Tras reunirse con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en Washington DC (Estados Unidos), el presidente electo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, divulgó desde su cuenta en Twitter que ambos “ratificamos el compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos en el continente, así como la disposición de continuar trabajando juntos.”
El titular de OEA retribuyó la declaración del futuro Jefe de Estado paraguayo – también desde el Twitter – señalando que “con su apoyo, trabajaremos para fortalecer aún más las labores en favor de los derechos de los ciudadanos de las Américas.”
Ya en una entrevista con EV TV, un canal con sede en Miami creado a raíz de la diáspora venezolana, Abdo expresó que “el mundo es solidario con lo que está ocurriendo con el pueblo venezolano.”
“Hago un llamado para la apertura de un diálogo y de una solución. Paraguay siempre va a contribuir en la defensa de la democracia. Que vean el padecimiento de su propio pueblo y permitan el canal de ayuda humanitaria que se le ofrece a Venezuela”, añadió.
Dijo también que su Gobierno acompañaría la investigación en la Corte Penal Internacional sobre Nicolás Maduro.
“Nada debe quedar impune. La defensa de la democracia es obligación de todos los pueblos que defendemos la libertad. Venezuela era el faro que alumbraba la senda de la democracia en Latinoamérica. Esperemos que recupere la senda de la libertad y la democracia”, finalizó.
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Filtración de Seprelad: Sala Penal rechaza otra chicana de abdistas
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recusación contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, planteada por la defensa de los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer terrorismo de Estado y persecución política mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Mediante las chicanas impulsadas apuntaban a bastardear la causa penal con la finalidad de buscar impunidad. Los abogados sostuvieron en sus recusaciones que el titular del Ministerio Público ha demostrado un actuar sesgado, adoptando posiciones que favorecen a una de las partes y su actuación en la conformación de equipos de trabajo.
Mientras que la Sala Penal de la máxima instancia judicial, conformada por César Diesel, Gustavo Santander Dans, Manuel Ramírez Candia, entiende que los argumentos esgrimidos por los letrados no constituyen motivos válidos para separar de la causa a Rolón.
Mediante esta decisión, Rolón podrá analizar la recusación pendiente impulsada también por los abogados abdistas contra la fiscala adjunta Matilde Moreno, que a su vez debe estudiar otras recusaciones contra los fiscales inferiores. Cabe recordar que la audiencia preliminar para los procesados sigue pendiente.
ANTECEDENTES
Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Mientras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola poseen fueros. La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.
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Abandono de Abdo al barrio San Francisco dejó un agujero de G. 30.000 millones
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, lamentó el abandono que sufrieron las 1.000 familias vulnerables del barrio San Francisco, a raíz del odio y revanchismo político que predominó durante el gobierno del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Agregó que la millonaria deuda por la prestación de servicios básicos es una muestra clara de la desatención que padecieron los pobladores del complejo habitacional.
“El barrio tuvo un abandono de cinco años, en ese periodo ni siquiera el consumo eléctrico y agua se regularizó. Nosotros tenemos una deuda multimillonaria con la Administración Nacional de Electricidad y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay”, sostuvo.
El secretario de Estado detalló que la deuda ocasionada por la administración de Abdo Benítez con ambos entes trepa a G. 30.000 millones. “Hoy existe un proceso de regularización, estamos trabajando, buscando soluciones”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba Hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Las afirmaciones de Baruja surgieron antes de las denuncias realizadas por los pobladores del barrio, consistente en la falta de titulación de sus viviendas. “Estamos en permanente contacto con ellos, y muchas veces entendemos que, lógicamente, hay ansiedad, pero se requieren tiempos para lograr las documentaciones, porque realmente todo el trabajo paró durante el gobierno anterior”, comentó.
El barrio San Francisco fue edificado durante la administración presidencial de Horacio Cartes, en homenaje al papa Francisco, quien visitó Paraguay en 2015 y falleció el lunes 21 de abril a los 88 años de edad a causa de un derrame cerebral e insuficiencia cardíaca en la Casa Santa Marta.
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El “fraude horroroso” del que habla Maduro fue en Venezuela
- Por Juan Carlos Dos Santos G.
- juancarlos.dossantos@nacionmedia.com
La denuncia de fraude electoral realizada por Luisa González tras su derrota en la segunda vuelta de las elecciones generales en Ecuador el pasado 13 de abril rápidamente encontró eco entre sus aliados ideológicos, como los presidentes Gustavo Petro, de Colombia; Claudia Sheinbaum, de México y, por supuesto, el presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro.
Es evidente el respaldo del sector progresista a la “delfina” del expresidente Rafael Correa, condenado en ausencia a ocho años de prisión por la Justicia ecuatoriana.
Que alguien como Nicolás Maduro haya calificado de “fraude horroroso” los comicios en Ecuador resulta totalmente sorprendente, considerando lo ocurrido en las elecciones de julio de 2024 en Venezuela, donde organismos internacionales fueron impedidos de participar como observadores, por decisión del régimen chavista.
Solo enviados del Centro Carter lograron ingresar al país con el objetivo de supervisar al menos parcialmente el proceso. Primó la expectativa de Maduro de encontrar afinidad ideológica en esa institución estadounidense, considerada cercana al progresismo. Sin embargo, fue el propio Centro Carter quien confirmó lo que muchos ya intuían: el verdadero vencedor de los comicios venezolanos fue Edmundo González, con una abrumadora mayoría de votos, constatada en gran parte del territorio nacional.
Pero Maduro no estaba dispuesto a ceder el poder ni a respetar las reglas del juego democrático, el mismo que en su momento permitió a Hugo Chávez llegar al Gobierno, para luego adaptar las normas a su medida con el fin de perpetuarse. Esa lógica continúa vigente bajo Maduro.
El único organismo internacional que pudo certificar objetivamente las elecciones venezolanas fue categórico: Maduro fue derrotado.
En Ecuador, el 13 de abril, Daniel Noboa se impuso en segunda vuelta con el 55,83 % de los votos válidos, frente al 44,17 % obtenidos por la progresista Luisa González.
Curiosamente, ambos apellidados González vivieron realidades muy distintas: uno fue elegido legítimamente por su pueblo, pero le fue negado el derecho a gobernar por una dictadura; la otra simplemente perdió en las urnas.
En el caso ecuatoriano, tanto la Unión Europea como la Organización de Estados Americanos (OEA), junto a diversos observadores internacionales, avalaron la transparencia del proceso electoral que dio el triunfo a Noboa.
Que Nicolás Maduro tache de “fraude horroroso” unas elecciones limpias y verificadas en Ecuador forma parte de la estrategia de la izquierda internacional: acusar a sus oponentes de los vicios que ellos mismos practican.
Este patrón se repite a nivel global en escenarios de fuerte polarización ideológica. El modus operandi es siempre el mismo: proyectar sus propias faltas en sus adversarios. Lo vemos en Europa y, de forma aún más evidente, en el conflicto de Medio Oriente entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Y ahora, este discurso se afianza en América Latina, donde varios líderes progresistas no solo son populistas, sino que además llegan al poder con escasa preparación, con la excepción –vale reconocerlo– de la presidenta de México.
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Paran deportación de venezolanos
La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió ayer sábado la deportación de varios supuestos pandilleros venezolanos desde Texas a una prisión salvadoreña, decretada en virtud de una ley del siglo XVIII.
El presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, invocó el mes pasado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para arrestar a supuestos miembros de la banda Tren de Aragua y deportarlos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Hasta ahora, la ley se había usado solamente durante la guerra de 1812 contra el Imperio británico y sus colonias canadienses, así como en las dos guerras mundiales del siglo XX.
“Se ordena al gobierno no expulsar de Estados Unidos a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos hasta nueva orden de esta corte”, decretó el máximo tribunal. La decisión responde a la apelación de emergencia presentada por abogados de derechos humanos para frenar la deportación de migrantes actualmente retenidos en un centro del estado de Texas (sur).
En el recurso presentado el viernes por la noche, la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés) argumentó que se había comunicado al grupo de venezolanos retenidos en Texas que “iban a ser expulsados inminentemente” en virtud de esa ley.
“Estos hombres estaban en peligro inminente de pasar sus vidas en una horrorosa prisión extranjera sin haber tenido nunca la oportunidad de ir a un tribunal”, afirmó el abogado de la ACLU, Lee Gelernt.