El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el decreto número 848 por el cual se declara asueto los días 24 y 31 de diciembre para la administración pública y entidades descentralizadas.
Se exceptúan a los funcionarios y empleados públicos que prestan servicios médicos de urgencia, en horarios especiales y los funcionarios afectados por los servicios públicos imprescindibles para la comunidad.
La ministra de Turismo, Sofía Montiel, dijo que este pedido cuenta con la aprobación del sector privado considerando que el sector turístico tiene un alto efecto derrame económico que favorece a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Indicó que esta decisión permite que las personas puedan prolongar más su estadía, generar mayor gasto turístico y que esto pueda beneficiar no solo a la comunidad local, sino que pueda mejora la calidad de vida de las personas.
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Saltos del Guairá: Corte Suprema dispone asueto y suspende plazos procesales el 30 de julio
La capital del departamento de Canindeyú, Saltos del Guairá, se encuentra de fiesta este 30 de julio y sus más de 28.500 habitantes -según censo de 2022- recordarán su 52° aniversario fundacional.
Para acompañar las distintas actividades cívicas, la Corte Suprema de Justicia, en sesión plenaria, resolvió declarar asueto judicial en la ciudad de Saltos del Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú, este 30 de julio.
“En consecuencia, se dispuso la suspensión de los plazos procesales en dicha localidad, los plazos que vencían el miércoles 30 de julio pasarán a fenecer el jueves 31 de julio del corriente año”, informaron desde la más alta instancia judicial del país.
La medida se adopta en virtud de las atribuciones conferidas a la Corte Suprema de Justicia para dictar actos que contribuyan a una mejor organización y eficiencia en la administración de justicia, explicaron.
La fundación
La historia recuerda que la colonia llamada “Salto del Guairá” fue fundada el 3 de marzo de 1959 por una empresa privada denominada Colonizadora Salto del Guairá S.A., sin embargo antes de su fundación, el lugar era reconocido como reserva fiscal N.º 10.
El 17 de octubre de 1972, por resolución ministerial fue creada la junta parroquial, dependiente del distrito de Hernandarias.
Sin embargo, el 30 de julio de 1973 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 390, que creó el distrito de Salto del Guairá y una municipalidad de tercera categoría, lo que como consecuencia produjo la desafectación del distrito de Hernandarias. Esta ley obligó a la desmembración de parte de los territorios de Caaguazú y de Alto Paraná.
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Así nacía Salto del Guairá, capital departamental, que en 2023 cambiaría su nombre por Saltos del Guairá.
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Diputados evaluará penas más severas para funcionarios públicos por corrupción
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.
Principales modificaciones
Lesión de confianza (Art. 192)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
Exacción (Art. 312)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
Asociación criminal (Art. 239)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Quebrantamiento del depósito (Art. 298)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Cohecho pasivo (Art. 300)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
Cohecho pasivo agravado (Art. 301)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
Prevaricato (Art. 305)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
Enriquecimiento ilícito (Art. 3)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
Tráfico de influencias (Art. 7)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
Administración en provecho propio (Art. 8)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.
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Innovadores públicos: la oportunidad de aprender haciendo
Silvia Morimoto
Silvia Morimoto
Representante Residente del PNUD
La innovación pública plantea desafíos significativos y requiere el compromiso de todos los sectores. En ese contexto, desde el Laboratorio de Aceleración del PNUD, en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impulsamos el Programa Innovadores públicos, buscando contribuir a una gestión pública más eficiente y centrada en las personas.
Desde sus inicios en el 2022, esta iniciativa tiene el propósito de generar una red de profesionales del sector público capacitados en metodologías y herramientas de innovación, que puedan identificar desafíos, diseñar y prototipar soluciones orientadas a optimizar el funcionamiento institucional, mejorando la experiencia de las personas usuarias y evolucionando hacia la prestación de servicios de mayor calidad.
Los resultados logrados en el programa son bastante alentadores: 200 funcionarios públicos, de 30 diferentes instituciones, implementaron 17 proyectos piloto pensados para brindar mejores servicios a la ciudadanía.
Entre ellos, podemos citar dos soluciones ganadoras de ediciones anteriores, como el Registro Único del Trabajador (RUT), una plataforma digital que permite a trabajadores del sector privado cargar su historial laboral y acceder a información oficial vinculada a distintas instituciones públicas y Kuña Arandu, un repositorio que brinda información para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
“Esto muestra otra realidad. Demuestra que hay calidad, que hay una innovación, algo que impacta, que logra nuevas cosas. Creo que eso es importante para la gente y para las instituciones”, Rubén González, funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El 22 de mayo de 2025 lanzamos la cuarta edición del programa, comprometiendo la participación de 40 servidores públicos, quienes participarán durante 8 semanas de espacios de capacitación y práctica con mentores expertos sobre metodologías y herramientas de innovación pública.
El estudio “Habilidades de Innovación en el Sector Público de Paraguay”, realizado en 2020 por la organización The GovLab, el BID y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), mostró que los servidores públicos en Paraguay tienen un conocimiento parcial de las habilidades de innovación y que la implementación de estas es limitada.
En ese sentido, este programa busca generar capacidad instalada dentro de las instituciones, ofreciendo a servidores públicos la oportunidad de “aprender haciendo” herramientas y metodologías para el diseño y gestión de políticas públicas centradas en el usuario.
El programa Innovadores Públicos se considera un caso de éxito en la región y fue premiado durante la Semana Iberoamericana de la Innovación Pública, en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana realizada en República Dominicana.
Desde el PNUD, estamos convencidos de que el sector público tiene un gran potencial para innovar y seguir generando impactos significativos.
Para más información sobre el programa, contáctenos al +595 992 443 874 o visite nuestra web en www.undp.org/es/paraguay.
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El 23 de julio arranca pago de salarios y beneficios sociales
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que a través del Tesoro Público, este miércoles 23 arranca el cronograma de pagos de salarios y beneficios sociales correspondiente al mes de julio, el cual finalizará el jueves 31.
El primer desembolso, este miércoles, corresponde a los beneficiarios del programa Adultos Mayores, veteranos y pensionados, según el calendario establecido. Posteriormente, el jueves 24 de julio se procederá con los pagos a los jubilados de la Caja Fiscal.
El viernes 25 de julio los desembolsos serán para salarios de los funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). El lunes 28 percibirán sus salarios las fuerzas públicas, Poder Judicial y gobernaciones, mientras que el martes 29 los funcionarios del Ministerio de Educación y de las universidades nacionales. Finalmente, el miércoles 30 y jueves 31 de julio se abonarán los servicios personales pendientes.
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Desde la cartera económica explican que los pagos están sujetos a la presentación de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).
Con este cronograma de pagos, el Ministerio de Economía da continuidad al proceso de ejecución presupuestaria, asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos con los funcionarios públicos y sectores sociales protegidos.
El Tesoro Público moviliza importantes recursos durante esta etapa del mes, lo que representa un flujo clave para la estabilidad financiera del aparato estatal. Estos desembolsos tienen un impacto directo en la economía, especialmente en un contexto en el que el consumo interno sigue siendo uno de los motores del crecimiento.
En total, más de 400.000 personas se verán beneficiadas entre funcionarios activos, jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales. Así también, el cumplimiento del calendario también contribuye a sostener la confianza de los agentes económicos en la gestión fiscal.
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