El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, informó este martes que se encuentran trabajando para determinar el origen del ciberataque que sufrió la cuenta oficial del presidente de la República, Santiago Peña, en la plataforma social X.

“Es difícil de identificar el origen, no fue un ataque sencillo, realmente se utilizaron técnicas relativamente avanzadas para poder realizar esta infiltración, pero tenemos indicios desde dónde se hicieron”, comentó Villate en una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, acompañado por el director general de Ciberseguridad de la cartera estatal, Pedro Martínez.

“Este tipo de ataques tiene diferentes intenciones, pero los indicios hacen indicar que esto fue un intento de fraude para recaudar fondos por el propio anuncio”, puntualizó.

Agregó que el Gobierno se encuentra trabajando con organismos internacionales para realizar la trazabilidad del ataque. Señaló que el caso también ya fue comunicado al Ministerio Público a la espera de que se realice la apertura de una investigación de oficio.

Detalló que la filtración se dio mediante una cuenta del equipo de comunicación del Poder Ejecutivo que administraba el perfil del mandatario. “Estaba relacionado a una cuenta de email que era utilizada por unos de los miembros del equipo de comunicación, la cual ya fue identificada y subsanada por completo”, comentó Villate.

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Como medidas de seguridad se tomó la decisión de reducir la cantidad de funcionarios encargados de gestionar las redes sociales de Peña. Además, como medidas preventivas se concretaron revisiones y auditorías de las cuentas que tienen administración de los perfiles de entes del Estado y el monitoreo de las sesiones abiertas.

“Si solo decimos que el control es una cuestión de inversión en recursos estamos fracasando. En la mayoría de los escenarios, el 90 % de los accesos o vulneraciones se dan por debilidad en el uso humano de las herramientas y no por la infraestructura que se tiene. Entonces, esto es una cuestión de capacitación", puntualizó Villate.

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Por otra parte, el funcionario de Estado afirmó que existe un trabajo coordinado con el Ministerio de Defensa Nacional en materia de ciberseguridad y ciberdefensa. “En la Estrategia Nacional de Ciberseguridad se contempla esta fuerza conjunta entre Mitic y el Comando de Ejército y las Fuerzas Armadas para poder realizando fortalecimientos”, refirió el secretario de Estado.

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Muvh), Juan Carlos Baruja, informó que el gobierno de Santiago Peña gestionó 26.000 viviendas populares hasta la fecha, con la entrega de 16.000 hogares a las familias en situación de vulnerabilidad.

“Yo tuve la suerte de pasar por varios cargos, fui intendente, gobernador, ministro de Agricultura y Ganadería, pero no encontré nada más satisfactorio que entregar las llaves de una vivienda a personas que anteriormente tenían una vivienda de tablas, techos de chapas y pisos de tierra, con una sola pieza”, indicó Baruja en una entrevista con el programa “Mina en casa”.

Baruja detalló que los sectores más favorecidos con las soluciones habitacionales son las personas de la tercera edad, nativos y madres solteras. “Cada día de Gobierno, cada inauguración son lágrimas de la gente que transformó su vida. Estas viviendas son destinadas para la gente con bajo ingreso o quienes no tienen ningún ingreso”, mencionó.

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Entre los programas implementados por la cartera estatal para la provisión de viviendas populares a personas en condición de vulnerabilidad figuran el Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis) y Che Tapýi.

El programa Fonavis tiene como finalidad otorgar subsidios a familias de estratos socioeconómicos bajos para que puedan acceder a una vivienda digna y así generar un gran impacto social.

Mientras que Che Tapýi es considerado como un proyecto integral, que contempla la construcción de viviendas sociales e infraestructura básica. Esta dirigido a familias que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, nucleados en “grupos organizados en comisión vecinal u otra organización social de base”, reconocida por la municipalidad local.

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El senador Derlis Maidana, representante de la Cámara Alta ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), confirmó que la próxima semana se tratará el proyecto que plantea poner fin a las comunicaciones privadas entre enjuiciados e integrantes del organismo extrapoder, debido a que existe un gran interés en devolver la credibilidad ciudadana a esta institución.

“Se postergó por 7 días la aprobación en general en razón de que se va a remitir el proyecto a cada miembro del Jurado para que puedan hacer aportes, pero en líneas generales, estamos de acuerdo en que quienes tengan litigios de emergencia, ya sean abogados defensores, jueces, fiscales y abogados que hagan su descargo o presentaciones en forma pública, que se les prohíba a los miembros tener audiencias privadas con las partes litigantes”, explicó.

En contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el legislador detalló que el proyecto fue presentado por la doctora Alicia Pucheta en la sesión de este jueves 27 de febrero, pero se decidió postergar el estudio y aprobación de modo a que cada uno de los miembros pueda analizar en profundidad y realizar correcciones o introducir elementos si así lo considerasen pertinente.

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“Eso está para ser aprobado el próximo jueves en general y en particular y será de implementación inmediata para secundar también lo que dijo el presidente electo del JEM, de que va a limpiar la institución. Sabemos que otorgarle credibilidad al JEM va a tener su proceso, pero la tarea se comienza de la mejor manera y es poniéndole al frente a un magistrado de larga lucha en el ámbito de la Justicia”, refirió Maidana sobre la nueva elección del organismo.

Este cambio que realizará el JEM en torno a las comunicaciones entre los integrantes y los enjuiciados, responde a la recomendación de la última Cumbre de Poderes, instancia donde se instó implementar la iniciativa 28 de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, a través de la cual exhortan a la activación de mecanismos para restringir las comunicaciones privadas entre miembros y procesados, apuntando a que estas sean oficiales y públicas.

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El doctor César Garay, ministro de la Corte Suprema de Justicia, fue electo como nuevo presidente del JEM, mientras que Alicia Pucheta y Derlis Maidana fueron electos como vicepresidente primero y segundo respectivamente. El parlamentario resaltó la elección realizada por el organismo extrapoder y la importancia de que un perfil como el de Garay sea quien dirija en estos momentos la institución.

“Yo creo que es el hombre indicado, por su trayectoria y por el conocimiento del derecho, por toda su lucha, es el doctor César Garay quien debe presidir el Jurado en estos momentos y le acompañamos como vicepresidentes con la doctora Alicia Pucheta. La bomba estalló en su tiempo, pero creo que nadie puede dudar de la integridad”, aseveró.

A pedido del Ministerio Público se suspendió la audiencia preliminar para 21 personas acusadas por supuesta estafa y asociación criminal, por el proceso penal del esquema formado para solicitar dinero a cambio de contratos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS).

El representante del Ministerio Público, Orlando Paiva, asumió desde este martes la unidad fiscal que pertenecía a su colega Sandra Ledesma, razón por la cual solicitó la suspensión de la audiencia preliminar. Ante este hecho la magistrada de Garantía, Alicia Pedroso, fijó para los días 11, 12 y 13 de marzo la realización de la diligencia judicial.

Los acusados son:

• Zulma Verónica Villalba Colmán
• Eduvigis Espínola
• Fátima Patricia Agüero Stehlik
• María Luján Aguilera Chaparro
• José Manuel Agüero Stehlik
• Carlos Barreto Ocampos
• Jennifer Karina González
• José Genaro Santacruz Frutos
• Reina Torres Vda. De Duarte
• Rodolfo Ramón Velázquez Caje

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Los acusados para quienes se pidió juicio oral son:

• Yolanda Teresa Balbuena Martínez
• Jorge Manuel Ferreira
• Edgar David Amarilla
• Lourdes Rocío Agüero Stehlik
• Carolina Martínez Escurra
• Blas Antonio Verón
• Fátima Adelaida González
• Hilario Velázquez Santacruz
• Jorge Felipe Saboredo
• Cynthia Adriana Caje Cabral
• Juana Anastasia Torres Coronel

De acuerdo al Ministerio Público, los acusados formaron un esquema de reclutamiento de personas, a quienes solicitaban entre G. 1.500.000 y G. 15.000.000 por acceder a un puesto laboral o conseguir ascensos en la previsional, según la acusación.

El presente proceso penal tuvo su inicio luego de la recepción del escrito de denuncia formulada por la jefa del Departamento de Asuntos Legales del IPS. Ante la denuncia, el Ministerio Público realizó varios procedimientos, logrando la detención de las personas nombradas más arriba.

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