, escrita por el catedrático Boris Barrios González.
En base a la denuncia de Gómez Gaona, el Consejo de la Magistratura remitió una nota de pedido de aclaración al jurista panameño Boris Barrios González, quien respondió señalando que el texto indicado es “casi literal” a su obra.
El renombrado letrado envió una respuesta al Consejo, donde señala que el texto que le fuera expuesto “es una copia, en gran parte, del libro de mi autoría Derecho Procesal Constitucional publicado en Panamá en el año 2011”, según consta en el escrito remitido a los miembros del Consejo de la Magistratura.
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Padrón definitivo de abogados ya está listo para las elecciones del Consejo de la Magistratura
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este miércoles que ya se encuentra disponible el padrón definitivo de abogados habilitados para participar en las elecciones de representantes ante el Consejo de la Magistratura, previstas para el próximo 28 de noviembre de 2026.
Según comunicó la Secretaría General de la máxima instancia judicial, el registro fue remitido al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el martes 9 de junio, dentro del cronograma establecido para el proceso electoral. Los profesionales del Derecho interesados pueden consultar la nómina actualizada a través de los canales oficiales habilitados por el Poder Judicial.
La conformación del padrón forma parte de las etapas previstas en el artículo 19 de la Ley N.º 296/94, que regula la elección de los representantes del gremio de abogados ante el órgano encargado de la selección y evaluación de magistrados y agentes fiscales.
Los abogados incluidos en el listado definitivo estarán habilitados para sufragar una sola vez y en una única circunscripción electoral de las que serán habilitadas en todo el país para la jornada comicial.
Elecciones en noviembre
En los comicios de noviembre, el estamento de abogados elegirá a dos miembros titulares y dos suplentes que integrarán el Consejo de la Magistratura. La votación se desarrollará entre las 07:00 y las 17:00 en locales que serán definidos en las distintas circunscripciones judiciales. La organización previa del proceso está a cargo de la Corte Suprema de Justicia, mientras que la realización y el juzgamiento de las elecciones corresponden al TSJE.
Actualmente, los representantes titulares del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura son Gerardo Bobadilla Frizzola, quien además ejerce la presidencia del organismo, y Enrique Berni Brítez. Ambos fueron electos para el periodo 2023-2026.
El Consejo de la Magistratura está integrado por ocho miembros titulares:
- dos representantes de los abogados
- un representante de la Corte Suprema de Justicia
- uno del Poder Ejecutivo
- uno de la Cámara de Senadores
- uno de la Cámara de Diputados
- uno de las universidades nacionales
- y uno de las universidades privadas.
Entre sus principales atribuciones se encuentra la conformación de ternas para cargos judiciales y del Ministerio Público.
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Amparos judiciales centraron reunión entre la Corte y el IPS: representan erogación superior a G. 11.000 millones
Durante la audiencia mantenida entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y el presidente del IPS, Isaías Fretes, se abordó la problemática de los amparos vinculados a prestaciones de salud y los desafíos que estos representan para las instituciones públicas.
El titular del IPS expuso la complejidad médica, operativa y presupuestaria que implican estos casos, especialmente aquellos relacionados con tratamientos de alta especialización y procedimientos de elevada complejidad.
Precisó que estos procesos representan actualmente una erogación superior a los G. 11.000 millones y, en muchos casos, corresponden a obligaciones que no están contempladas dentro del presupuesto institucional.
“El objetivo de esta reunión fue recibir orientación y trabajar conjuntamente en la búsqueda de mecanismos que permitan proteger el derecho a la salud de las personas, pero también resguardar a la institución dentro de un marco legal adecuado”, señaló el presidente del IPS.
Por su parte, el presidente de la Corte señaló que los amparos de salud constituyen una de las materias más sensibles para los magistrados, quienes deben adoptar decisiones urgentes cuando están en juego derechos fundamentales como la vida y la salud, siempre en el marco de la independencia judicial.
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Por su parte, el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, explicó que la institución cumple con sus obligaciones hacia los asegurados, pero consideró necesario establecer criterios más claros respecto a las responsabilidades de cada organismo del Estado en los casos que llegan a la vía judicial.
“Hay situaciones en las que se ordenan prestaciones a favor de personas cuya condición de asegurado requiere una verificación más profunda. Entendemos que, cuando está en juego el derecho a la vida, también deben participar otras instituciones del Estado, particularmente el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como garante de la atención sanitaria de toda la población”, expresó Morínigo.
Tras la exposición, ambas autoridades coincidieron en la conveniencia de impulsar una mesa de trabajo técnica e interinstitucional para intercambiar información y analizar los desafíos que plantea esta problemática, respetando las competencias propias de cada institución.
Insistieron en que el trabajo coordinado será clave para garantizar una atención oportuna a los pacientes y fortalecer los mecanismos de respuesta del sistema sanitario nacional.
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Consejo de la Magistratura detectó inconsistencias documentales y promovió denuncia ante la Fiscalía
Los mecanismos de control institucional, transparencia y participación ciudadana implementados por el Consejo de la Magistratura permitieron detectar irregularidades e inconsistencias documentales en certificados académicos presentados dentro de procesos de postulación a cargos del sistema de justicia.
La institución informó que las anomalías fueron identificadas mediante el sistema de observaciones públicas y la amplia difusión de los concursos a través de plataformas digitales institucionales, herramientas que posibilitaron la trazabilidad y el acceso ciudadano a la información.
Según el comunicado oficial, también fueron fundamentales los controles realizados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de la investigación interna impulsada por una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas del Consejo de la Magistratura.
Una vez corroborados los indicios, el propio Consejo promovió la denuncia ante el Ministerio Público y remitió todos los antecedentes relacionados con el caso, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Penal N.° 17, formuló imputación en el marco de una causa por presunta producción y uso de documentos no auténticos. La investigación involucra a postulantes y funcionarios presuntamente vinculados con los hechos investigados.
Paralelamente, el Consejo de la Magistratura dispuso medidas administrativas inmediatas, entre ellas sumarios internos, separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica.
La institución remarcó que los hechos corresponden a responsabilidades individuales y sostuvo que fue precisamente el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control y apertura ciudadana lo que permitió detectar las inconsistencias y activar las acciones legales correspondientes.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura ratificó que continuará fortaleciendo sus procesos de modernización, transparencia y control, con el objetivo de garantizar concursos públicos cada vez más seguros, auditables y confiables para toda la ciudadanía.
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Cantero defiende su nominación para juez: “Es injusto que no se mire mi trayectoria”
“Dejan de lado todo lo que es mi carrera, me parece injusto que no se mire mi trayectoria”, indicó el agente fiscal Aldo Cantero, al defender su inclusión en la terna para juez penal de Primera Instancia de Asunción, elaborada por el Consejo de la Magistratura (CM). El fiscal recordó además que no es la primera vez que se postula a cargos judiciales y que en ocasiones anteriores quedó fuera de ternas.
“La gente y los medios de comunicación que me atacan se olvidaron que tuve muchas causas de altísimo nivel y popularidad referente a cuestiones políticas. Yo, con 30 años, formé parte de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Empecé muy joven como fiscal y tengo 14 años de gestión probada y aprobada por todos los entes de control”, sostuvo este miércoles al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Cantero reconoció que los cuestionamientos en su contra provienen principalmente de sectores ligados al gobierno anterior, encabezado por Mario Abdo Benítez, luego de la imputación que él y otros fiscales promovieron contra el exmandatario y varios de sus exministros en el escandaloso caso Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), en que se instrumentó la persecución política de adversarios electorales desde instituciones estatales.
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¿Defensora de Pecci?
El agente fiscal cuestionó el rol actual de Cecilia Pérez, operadora política del expresidente que criticó su selección para la terna, al recordar las diferencias que ella tuvo con el fiscal Marcelo Pecci cuando ocupaba el Ministerio de Justicia, pero que hoy funge como abogada de una parte de la familia del agente del Ministerio Público, asesinado hace cuatro años en Colombia.
“Me llama muchísimo la atención que una persona que en su momento fue crítica, incluso dando mensajes increíbles al doctor Marcelo Pecci, hoy sea abogada de la familia”, expresó al recordar que Pérez ni podía cruzarse con Pecci y afirmó que la exministra utiliza los medios para instalar cuestionamientos políticos y defender causas vinculadas al abdismo. “Cada vez que agarra un micrófono es para hacerse publicidad. Ella es apoderada de un movimiento político”, aseveró.
Actualmente, la exfuncionaria del gobierno de Abdo Benítez se desempeña como apoderada general de la disidencia colorada y además ejerce la defensa legal del exministro abdista Arnaldo Wiens en el caso Metrobús y del propio exmandatario en la causa de las filtraciones de la Seprelad, aunque continúa escudado en sus fueros como senador vitalicio, pese a que en un video lanzado en redes sociales en marzo de 2025 prometía que se sometería a la justicia.
Solidez jurídica, no persecución
El agente fiscal comentó en que el expediente abierto contra Abdo Benítez y exautoridades de su gobierno fue construido con sustento jurídico por distintos equipos fiscales y validada por un juez penal, negando cualquier persecución política. “Nosotros hicimos una investigación impecable”, afirmó. “La carpeta pasó por varios fiscales y hubo un juez que admitió la acusación. Todo está documentado”.
Para Cantero, nunca se discutió el contenido de las pruebas y los cuestionamientos se limitaron a instalar la idea de una persecución política. Defendió su presencia en la terna elaborada por el Consejo de la Magistratura y resaltó que cuenta con calificaciones superiores incluso a las del fiscal Deny Yoon Pak, quien encabezó el operativo A Ultranza Py. “Sin desmerecer el enorme trabajo del doctor Pak, yo tengo mejor puntaje que él”, afirmó. “Llegó mi momento. Tengo mi gestión aprobada y mi puntaje aprobado”, aseguró.
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