La Cámara de Senadores aprobó en sesión extraordinaria la modificación de la ley 1535/99, de administración financiera del Estado, con lo cual deroga la facultad del Ejecutivo para vetar el Presupuesto General de la Nación (PGN). La propuesta fue presentada por el senador de Avanza País, Adolfo Ferreiro.

La modificación de esta ley establece que “el ejercicio financiero o ejercicio fiscal se iniciará el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año, en las situaciones previstas en el artículo 217 de la Constitución Nacional seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso”.

Con esta modificación la Cámara Alta quiere blindar el PGN que se apruebe en el Congreso Nacional y evitar el veto del Poder Ejecutivo, tal como se dio el año pasado con el presupuesto para el 2017. Ferreiro señaló que no existe tal atribución del Poder Ejecutivo para vetar el presupuesto aprobado en el Congreso y que el mismo debe aceptar la decisión del Poder Legislativo.

“La sanción del presupuesto, es una atribución soberana del Congreso, no es una ley ordinaria que se puede vetar porque en la misma Constitución se tiene un tratamiento especial, por ejemplo cualquier legislador quiere proponer cualquier ley, pero el presupuesto solo puede proponer el Ejecutivo”, explicó el senador.

Agregó que el tratamiento del PGN es un tratamiento especial y ese procedimiento fue ignorado con la creación de la ley para el veto, cual es el artículo 19 de la Ley 1535/99.

Esta normativa, establece que en las situaciones previstas en el artículo 217 de la Constitución Nacional seguirá vigente el ejercicio fiscal en curso; también seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso; a) durante la tramitación de la objeción parcial o total del Poder Ejecutivo del proyecto de ley del presupuesto general de la Nación sancionado por el Congreso; b) cuando acepta la objeción parcial del Congreso éste no decidirá sancionar la parte no objetada de dicho proyecto, y; c) cuando producida la objeción total ambas Cámaras no confirmarán la sanción inicial del Congreso.