El equipo jurídico de la intendenta esteña Sandra McLeod no fue invitado a participar de la reunión que se realizó este lunes entre la interventora Carolina Llanes y el contralor Enrique García. Los abogados denunciaron secretismo y objetaron la legalidad de la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este.

“Si no quieren hablar y tampoco recibirnos, denota que quieren hacer las cosas a escondidas. Esta intervención está cantada y se a dónde se quiere llegar”, dijo esta mañana el exdiputado Bernardo Villalba, en conversación con la Agencia Regional de La Nación.

El abogado, miembro del equipo que representa a McLeod, adelantó que buscarán una estrategia judicial para participar de todos los actos que se ejecuten en el marco del proceso de la intervención.

“La resolución de la Cámara de Diputados no tiene un solo punto que sostenga la intervención. Presentamos una aclaratoria para saber qué es lo que se va investigar y qué es lo que tenemos que defender”, agregó.

El abogado Cristian Cabral, también del equipo de la jefa comunal, consideró que la Cámara Baja aprobó de forma genérica la intervención.

Aseguró que ni siquiera la interventora Llanes tiene en su poder los puntos a ser revisados. “Una vez más se está demostrando que se está quebrantando el Estado de Derecho”, dijo.

En ese sentido, dijo que otra irregularidad se dio -según denunciaron concejales- cuando la interventora invocó una autorización de la Junta Municipal para designar a un funcionario del Poder Judicial. “El Poder Judicial no tiene nada que ver en este estadio”,

Cabral expresó también que es imposible e inhumano ordenar el corte administrativo a ser cumplido en el plazo de 48 horas. “Todo sabemos lo que implica. Es la segunda municipalidad más grande del país. Forzaron a los directores a presentar el corte en el día. Es un suicidio administrativo, teniendo en cuenta que la mayor parte de las documentaciones se encuentra en poder de la Fiscalía, la Contraloría y el Tribunal de Cuentas”, aseveró..

Por último, aclaró que los cortes administrativos también tendrían que ser ejecutados sobre los puntos de la intervención. “Lastimosamente aquí se dio un abuso de poder por parte de la interventora”, afirmó.