El senador Adolfo Ferreiro, de Avanza País, criticó el polémico proyecto de elevar el impuesto a la soja ya que conllevaría un negociado de 250 millones de dólares adicionales para las multinacionales. Lamentó que los productores terminarán siendo perjudicados.

“Se establece un 10 por ciento a la exportación de soja y eso va a trasladarse al precio a los cuales los silos y las multinacionales le van a comprar a los productores y le van a descontar. Si la soja vale 500, le van a pagar 450, o tal vez un poco menos, incluso”, señaló Ferreiro, en comunicación con La Nación.

Explicó que los pequeños productores van a pagar el cinco por ciento del 10 establecido en el proyecto para que finalmente las multinacionales puedan completar lo restante. Es decir, terminarían pagando solo el cinco por ciento.

El senador destacó que solo la mitad de la producción de la soja se exporta y la otra mitad se procesa en el país. De esta manera, los agroexportadores abonarían solo por la mitad del 50 por ciento, es decir, 25 por ciento, y lo restante, otros 25 por ciento, tiene un destino poco claro, dando a entender que muchos serían los interesados.

“Hasta ahora no pueden refutar que hay un beneficio para las compañías multinacionales de 250 millones de dólares porque es lo que se calcula que iba a recaudarse por la exportación, que es de 500 millones de dólares”, aseveró Ferreiro.

A su criterio, es un proyecto “vergonzoso, injusto, castiga al productor”. Criticó que el documento pretende hacerle pagar el impuesto a la gente que pierde dinero. Además, aseguró que “tiene todos los defectos de un impuesto mal hecho”.

El legislador sostuvo que el negarse a discutir es demasiado sospechoso y que habría muchos intereses en juego ya que con el 10 por ciento de los 250 millones de dólares, equivalente a 25 millones de dólares, cualquier movimiento o partido político puede pagarse una campaña electoral.

El proyecto fue presentado en la Cámara Alta por la bancada del Frente Guasu y actualmente tiene una aprobación en general. Falta el estudio en particular del documento. Los principales propulsores son los legisladores de la concertación, como Carlos Filizzola, Hugo Richer, Esperanza Martínez, Fernando Lugo y Sixto Pereira.