Funcionarios del Ministerio Público iniciarán mañana 7 de noviembre una huelga general por tiempo indefinido a raíz del veto del Poder Ejecutivo al proyecto de Ley de ampliación presupuestaria de G. 18 mil millones. Advierten que los servicios ofrecidos por la cartera investigadora se verán resentidos.

Así explicó Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, en contacto radial con la 970 AM.

El líder gremial lamentó que el Gobierno rechace la ampliación presupuestaria que, según mencionó, iba a ser destinada a culminar el año y a iniciar el siguiente dando las respuestas mínimas a la sociedad en materia de persecución penal.

“Nos encontramos en una situación bastante difícil para el trabajo de los compañeros. Por sobre todo, el mensaje que nos dan con esto. No sentimos que esté siendo acompañado el esfuerzo que está haciendo el Ministerio Público en la lucha contra el crimen y la corrupción”, expresó.

Merlo afirmó que las investigaciones penales requieren de inversión y de los mejores recursos humanos. “Advertimos que de no darse, no solo la ampliación presupuestaria sino también un progresivo aumento del presupuesto del Ministerio, se iba a resentir la permanencia de RR HH con experiencia, quienes encontrarán mejores opciones en el sector privado”, agregó.

Específicamente, según comentó Merlo, el paquete de G. 18 mil millones tenía prevista la contratación de personales técnicos, refuerzos en nombramientos de asistentes fiscales y la actualización salarial de funcionarios que, en algunos casos, hace 7 años tienen sus remuneraciones estancadas.

“El sindicato de funcionarios y los demás gremios presentaron ayer el pedido correspondiente para hacer una huelga por tiempo indefinido. Si se dan todas las condiciones, ya que hay ciertos trámites que realizar, el miércoles iniciaremos la medida”, culminó.

A través del decreto Nº 574, el Poder Ejecutivo objeta el proyecto de ley que amplía el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el ejercicio fiscal 2018 destinado al Ministerio Público. El documento fue devuelto al Congreso Nacional.

Desde la Presidencia de la República argumentan que la abogacía del tesoro emitió un dictamen que recomienda rechazar dicha ampliación ya que no existe financiamiento.