La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Cámara de Senadores sesionó para estudiar el pedido de acuerdo constitucional solicitado por el Ejecutivo para el ascenso de militares al grado inmediato superior. Si bien a pedido del senador Paraguayo Cubas, la sesión fue abierta, el sentido del dictamen emitido es de carácter reservado.
Los senadores recibieron en audiencia a varios oficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación, entre ellos el Vicealmirante Carlos Dionisio Velázquez Moreno, el General de División Oscar Arnaldo Cardozo González y General de División Aeronáutica Juan Pablo Paredes González, cuyos ascensos deben ser otorgados por el Senado.
El poder Ejecutivo envió a la Cámara Alta el Mensaje N° 104 -vía Ministerio de Defensa Nacional- de fecha 13 de noviembre del 2018, por el cual solicita el acuerdo constitucional correspondiente para el ascenso al grado inmediato superior de Oficiales Generales y Almirante, de conformidad a la Constitución Nacional y la Ley N° 1.115/97.
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Bachi Núñez defiende plan para salvar empleos de empresas del Grupo Vázquez
El senador Basilio Núñez, titular de la Cámara Alta, defendió el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo vinculado al caso Ueno Bank, que propone establecer un régimen de administración temporal para determinadas empresas relacionadas con la entidad financiera. Destacó como una alternativa para evitar la quiebra de empresas vinculadas al grupo económico y proteger los puestos de trabajo.
Durante una rueda de prensa, señaló que la iniciativa busca salvaguardar a las empresas que no están en proceso de quiebra, bajo investigación penal o dentro del ámbito de la Senabico. Explicó que el Banco Central del Paraguay puede intervenir bancos, pero no tiene atribuciones para examinar directamente a las empresas vinculadas.
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“Es una propuesta que busca de alguna forma encontrar una solución a lo que están pasando varios compatriotas que trabajan en esas empresas. Más fácil sería que vayan directo a la quiebra. Con esa iniciativa se quiere crear un consejo para que esas empresas que no están en proceso de quiebra, o no están en una situación de un proceso penal, o ya en Senabico tratar de salvaguardar eso. Entiendo que es una colaboración del Ejecutivo que viene al Legislativo”, explicó.
Consejo de administradores
El senador Núñez, señaló que se plantea crear un consejo y designar administradores para las empresas afectadas. Se mostró dispuesto a revisar el otorgamiento de inmunidad a los administradores, pero advirtió que, si la propuesta resulta riesgosa, puede ser rechazada por el Parlamento.
“Desde legislativo se puede pulir, mejorar la propuesta, pero también estoy de acuerdo en por qué darle inmunidad a una persona que va a estar dirigiendo estas empresas, porque lo que se está tratando de hacer es salvarlas. Acá vamos a estudiar, también se podría rechaza, y no pasa nada. Pero si mejoramos, podemos salvar el trabajo de muchos compatriotas”, indicó.
No obstante, señaló que estas 42 empresas vinculadas al grupo Vázquez, que estarían dejando sin trabajo a unas 6.000 personas, no son las únicas que están teniendo problemas ya que incluso antes de esta crisis con el Ueno Bank otras empresas habían pasado por problemas administrativos que dejó a muchas personas sin trabajo.
“Tenemos que que ver la forma de ayudar y vamos a hacer todo lo posible desde el Congreso así como lo hicimos con la iniciativa legislativa, porque según la ley del BCP se tenía que cobrar recién a los 15 días. Nosotros aprobamos en sesión extraordinaria ese martes negro por la tarde; y de la misma forma, entonces, ahora busquemos todos la solución; yo estoy dispuesto a colaborar con mi voto y con todos los asesores que tengamos para ver cómo solucionamos esta situación”, remarcó.
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Senador Nakayama afirma que definición de Cantero para la FGE es legítima
Ante cuestionamientos de algunos sectores, políticos principalmente, sobre la confirmación de Alba Cantero como fiscala general del Estado (FGE), el senador Eduardo Nakayama defendió la decisión tomada por la Cámara de Senadores. Explicó que el sector de la oposición trató el tema y decidió acompañar la confirmación de Cantero.
“Hablamos nosotros entre los opositores, teníamos que tomar una decisión a la luz de los hechos, y sobre todo, en la laguna jurídica que tiene la carta orgánica del Ministerio Público. Ahí no se contempla el caso de renuncia, el artículo 51 habla de inhabilidad”, señaló a los medios de prensa.
En este sentido, indicó que se tomó como referencia dicho artículo, la inhabilidad para definir quién tenía que interinar el cargo de fiscal general tras la renuncia de Emiliano Rolón Fernández. “En ese sentido yo entiendo que hayan constitucionalistas, abogados que tengan una posición, eso es absolutamente legítimo, pero el Senado consideró que teníamos que interpretar, de manera positiva o negativa”, aseveró.
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Respecto a la antigüedad, requisito fundamental para la designación, el legislador contó que fueron convocados representantes del Consejo de la Magistratura (CM) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes confirmaron que Cantero “definitivamente ella era la fiscal adjunta en lo penal más antigua en el Ministerio Público con 25 años de antigüedad”.
Otro de los puntos señalados por el senador, es la laguna respecto a la línea de sucesión en el caso de renuncia de un fiscal general, explicó que este caso es diferente a la Presidencia de la República, para el cual la línea de sucesión es clara. Por lo tanto, no se podría interrumpir un periodo establecido, que es de 5 años.
“También hablamos del riesgo que eso podría significar una convocatoria exprés, que no corresponde hacer una convocatoria exprés, y que no está tampoco prevista en la Constitución Nacional llamar a completar un periodo de un fiscal general. Será electo por el periodo de 5 años dice la Constitución, no dice que puede llamarse a concurso para completar el periodo”, refirió.
Agregó que “si se convocaba para un nuevo periodo sería interrumpir el periodo de 5 años que tienen los distintos fiscales desde que inició la Fiscalía general del Estado. Eso también era un riesgo que no se puede alterar”.
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Senado insta a investigar el manejo de datos biométricos de 3 millones de usuarios
La Cámara de Senadores aprobó este miércoles un proyecto de declaración que insta al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y al Banco Central del Paraguay (BCP) a colaborar con el Ministerio Público en la investigación sobre el manejo de datos personales, crediticios y biométricos vinculados al Grupo Vázquez. La iniciativa busca resguardar la información de más de tres millones de usuarios, cuyos datos, según las advertencias recientes, podrían quedar expuestos a la suplantación de identidad.
La iniciativa fue impulsada por los senadores colorados Patrick Kemper, presidente de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro de la Cámara de Senadores, y su colega Lizarella Valiente, quienes expresaron la preocupación ante el plenario, teniendo en cuenta que todos los datos personales, crediticios y biométricos, que, según la exposición de motivos, permanecen alojados en servidores vinculados a empresas del grupo investigado.
Ante el plenario, Kemper advirtió que la información alojada en los sistemas informáticos del grupo empresarial no se limita a datos bancarios, sino que incluye registros personales sensibles, domicilios, hábitos de consumo y características biométricas de los ciudadanos.
Riesgo sobre información sensible
El senador Kemper explicó que uno de los aspectos señalados en el proyecto es la posibilidad de que los datos personales y biométricos hayan sido extraídos, transferidos o utilizados de forma ilegal, por lo que su eventual exposición representa un riesgo que puede afectar la seguridad y privacidad de los ciudadanos a largo plazo.
Ante esta vulnerabilidad, planteó a sus colegas la necesidad de determinar cuánto antes qué ocurrió con esos registros, dónde se encuentran alojados, quién tiene actualmente acceso a ellos y qué medidas se están adoptando para garantizar su protección.
“El objetivo es contribuir a la salvaguarda de los datos personales, crediticios y biométricos de la ciudadanía en general, y de los clientes y ahorristas en particular. En caso de comprobarse que se haya realizado una extracción o uso ilegal de la base de datos, dicha información pudiera incorporarse como evidencia en la investigación fiscal”, remarcó el legislador.
Cabe recordar que días atrás el nuevo presidente del BCP, Jorge Schreiner, mencionó ante el Senado que el verdadero negocio de los dueños de Ueno Bank era capturar los datos biométricos de todo el país. Indicó que durante el tiempo de operatividad fueron más de tres millones de clientes cuyos datos biométricos eran manejados por el Grupo Vázquez a través de sus empresas, según las investigaciones y datos del propio banco.
Peligro de suplantación
Al respecto, el comisario Diosnel Alarcón, jefe de Cibercrimen de la Policía Nacional, advirtió en comunicación con radio 1080 AM que los datos biométricos de tres millones de usuarios quedaron expuestos. Ante esta situación, señaló que el riesgo principal al que se exponen los ciudadanos de quienes el Grupo Vázquez manejaba sus datos biométricos es a la suplantación de identidad.
“Supongamos que esa información alguien la haya llevado en un disco duro y esté negociando; el problema que puede haber es la suplantación de identidad en primera línea. Los datos que manejaba dicha firma le daban un espacio tremendo al ámbito de negocio del servicio digital, tanto en pagos, habilitación de cuentas, billetera, entradas a la cancha”, comentó.
No obstante, mencionó que, como medida preventiva, ya se solicitó a Google y Amazon el resguardo y bloqueo de toda la información que almacenó Itti tanto de clientes de servicios financieros como asistentes de eventos masivos, como la Expo en Mariano Roque Alonso y el ingreso a las canchas.
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Senado aprobó ley que modifica procedimiento para integrar el JEM
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto que introduce cambios en el procedimiento para la integración del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Se trata de la modificación del artículo 3º de la Ley Nº 6814/2021, que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra, “y deroga la Ley Nº 3759/2009 y sus modificatorias”.
La iniciativa propone que cada Cámara del Congreso Nacional elija a dos representantes ante el JEM mediante mayoría simple de votos.
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En su formulación inicial, el proyecto contempla requisitos como la nacionalidad paraguaya, una edad mínima de 30 años, el título universitario de abogado y el ejercicio de la profesión o el desempeño de funciones en la magistratura judicial o en el Ministerio Público. Asimismo, establece que la Comisión de Asuntos Constitucionales deberá verificar la legalidad de los títulos profesionales antes de que la propuesta de designación sea puesta a consideración del pleno.
Durante el estudio de la iniciativa la Comisión de Asuntos Constitucionales recibió a la presidenta del JEM, Alicia Pucheta, quien planteó la necesidad de impulsar una reforma más amplia e integral de la normativa, al considerar insuficiente una modificación limitada únicamente al artículo 3º.
En ese sentido, la comisión emitió dictamen en mayoría por el rechazo y en minoría por la aprobación del proyecto. No obstante, durante el tratamiento en plenaria, el senador Mario Varela propuso modificaciones que fueron aceptadas por la Cámara Alta. En consecuencia, la iniciativa fue aprobada con modificaciones y será remitida nuevamente a la Cámara de Diputados.
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