La Cámara de Senadores otorgó por unanimidad media sanción al proyecto proyecto de Ley “Que modifica el artículo 10 de la Ley Nº 5407/15, del Trabajo Doméstico”, lo que establece que las trabajadoras perciban el salario mínimo. El proyecto pasa a Diputados para su estudio.
El artículo 10 dispone el salario mínimo legal para los trabajadores domésticos que se beneficiarán del régimen de salario mínimo legal.
El salario mínimo actual es de G. 2.041.123, que con el aumento decretado en la fecha irá G. 2.112.562 que regirá desde el 1 de julio. Si el proyecto se convierte en ley las trabajadoras domésticas deberán percibir esta suma de forma mensual.
Además, la modificación establece que las personas que trabajen en turnos discontinuos o jornadas inferiores a la jornada máxima legal, no podrán recibir remuneraciones que sean proporcionalmente inferiores al salario mínimo legal para esta actividad.
La representante de las trabajadoras domésticas, Librada Maciel, señaló que la aprobación de este proyecto de ley les levanta el ánimo y que son merecedoras de este aumento.
"Somos mujeres muy sacrificadas y valientes. Con nosotras nadie cumplía la ley. En principio era 40%, luego 60%. Ahora con esto de que querían pagarnos con 30% en especies no estábamos de acuerdo. Querían darnos comida, techo y hasta el tereré. Estamos más que felices", expresó Maciel, en contacto con la 1020 AM.
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Senatur y la UNE impulsan Observatorio Turístico para fortalecer el destino Alto Paraná
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Esta mañana fue presentado el proyecto de creación del Centro Observatorio Turístico de la Universidad Nacional del Este (Cotur-UNE), ante el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Javier Ramírez. Fue en una reunión entre autoridades de la UNE y de la Senatur en el rectorado de la UNE.
El plan está orientado en fortalecer la investigación, la planificación y la generación de información estratégica para el sector turístico y hotelero de Alto Paraná.
Impulsado por la carrera de Turismo de la Facultad Politécnica de la UNE, el proyecto pretende “trabajar en la caracterización de los visitantes, la identificación de sus perfiles y preferencias, y el análisis de las motivaciones que los llevan a visitar Ciudad del Este, especialmente como destino de compras”, según divulgaron desde la Senatur.
Agregaron que los “datos permitirán comprender mejor la dinámica turística y contribuir a la toma de decisiones y al diseño de estrategias para el sector”.
El ministro Ramírez consideró necesario agilizar la puesta en marcha del Observatorio, ante “la necesidad de contar con información estadística en el corto plazo, particularmente ante los importantes eventos previstos para noviembre en Ciudad del Este.
Como parte de la reunión, se firmó una Carta de Intención que establece el compromiso de renovar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Senatur y la UNE, con el objetivo de “formalizar y articular las acciones conjuntas en materia de investigación, formación académica y desarrollo turístico”.
Por la UNE asistieron el rector, ingeniero agrónomo José Sánchez; el decano de la Facultad Politécnica, ingeniero Walter Duarte; la coordinadora de la carrera de Turismo, licenciada Mirta Ramos; y el profesor investigador de Turismo, licenciado Mario Rojas. También estuvo el presidente de la Asociación de Hoteleros de Alto Paraná (Ashotel), ingeniero Agustín Portillo Pineda.
El titular de la Senatur también asistió a otras dos actividades: la mesa de trabajo interinstitucional orientada al desarrollo y fortalecimiento de los servicios turísticos de Ciudad del Este y el cierre del ciclo de visitas del programa Pequeños Turistas 2026, desarrollado en el Complejo Turístico de Itaipú, en Hernandarias, Alto Paraná.
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Plantean hasta 10 años de cárcel por difundir información falsa que provoque pánico financiero
El diputado nacional por el departamento de Guairá, Alejandro Darío Aguilera Elizaur, presentó un proyecto de ley que plantea sancionar con hasta diez años de cárcel la difusión intencional de información falsa destinada a generar pánico financiero. La propuesta apunta a evitar que rumores o publicaciones engañosas desencadenen retiros masivos de dinero y pongan en riesgo los ahorros de la ciudadanía.
La iniciativa establece penas de hasta cinco años de prisión o multas para quienes divulguen falsedades a sabiendas. La sanción podría elevarse a ocho años si la conducta provoca una afectación grave de la liquidez de una entidad bancaria o si se utiliza indebidamente información reservada. En los casos considerados de extrema gravedad, con daños comprobados, la pena podría alcanzar los diez años de cárcel.
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El proyecto también incorpora disposiciones relacionadas con la libertad de expresión y de prensa. Según los puntos difundidos sobre la iniciativa, la normativa no habilitaría la censura previa y mantendría las garantías vinculadas al secreto de imprenta y la reserva de las fuentes periodísticas.
Como antecedente, la propuesta retoma una iniciativa impulsada por la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN) en 2017, orientada a combatir maniobras de competencia desleal y la circulación de rumores malintencionados que pudieran afectar al sistema financiero.
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Instalan mesa técnica para estudiar proyecto sobre protección laboral infantil
La Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud de la Cámara de Senadores instaló una mesa de trabajo con autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) y del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) para analizar el proyecto sobre protección laboral de niños y adolescentes.
Según la proyectista, se busca garantizar a niños y adolescentes el derecho a ser protegidos contra el trabajo infantil, mediante acciones de prevención, detección, atención, sanción y reparación de los daños ocasionados por estas prácticas.
La senadora Lizarella Valiente fundamenta que Paraguay cuenta actualmente con un listado de las formas de trabajo infantil peligroso, establecido mediante el Decreto n.º 4951/2005.
Sin embargo, en su proyecto de ley señala que este instrumento resulta insuficiente, debido a que no contempla un régimen sancionatorio específico y eficaz que permita castigar estas prácticas y evitar situaciones que pongan en riesgo la vida, la salud y la integridad de niños y adolescentes.
Durante la reunión realizada este jueves se acordó revisar nuevamente las modificaciones planteadas por ambas instituciones, para posteriormente realizar una reunión conjunta con las comisiones de Legislación y de Derechos Humanos.
Se apunta a consensuar el texto y emitir el dictamen correspondiente, antes de su consideración en plenaria, conforme expresó la directora de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, abogada Margarita Yahari.
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Link Center inicia obras con inversión de USD 105 millones en Asunción
El proyecto de uso mixto, impulsado por Cresia, y respaldado financieramente por Cadiem, inició oficialmente su construcción con una inversión estructurada de USD 105 millones.
Comienzo formal. Link Center dio un nuevo paso en su desarrollo con la realización de la palada inicial, acto que marca el comienzo formal de las obras y el paso de la etapa de estructuración financiera y diseño a la fase de ejecución.
El proyecto, ubicado en Asunción, contempla más de 100.000 m² de desarrollo y está estructurado a través del mayor fondo de inversión del país, con un tamaño de USD 105 millones.
La construcción estará a cargo de Benítez Bittar Constructora, firma adjudicada tras un proceso de licitación que evaluó trayectoria, solvencia técnica, capacidad de ejecución y experiencia en proyectos de gran envergadura.
Un desarrollo de uso mixto. Link Center integrará una torre corporativa Triple A, con plantas libres de hasta 1.500 m², espacios flexibles y circulaciones optimizadas; un paseo comercial abierto con gastronomía, retail y servicios; y dos torres residenciales con concepto hotelero.
El desarrollo también contará con más de 900 cocheras y amenities. El diseño incorpora criterios de sostenibilidad, como eficiencia energética, menor impacto en el uso de agua y materiales, además de espacios verdes con vegetación nativa.
Se proyecta una reducción de entre 20 % y 40 % en el consumo de energía, mientras avanzan los procesos para las certificaciones LEED Gold y WELL Building.
Un fondo para financiar el proyecto. El proyecto es financiado mediante un fondo administrado por Cadiem Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión, con un tamaño de USD 105 millones.
El vehículo permite la participación de inversionistas individuales mediante la adquisición de cuotaspartes y contempla una TIR mínima objetivo de 13 %, una inversión mínima de USD 250.000 y un plazo estimado de entre 8 y 15 años.
La calificación de riesgo del fondo es Feller Rate AA-f/S3, con perspectivas estables, según abril de 2026. Los rendimientos y demás cifras corresponden a objetivos del fondo y no constituyen garantía de retorno.
Un equipo con experiencia. La iniciativa reúne a Cresia, responsable de la concepción, gestión integral y comercialización; Cadiem, como administradora del fondo; Gómez Platero, a cargo de la arquitectura; PHI Capital Partners, como asesor financiero, y Benitez Bittar, como constructora.