La Cámara de Senadores dará entrada este jueves en sesión ordinaria a la solicitud de desafuero de la senadora del Partido Democrático Progresista (PDP) Desirée Masi, remitida el lunes por la jueza Penal de Sentencia Gloria Hermosa. El pedido se relaciona con el caso de la querella impulsada contra la parlamentaria, por el ex asesor de la entidad binacional Yacyretá, Luis Canillas.
En su escrito dirigido al presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, la magistrada alude al artículo 191 de la Constitución Nacional que refiere a las inmunidades de los parlamentarios en el desempeño de sus funciones. Por esta razón cuando se formase una causa contra un legislador, la Cámara respectiva decidirá por mayoría de dos tercios si amerita o no la suspensión de los fueros, a fin de que el afectado sea sometido a proceso.
Cabe recordar que el doctor Luis Canillas querelló a la senadora Desirée Masi por difamación, calumnia e injuria y pidió un resarcimiento económico de G. 2.500 millones como reparación de supuesto daño. La acción fue fundamentada en declaraciones formuladas por la polémica legisladora en su cuenta de Twitter.
Ni bien se enteró del pedido de su desafuero, Masi respondió nuevamente con un Tweet: “Voy a pedir votos a favor, obvio!, dejando entrever que ella misma se pondrá a disposición de sus colegas para ser desaforada y sometida a proceso.
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Justicia ratifica querella de Conmebol contra directivos del Banco Atlas
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, ratificó la querella presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contra Miguel Zaldívar, presidente del Banco Atlas; Eleno Concepción Martínez, Celio Tunholi y otros imputados por presunto lavado de dinero.
El magistrado rechazó la excepción de falta de acción planteada por la defensa de dos de los procesados. Con esta determinación judicial, se confirma la validez de la querella presentada por la matriz del fútbol sudamericano.
Días atrás, el juez Otazú ya había rechazado un recurso previo presentado por la defensa de Miguel Ángel Zaldívar. Según fuentes judiciales, el imputado continúa recurriendo a presentaciones dilatorias para evitar someterse a la Justicia. Debido a esto, el expediente deberá ser analizado nuevamente por un Tribunal de Apelación, el cual ya podría aplicar sanciones disciplinarias tanto a los abogados como al procesado.
La defensa de Zaldívar presentó una reposición con apelación en subsidio contra la resolución del juez Otazú, quien fijó para el 15 de abril la audiencia de imposición de medidas cautelares. El argumento de la defensa es que existe un recurso extraordinario de casación pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia.
Una vez que el Tribunal de Apelación destrabe el proceso penal, el juez podrá fijar una nueva fecha para la audiencia de imposición de medidas, en la que se definirá si Zaldívar y los demás implicados enfrentarán el proceso en prisión o serán beneficiados con medidas alternativas.
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Juez admite querella y cita a audiencia de medidas al presidente del banco Atlas
El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el miércoles 15 de abril la audiencia de imposición de medidas para el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado por lavado de dinero en el marco de la denuncia impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
En dicha diligencia se determinará si Zaldívar litigará en libertad o bajo medidas restrictivas. La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.
Además, Otazú admitió la querella presentada por la Conmebol contra Zaldívar y los demás imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.
Mientras que, el lunes 23 de marzo a las 8:30, Zaldívar deberá acudir ante el Ministerio Público para su audiencia indagatoria con la finalidad de brindar su versión sobre la investigación e imputación que pesa en su contra. “Su defensa deberá arrimar todas las documentaciones que crea pertinente para tratar de desvirtuar la tesis del Ministerio Público”, detalló el periodista del área judicial de Nación Media, Aldo Ynsfrán, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM.
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Antecedentes
De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos, por valores de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
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Justicia comunica imputación de diputado prietista para su desafuero
El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, remitió a la presidencia de la Cámara de Diputados el documento en el cual informa que se admitió la imputación del diputado de Yo Creo, Walter García.
Con esta comunicación, la Cámara Baja deberá analizar el desafuero del parlamentario imputado en la causa “Miguel Prieto y otros por lesión de confianza (ley n.º 6379) superior a 5.500 jornales”.
“Habiéndose formulado imputación fiscal ante el Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos del primer turno de la capital a mi cargo, de parte de los agentes fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle, María Verónica Valdéz, contra el diputado nacional Walter Hugo García Méndez, por el supuesto hecho punible de lesión de confianza (…) en calidad de cómplice", expresa el documento.
El juez solicita que se comunique y se remita las “actuaciones producidas por el Ministerio Público en el marco de la presente causa a la Cámara de Diputados para los fines legales pertinentes”.
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Igualmente, el juez Otazú fijó la audiencia de imposición de medidas para los días 6 y 7 de abril para los procesados en esta causa, el exintendente de Ciudad del Este (en calidad de autor), Miguel Prieto, junto al exjefe comunal Sebastián Martínez Insfrán, Sonia Barrios Ramírez, Walter Hugo García Méndez, Salem Esgaib Zugaib, Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, Valeria Fabiana Romero, Hugo Benítez Vázquez, Karen González Vergara, Fredy Guzmán Martínez y Cinthia Noelia Alen Guerrero.
El Ministerio Público señala que los imputados causaron un perjuicio patrimonial a las arcas de la Municipalidad esteña de G. 757.166.276 por el pago de obras que no se habrían realizado.
La investigación fiscal apunta que esta cifra corresponde a diferencias detectadas entre los montos pagados por el Consejo Local de Salud y las obras efectivamente construidas o ejecutadas por las empresas SERVMAQ, representada por Fredy Guzmán Martínez y M&M Constructora, a cargo de la licenciada Cinthia Noelia Alen.
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Juez tiene vía libre para admitir imputación contra magistrada de Lambaré, Isabel Bracho
El juez Humberto Otazú tiene vía libre para admitir la imputación y procesar penalmente a la jueza de Lambaré, Isabel Bracho, imputada por supuestamente haber recibido una coima de USD 50.000 para beneficiar al presunto líder narco Walter Galindo Domínguez. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados hizo lugar el desafuero de la magistrada, quien tendrá que someterse a la Justicia.
En la sesión, el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia señaló que en el expediente administrativo consta la existencia de la causa penal caratulada “Isabel Beatriz Bracho y otros sobre cohecho pasivo agravado”, así como el acta de imputación presentada por el agente fiscal Néstor Coronel Gamarra.
Ramírez Candia señaló que, al verificarse el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 255 de la Constitución Nacional y en la Ley del JEM, el desafuero resulta plenamente procedente. Destacó además que la imputación involucra tres hechos punibles, lo cual reviste especial gravedad para una magistrada en ejercicio. También se resolvió solicitar a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de Bracho en el ejercicio del cargo.
Jueza se defiende
La jueza Penal de Garantías de Lambaré, Isabel Bracho, brindó una conferencia de prensa en el marco del proceso penal que enfrenta por presunto cohecho pasivo agravado. La misma explicó que las resoluciones que beneficiaron a Galindo, entre ellas la revocatoria de la prisión preventiva y la concesión del arresto domiciliario, fueron adoptadas tomando en consideración los informes médicos y el contexto sanitario de la época.
Indico que, durante la pandemia de la covid-19, los establecimientos penitenciarios operaban con restricciones y que el informe del médico forense advertía condiciones clínicas que justificaban la aplicación de una medida sustitutiva.
En relación con el sobreseimiento definitivo dictado en el mes de diciembre del año 2021, la magistrada recordó que el entonces fiscal del caso, Osmar Segovia, se había allanado a esa salida procesal tras un análisis pericial que concluyó que la sustancia incautada no correspondía a un estupefaciente. En ese sentido, sostuvo que no tenía elementos para apartarse del dictamen fiscal ni del informe técnico.
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