En el marco de la imputación y el requerimiento de prisión preventiva para el ex senador Óscar González Daher y para su hijo Óscar Rubén González Chaves, quienes fueron procesados por los ilícitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.
La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, manifestó que “Hoy Liliana Alcaraz y René Fernández imputaron al ex senador Oscar González Daher y a su hijo. Ellos más que nadie saben que tienen mi total apoyo y respaldo en todo momento”.
Asimismo, la Fiscal General del Estado brindó todo su apoyo a los agentes fiscales que forman parte del Ministerio Público y resaltó la labor de cada uno de ellos.
Refirió que se trata de un caso que creo que se inició hace casi un mes y los fiscales debían de analizar cada uno de los documentos, es más se tiene que analizar aún otros documentos, por lo que van a seguir trabajando en pericias y análisis financieros.
Referente a la consulta de si se reciben presiones para blindar a determinadas personas, como ser al exlegislador, teniendo en cuenta el perfil y el poder político, la titular del Ministerio Público aseguró que nadie le llamó ni le presionó.
“Absolutamente nadie me llamó, ni presionó, tampoco me voy a dejar presionar, no me voy a dejar presionar. Yo recibo en mi despacho a los agentes fiscales, la Fiscal General del Estado siempre está abierta, yo les escucho, pero de ahí a que pueda influir en la decisión de ellos, no", expresó Quiñónez.
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Fiscalía acusa y pide juicio oral para Prieto en el caso ollas populares
Los fiscales Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González presentaron acusación contra el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras once personas por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa en el marco de la causa conocida como ollas populares. Los agentes requirieron al Juzgado Penal de Garantías n.° 2 de Ciudad del Este elevar la causa a juicio oral y público.
En su pedido conclusivo, la Fiscalía afirma que existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, que habrían ocasionado un perjuicio superior de G. 311.580.000 a las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este.
De acuerdo a las investigaciones, se corroboró que las subcomisiones denominadas “Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares” y “Apoyo a Voluntarios Organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí. A pesar de esta situación, ambas fueron reconocidas mediante una resolución firmada por el líder del Partido Yo Creo el 10 de junio del año 2020.
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La Fiscalía refiere también que en ese contexto se gestionaron y obtuvieron aportes por G. 155.000.000 y G. 156.580.000 sin que existiera una contraprestación real. Para justificar los desembolsos, se habrían utilizado facturas emitidas por empresas que presuntamente no realizaron las operaciones comerciales declaradas. Asimismo, se verificó que los pagos se efectuaron en la misma fecha, registrándose coincidencias temporales entre las solicitudes, las autorizaciones, la emisión de facturas y el cobro de los cheques.
De acuerdo a la información proveída desde el Ministerio Público esta situación evidenciaría la existencia de un esquema organizado para el desvío de los recursos económicos de la municipalidad esteña.
A la vez, el órgano extrapoder calificó al esquema montado por funcionarios municipales y particulares como un “mecanismo estructurado, sistemático y organizado" con el fin de canalizar fondos públicos hacia entidades sin fines de lucro ficticias o instrumentalizadas.
Otros imputados
Además de Prieto fueron imputados Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este; Francisco Arrúa, director de Administración y Finanzas; Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero; Jorge Rivas Rivas Aponte, funcionario; Juan Esteban Quiroga Cañete, presidente de la Subcomisión de Apoyo a voluntarios de ollas populares; Marcos David Galeano Fernández, secretaria de la Subcomisión de ollas populares.
La lista de imputados sigue con Mirta Battochi Oviedo, tesorera de la Subcomisión de la olla popular; Luana Magdalena Silva, José Augusto Cardenas, Aníbal Pérez y Adriana Paola Martínez.
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Algisa: 10 fiscales encabezaron allanamientos simultáneos que derivaron en detenciones e incautación
El agente fiscal de Coronel Bogado, Rodolfo Colmán, junto a los agentes fiscales coadyuvantes Ever Williams, Giovanna Vera, Lorena Castelvi, Angelina Arriola, Zulma Britos, Francisco Martínez, Griselda González, Rocío Valdez y Enrique Fornerón, encabezó este sábado una serie de allanamientos simultáneos en el marco de la investigación por el asalto a la empresa Algisa.
Las diligencias se realizaron en las localidades de San Pedro del Paraná, Alto Verá, Carlos A. López, Encarnación y Yuty (departamento de Caazapá), y derivaron en la detención de dos personas, además de la incautación de armas de fuego y otras evidencias de interés para la causa.
Objetos incautados
Entre los objetos incautados estan; armas de fuego: una escopeta calibre 12 mm; dos pistolas calibre 9 mm; un revólver calibre .38. Cartuchos vivos sin percutir de diferentes calibres. Once teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.
Prendas de vestir varias (tácticas, camufladas, quepis, sombreros y guantes). Accesorios para armas de fuego.Seis pistoleras. Tres maletines con accesorios para pistola.Dos DVR. Dos radios walkie-talkie.Una motocicleta.
Los procedimientos se llevaron a cabo con el acompañamiento de personal del Departamento de Investigación de Delitos y el apoyo de las agrupaciones FOPE, GEO y LINCE, quienes brindaron resguardo y protección a las comitivas fiscales durante el desarrollo de los operativos.
Las evidencias incautadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para su análisis, en tanto continúan las diligencias investigativas para el esclarecimiento total de los hechos.
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Desde el 2027, la DNIT asumirá valoración y fiscalización inmobiliaria del RUN
El director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, destacó que Paraguay avanza hacia un sistema más moderno de fiscalidad inmobiliaria, apoyado en herramientas de Big Data e inteligencia artificial, que permitirán evaluar propiedades y perfilar riesgos de contribuyentes en el marco del Registro Nacional Unificado (RUN).
Durante una jornada organizada por Horizonte Positivo Paraguay, el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) expuso sobre el rol, competencias y desafíos de la fiscalidad inmobiliaria en esta nueva etapa, subrayando la incorporación de tecnología para optimizar la determinación tributaria.
Orué explicó que el uso de datos masivos e inteligencia artificial permite realizar avalúos inmobiliarios considerando indicadores económicos, incidencias y perfiles de riesgo, lo que apunta a una mayor precisión en la determinación del valor fiscal de los inmuebles y, por ende, en el cálculo del impuesto correspondiente.
Asimismo, recordó que la Ley N.º 7424/2025 asigna a la DNIT la valoración económica de los inmuebles, la determinación de la base imponible y la liquidación del impuesto inmobiliario, fortaleciendo el rol de la institución en la administración tributaria del sector.
En ese sentido, adelantó que a partir de 2027 la DNIT tendrá a su cargo tanto la valoración económica como la fiscalización inmobiliaria, utilizando los datos integrados en el Registro Nacional Unificado, aplicando valores fiscales y determinando el monto del impuesto a pagar.
El proceso brindará mayor transparencia y actualización permanente de la información inmobiliaria, en línea con las tendencias de modernización tributaria y digitalización del Estado.
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Corte Suprema acepta renuncias de magistrados, defensores públicos y fiscales por jubilación
El pleno de la Corte Suprema de Justicia aceptó las renuncias de varios jueces, camaristas, fiscales y defensores públicos, quienes se acogieron a la jubilación.
De acuerdo con lo aprobado por la máxima instancia judicial, todos los renunciantes dejarán sus cargos a partir del 1 de marzo.
Los ministros de la Corte aceptaron la dimisión de Delcy Cardozo Ramos, jueza de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de Ciudad del Este, y de Gladys Villamayor de Godoy, jueza de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia N.º 5 de la misma ciudad. Asimismo, se aceptó la renuncia de Juan Pablo Mendoza Benítez, juez penal de Sentencia de Asunción.
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Por otro lado, a partir del 1 de abril de 2026, dejarán sus funciones Estela Beatriz Cardozo Sánchez, agente fiscal, y Carla Mariela Mazó Benítez, defensora pública civil de la capital.
También se admitieron las renuncias de Cynthia Elizabeth Jiménez, defensora pública penal de la Circunscripción Judicial de la Capital; María Lourdes Noguera Añazco, defensora pública penal de Cordillera; y Karina Vázquez Acosta, defensora pública.
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