El conflicto en la Contraloría General de la República crece día a día. Los funcionarios de esta entidad presentaron una denuncia contra el propio Contralor, José Enrique García, por la supuesta comisión de irregularidades. Asimismo, un alto funcionario de la entidad decidió renunciar a su cargo, molesto con algunas decisiones tomadas a nivel interno.

Entre las irregularidades que menciona la denuncia existen por ejemplo el desvío de dinero así como plata no rendida por viajes al exterior, según indicó Miguel von Schocher, del sindicato de funcionarios de la Contraloría.

“El mismo contralor y otras personas jurídicas fueron a hacer un curso a España por seis días pero se quedaron 10 y cobraron viatico por 10” denunció von Schocher, quien insistió que “hay montos de dinero público que fueron desviados y que afectan a las arcas del Estados”.

Por otra parte, aseguró que hay “muchísimos cargos nuevos en la estructura que creó el contralor y que modifica constantemente para crear nuevos cargos”. Asimismo, cuestionó la contratación de la Consultora CAE, representada por Norma María Martínez Irigoitia y Marcelo Scappini Ricciardi, para la elaboración del manual de funciones del ente.

De acuerdo a la denuncia formulada por los funcionarios, estos dos contratados habrían cobrado la suma de G. 108 millones cuando finalizó el contrato, en noviembre del 2017. Sin embargo, en la Contraloría no existe un documento que avale la realización del trabajo.

El dato desalentador para los funcionarios es sin considerar sus antecedentes, Martínez Irigoitia fue nombrada en noviembre pasado como directora general de Gabinete, un estamento que depende y trabaja directamente con el contralor García.

Pero no sólo la denuncia hecha por los funcionarios se suma al dolor de cabeza para el Contralor. Asimismo, otro hecho que ensombrece aún más el panorama en esa institución clave para el control estatal es la renuncia de una altísima autoridad.

Se trata de Domingo Quiñónez Astigarraga, hermano de la flamante Fiscala General, Sandra Quiñónez, quien decidió renunciar debido a las decisiones tomadas por el Contralor en materia administrativa. El mismo se desempeñaba como titular de la Dirección de Control de Organismos Municipales y Departamentales.

El citado funcionario habla en su carta de renuncia de “un desgaste institucional” ya que su dirección quedaba relegado en la nueva estructura organizacional de la institución. Asimismo, lamentó que no se haya podido auditar las gestiones ni de municipios ni gobernaciones en razón de cuestiones arbitrarias y que responden a intereses políticos.