Cuando la Fiscalía imputó al extitular del MOPC Arnoldo Wiens la disidencia acusaba a la Justicia de estar sometida al poder político. Ahora se quedan atrapados en su propia incongruencia.

El debate volvió a basarse, como siempre lo vienen haciendo los jerarcas del abdismo, sobre el relato polí­tico, antes que el contenido jurídico. La resolución del juez Osmar Legal sobre el caso del exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens no absolvió a nadie ni cerró la causa, sino que señaló defectos técnicos en la calificación penal.

Es decir, el magistrado pidió a la Fiscalía que adecue la imputación para que exista coherencia entre los hechos y el tipo penal invocado. Ese es un trámite procesal pre­visto en la ley, no una declara­ción de inocencia ni una cons­piración judicial. Sin embargo, sectores de la disidencia colo­rada y de la oposición (donde hay que incluir a medios de comunicación afines al expre­sidente Abdo Benítez) reaccio­naron como si se tratara de un fallo de fondo.

Y es aquí donde aparecen las incoherencias y las contradicciones a las que nos tienen acostumbrados los disidentes colorados y la oposi­ción: cuando una causa avanza, hablan de “justicia sometida”; cuando el juez exige precisión técnica al Ministerio Público, el argumento cambia o directa­mente desaparece. La narrativa del “cartismo maneja la Justi­cia” se debilita cuando la propia dinámica del proceso muestra controles internos. Un juez que devuelve una imputación para que sea corregida no está blin­dando a un acusado, está obli­gando a la Fiscalía a hacer mejor su trabajo, algo que fortalece –no debilita– el debido proceso.

Según el magistrado, otorgó el trámite de oposición conforme al artículo 314 del Código Pro­cesal Penal, argumentando que los hechos atribuidos no están correctamente encua­drados dentro de los tipos penales planteados por el Ministerio Público.

“El tipo penal por el cual el juz­gado no se siente satisfecho con el estándar descripto es el 159 (guarda relación con la impu­tación por daño a obras cons­truidas). Ese es el tipo penal que a criterio del juzgado debe ser corregido, pero es una deci­sión del titular de la acción si van a persistir con dicha argu­mentación, pero es el trabajo del juzgado hacer las correccio­nes como garante del proceso”, dijo el juez. Con la providencia del juez Osmar Legal se puede señalar que la Fiscalía tiene diez días para subsanar los pun­tos observados, lo que demues­tra que el caso sigue abierto.

El juzgado incluso podría admitir nuevamente la imputación una vez ajustada, confirmando que se trata de una cuestión de téc­nica jurídica y no de impunidad. El problema para los colorados disidentes es político antes que legal. Al instalar denun­cias categóricas de manipula­ción judicial, generan expecta­tivas de derrumbe inmediato del adversario. Cuando la rea­lidad procesal es más compleja, el discurso se vuelve insoste­nible. Esa sobreactuación ter­mina erosionando su propia credibilidad ante la opinión pública.

No existen elementos que permitan suponer un perjuicio patrimonial.

El juez penal de garantías, Osmar Legal, fijó para el 16 de marzo la audiencia preliminar en la que se definirá si se hace lugar al sobreseimiento defini­tivo solicitado a favor del exmi­nistro del MOPC, Ramón Jimé­nez Gaona, y la exviceministra Marta Benítez, en el marco del caso Metrobús. El magistrado citó a ambos exfuncionarios al recibir el requerimiento del Ministerio Público, siguiendo el proceso ordinario estable­cido para este tipo de casos.

La Fiscalía solicitó el sobresei­miento definitivo de Jiménez Gaona al concluir que no existen elementos que permitan supo­ner un perjuicio patrimonial. Según el informe de los fisca­les Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti, la investi­gación determinó que no hubo malversación ni pagos por obras no ejecutadas. Además, desta­caron la existencia de un 40 % de avance físico, la validación técnica del proyecto y el res­paldo de fiscalizadores inter­nacionales y del Banco Intera­mericano de Desarrollo (BID).

El requerimiento fiscal enfa­tiza que la evidencia física y documental demuestra una correspondencia estricta entre las obras certificadas y los pagos realizados durante dicha gestión. Finalmente, la Fiscalía señaló que es impera­tivo distinguir entre un pro­yecto inconcluso y la existencia de un perjuicio penal.

El poder no cambia a las personas, solo las presentan como siempre fueron. Esta conocida frase –que forma parte del acervo popular– fue constantemente repetida por el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, lo que le concedió cierta paternidad sobre dicha expresión. Aunque el que mejor perfeccionó esta sentencia fue el actor Anthony Hopkins, añadiendo que “solo les quita la necesidad de fingir”.

Y agregó un final contundente: “No es el poder el que corrompe, es el verdadero rostro de cada uno el que emerge cuando ya no hay miedo a las consecuencias”. En esta última parte puede apreciarse con exactitud lo que ha venido ocurriendo con algunos expresidentes de la República en nuestro país.

Pensaron que el cargo era para siempre y asumieron poses de omnipotencia, al punto de burlarse de la sociedad con gestos de arrogancia; abusaron de su ambición al perpetrar los más alevosos actos de corrupción, y en su inseguridad, producto de la escasa formación académica y ética, persiguieron a sus enemigos políticos hasta el extremo de la destrucción, para intentar allanar el camino en su búsqueda de perpetuar sus proyectos electorales. En síntesis, jugaron con la suciedad a su favor, despojándose de cualquier indicio de virtud, honestidad y moral.

Por eso, cuando son derrotados por la voluntad soberana del pueblo, quedan supurando rencor, odio y resentimiento. Imposible de superar sus frustraciones, se pasan, como último recurso, a desparramar bilis, revelando el espíritu autoritario que les domina y el pensamiento cerrado en sus propios egoísmos, que no admite la mínima posibilidad de discrepancia.

El rostro desencajado que acompaña a sus denostaciones y exabruptos ordinarios es la evidencia más clara de un alma torturada por experiencias que nunca lograron sanar. Este cuadro se ajusta perfectamente a una de las últimas conferencias de prensa del exmandatario Mario Abdo Benítez, en Ciudad del Este.

“Cuando fui candidato a presidente de la República, pasamos las internas y en todas las encuestas nos daban gran diferencia con nuestro adversario ocasional (…). Yo estaba casi 30 puntos arriba y cuando se dio el abrazo republicano casi perdimos las elecciones, ganamos por tres puntos”, afirmó con la petulancia que es su sello de distinción.

El mensaje fue claro: evitar el abrazo de sus candidatos con los adversarios, cualquiera sea el resultado en las internas municipales. Una muestra de su intolerancia y nula vocación democrática. Debemos, no obstante, reconocer que esta posición no es nueva. Ya lo dijo apenas ganadas las elecciones generales en abril de 2018.

Ya había acusado al entonces jefe de Estado, Horacio Cartes, como el responsable de que la diferencia fuera menor de lo que anunciaban las encuestas. En aquella oportunidad sumó a su acostumbrada soberbia la ingratitud, porque fue Cartes el articulador de la unidad del Partido Colorado, que fue el soporte para la victoria electoral de Marito.

Pero lo de ahora, en CDE, ya raya el delirio que proviene de una incurable maldad y un resentimiento que no alcanza límites visibles. Se olvida que el actual presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana le sepultó con una diferencia de 150.000 votos en las internas partidarias del 18 de diciembre de 2022.

Tratando de encontrar algún razonamiento lógico, del cual, al parecer, carece Marito, debería explicar cómo es posible que el hombre que supuestamente le restó votos en 2018, cinco años después le destroza en las urnas. Y más aún, cómo fue posible que Santiago Peña ganara las elecciones generales a pesar de la desvergonzada campaña en contra de Abdo Benítez.

El origen de su desorden emocional sí es fácil de entender. Nació bajo el imperio de una dictadura siendo su padre, Mario Abdo Benítez, uno de los riñones del tirano Alfredo Stroessner, quien gobernó durante 35 años con terror y crueldad.

El joven Marito, en ese tiempo, era el amo y señor en su generación. Se le cumplían todos sus caprichos con dinero que fue acumulándose ilegalmente sobre el sufrimiento de nuestro pueblo. A su corta edad se sentía todopoderoso con un progenitor que era copropietario del país, donde gobernaba un amo que le dispensaba simpatía desde su época de humilde dactilógrafo.

Una vez que se desmoronó su dorado castillo el 2 y 3 de febrero de 1989 intentó pasar desapercibido, hasta que llega a la Presidencia de la República, desde donde demostró la infalibilidad de la frase: “El poder no cambia a las personas. Solo revela quiénes son realmente”.

En el caso de Marito, reflotaron sus antiguos vestigios de joven prepotente, hoy devenido en un político amargado por sus frustraciones electorales. Pero el pueblo, especialmente el colorado, ya lo conoce. No se dejará engañar dos veces. Mucho menos por los hombres de mala fe.

El juicio del exministro abdista de la Secreta­ría Nacional Antidro­gas (Senad), Arnaldo Giuzzio, por su presunto nexo con el criminal brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, será el próximo 17 de febrero.

El supuesto narco fue el obje­tivo de la Operación Turf, des­plegada el 15 de febrero de 2022 en Paraguay y Brasil, al igual que Lindomar Reges Furtado, quien había logrado fugarse, señalado como el Rey de la Cocaína y vinculado con el prófugo uruguayo Sebas­tián Marset, según la inves­tigación brasileña.

La investigación paraguaya develó chats entre Giuzzio (quien entonces ejercía el cargo de ministro del Inte­rior) y Espíndola desde julio de 2021 hasta febrero de 2022, incluso a horas de la captura del segundo en Bra­sil, con un llamativo mensaje sobre el pago pendiente por la reparación de una camioneta, por lo que el brasileño supuso que el ministro se había equi­vocado de “Marcus”.

En tanto, el esquema de Marset estaba en la mira de la Operación Smart, que ini­ció en mayo de 2021 y descu­brió que Reges operaba para la misma organización crimi­nal. Smart y Turf derivaron en la Operación A Ultranza Py, lanzada el 22 de febrero de 2022. Giuzzio encabezó la Senad entre agosto de 2018 y el 22 de enero de 2021, cuando pasó a Interior; y fue reempla­zado por Zully Rolón, su mano derecha en el ente antidro­gas, quien seguía en el cargo cuando se realizó Turf.

En su fuga desde un barrio pri­vado de Hernandarias, Reges dejó un teléfono iPhone que fue incautado en el marco de la Operación Turf. El 14 de abril de 2025, el juez Osmar Legal autorizó a la Fiscalía paraguaya extraer los datos del aparato telefónico, a pedido del agente fiscal José Mar­tín Morínigo. Mientras que Reges fue atrapado dos meses antes, el 2 de febrero de 2025, en un condominio ubicado en un barrio lujoso de Río de Janeiro, en Brasil.

• HOY.COM.PY

El Poder Judicial retomó sus actividades tras terminar la feria. Para este mes se prevé el juicio oral al exministro del Interior y de la Senad Arnaldo Giuzzio, acu­sado de supuestamente reci­bir favores del narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.

Desde ayer, tanto en los juz­gados de la capital como en las diversas circunscripcio­nes judiciales del interior, se normalizaron las activida­des y atenciones a los usuarios del Poder Judicial. De esta manera, se da por culminada la feria judicial, restableciendo plenamente las funciones res­pectivas.

La completa operatividad de los servicios judiciales, poste­rior al cierre de la feria judicial, permite la apropiada atención a abogados y usuarios del sis­tema de justicia, en áreas como el fuero Penal, Civil y Comer­cial, Laboral, y Niñez y Ado­lescencia. Asimismo, implica el regreso a la normalidad en la prestación de servicios de administración de justicia en todo el país.

El exministro del Interior y de la Senad Arnaldo Giuzzio, acu­sado de supuestamente recibir favores del narcotraficante bra­sileño Marcus Vinicius Espín­dola Marques de Padua, irá a jui­cio oral y público este mes.

Para el miércoles 18 y jue­ves 19 de febrero de 2026, a las 8:30, se fijó el juicio oral y público a la exautoridad del gobierno de Mario Abdo Benítez, acusado de supuesto cohecho pasivo agravado (coima).

Según la investigación fiscal, desde julio de 2021 a febrero de 2022, el entonces ministro del Interior mantuvo contacto y comunicación con el brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua (objetivo del operativo Turf y detenido en Brasil por lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de activos).

Los fiscales del caso sostienen que la intención de Vinicius era conservar este relaciona­miento directo, personal y cer­cano con Giuzzio para conver­tirse en proveedor del Estado, mediante la entrega de chale­cos antibalas y vehículos blin­dados.

A partir de aquí, se registran los primeros “regalos” acep­tados por Giuzzio. Primero, el blindaje de un móvil de la Policía en concepto de “corte­sía” y segundo, el préstamo, a título gratuito, de un vehículo para el uso personal de Giuzzio, durante un viaje familiar y pri­vado, específicamente, unas vacaciones en Brasil.

Giuzzio se comunicaba con Vinicius a través de WhatsApp, al número personal del brasi­leño y también al número regis­trado a nombre de la empresa Black Eagle. Tuvo encuentros personales con él, tanto en las oficinas del presunto narco, como en el campo de tiro de la FOPE (Fuerza de Operaciones Especiales).