Durante el debate hoy en la sesión de la Cámara Alta, el senador Stephan Rasmussen, del Partido Patria Querida (PPQ), resaltó que a causa de la mezquindad política y la instalación de mentiras en la opinión pública por parte de varios sectores, su bancada no acompañó la aprobación con modificaciones de la Ley de Superintendencia de jubilaciones y pensiones.

“La mezquindad política de este cuerpo colegiado, especialmente del partido que está en el gobierno, que está pasando factura y también, por todas las mentiras instaladas desde otros sectores, hacen perder una oportunidad de sacar esto para el bien del país”, resaltó.

Explicó que los legisladores del PPQ escucharon a los diferentes sectores, en audiencia pública, respecto a esta normativa, por lo que se sugirieron importantes modificaciones para evitar que el Superintendente de Jubilaciones tenga “superpoderes”, conforme a la aprobación en la Cámara de Diputados.

A su vez cuestionó que se hayan instalado muchas mentiras respecto a la Ley desde la misma Cámara de Senadores. “Se instaló la mentira de que el Superintendente iba a administrar los fondos, que se iba a cambiar la edad de la jubilación, que el porcentaje de los aportes se iba a cambiar y la mentira mayor que ocasionó mucho miedo en la ciudadanía es que se iban a rifar los fondos jubilatorios”, remarcó.

Detalló que la bancada patriaqueridista introdujo cambios importantes al proyecto de Ley, como elevar la categoría del Consejo para que pueda equiparar la responsabilidad al del Superintendente; se cambiaron los límites de inversión y el porcentaje de inversión de bonos del tesoro, que era de hasta el 67%, en el proyecto original.

Otras de las modificaciones introducidas, según dijo es el porcentaje de préstamos para los afiliados, que era hasta solo el 20%, lo cual era muy bajo y se aumentó de modo a que llegue hasta el 90% a pedido de la ciudadanía.

Explicó también que se agregó la obligación de que el Instituto de Previsión Social (IPS) pueda vender inmuebles sólo con una autorización por ley, porque se podía abrir una situación de potencial corrupción.

Aseguró que la intención de la Ley de Superintendencia es que se controlen puntillosamente los fondos jubilatorios, de modo a que no se rifen los recursos “así como ya se rifaron en el pasado, tanto en inversiones locales como extranjeras”, aseveró.