Una mujer de 78 años de edad denunció que fue salvajemente agredida por su propia hija con una varilla de metal en la ciudad Yaguarón, departamento de Paraguarí. Se trata de la tercera vez que es víctima de agresión, pero en esta oportunidad presenta lesiones graves en el brazo y cuello.

El hecho se registró durante el fin de semana, cuando doña Tomasa Delgado fue auxiliada por sus vecinos. La persona que la agredió es su única hija, identificada como Marta Concepción Coronel, de 45 años, quien es alcohólica y exige a su madre dinero para sus vicios, ante la negativa termina agrediéndola.

“Es la tercera vez que la ataca, pero esta vez casi acabó con su vida. Le pegó con una varilla de metal, a mi me alertaron los demás vecinos y realizamos la denuncia ante las autoridades”, explicó Nidia González, en entrevista con C9N.

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Resaltó que la golpeó en todo su cuerpo, pero que la lesión más grave la tienen en el brazo izquierdo y en la nunca. “Cuando llegamos a la casa la hija estaba forcejeando con otra persona que estaba intentando defender a doña Tomasa, ella no contó que le pidió plata y no tenía, eso desató la furia”, señaló.

Agregó que la hija vive frente a su casa, pero que constantemente amedrenta a la sexagenaria. “Ella tiene miedo, todos los días la visito y la encuentro llorando. Ahora tomó la decisión de denunciarla, porque tienen miedo a que le haga algo peor”, aclaró.

Nidia manifestó que siempre acompaña a doña Tomasa a sus consultas y que la visita todos los días para que tome sus medicamentos. Lastimosamente, la victimaria se encuentra libre y reside frente a la vivienda de la mujer, quien teme por su vida. Los vecinos piden que las autoridades hagan algo.

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El director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, informó que la próxima semana se iniciará la verificación de las máquinas de votación de las tres empresas que se presentaron en la licitación pública para la adquisición de las 28.000 máquinas. Este proceso se reanuda con el levantamiento de una medida cautelar, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de una firma que no cumplía con los requisitos.

“A partir de ahora tenemos en frente el proceso de verificación técnica de las máquinas de votación. Hay que recordar que cada una de las tres empresas que están en carrera hoy día presentaron cinco muestras de las máquinas que están ofreciendo. Entonces, el equipo técnico de la Justicia Electoral, a pedido del Comité de Evaluación, va a proceder a partir de la próxima semana a la verificación técnica de cada una de estas máquinas”, refirió Ruiz Díaz en conversación con la 1020 AM.

El proceso de verificación consiste en las pruebas de votación, de resistencia de batería, pruebas de calor, prueba del lector, de impresora, las máquinas serán desarmadas para revisión, un trabajo intenso que dura alrededor de 12 horas para cada máquina, por lo que se estima que esta etapa tendrá una duración de tres semanas, aproximadamente.

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Posterior a la verificación técnica se debe realizar la apertura de los sobres económicos entregados por las empresas. Luego, el grupo evaluador emite un informe al Comité de Evaluación, que realiza el análisis en conjunto de la parte documental con el resultado de las pruebas técnicas, y emite una recomendación al Tribunal Superior de Justicia Electoral, de la cual ”puede resultar que pasen las tres empresas o que alguna de ellas quede por el camino”, de acuerdo a las explicaciones del alto funcionario electoral.

A partir de ahí, el Tribunal Superior emite su resolución para adjudicar a una de las empresas, lo que se estima ya se estaría cerrando el proceso de licitación para finales de este año. Estas máquinas ya serán utilizadas en las elecciones internas partidarias, previo a las elecciones municipales del 2026.

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El director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, explicó que en el caso de destitución de un intendente por la Cámara de Diputados en el marco de un proceso de intervención, la institución electoral debe emitir una resolución para determinar si el gobernante destituido puede volver a presentar una candidatura para el cargo.

Con la destitución, la Justicia Electoral debe convocar a elecciones para completar el periodo hasta el 2026, mientras que en el caso de renuncia, la Junta Municipal deberá elegir al nuevo administrador municipal. Actualmente, las gestiones de los intendentes de Asunción, Óscar Rodríguez, y de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se encuentran intervenidos desde junio pasado.

“Eso está supeditado a decisiones que tienen que tomar la parte jurisdiccional de la Justicia Electoral. Son los jueces que van a determinar porque la Constitución Nacional dice que, en caso de destitución, la Justicia Electoral organizará la elección para reemplazar al que fuera destituido. Yo no sé si se puede reemplazar a uno mismo, eso van a tener que resolver los jueces”, explicó Ljubetic, en entrevista para el programa “Tarde de perros” de Universo 970 AM/Nación Media.

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El alto funcionario indicó que la interpretación está a cargo del juez electoral y del Tribunal Electoral de la Capital, que deberán emitir una resolución sobre la situación y, además, incluso podría llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para resolver el caso.

“La Constitución dice claramente ‘para reemplazar al que fuera destituido’. Por eso, tendríamos que analizar, yo no quiero emitir opinión, no está bueno que yo opine sobre algo que definitivamente tienen que resolver los jueces. El juez electoral de la Capital y luego el Tribunal Electoral de la Capital, y finalmente podría ir hasta la Corte eso, en inconstitucionalidad”, apuntó Ljubetic a Nación Media.

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La Dirección Nacio­nal de Contratacio­nes Públicas (DNCP) informó que ayer la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de apelación presentado por la DNCP en el caso de “Urnas electrónicas” del Tribunal Superior de Jus­ticia Electoral (TSJE).

De acuerdo al informe de Contrataciones Públicas, esta decisión de la máxima autoridad judicial permite el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el Tri­bunal de Cuentas-Tercera Sala a favor de la firma Bypar SA, que había suspendido temporalmente el avance del proceso licitatorio.

“Esta resolución representa un paso relevante hacia la garantía de la legalidad y la transparencia en los pro­cedimientos de contrata­ción pública, reafirmando el compromiso de la DNCP con el respeto al debido proceso y a la correcta aplicación de la normativa vigente”, expresa el comunicado.

Cabe recordar que desde la Justicia Electoral aguar­daban la resolución de esta objeción de parte de la firma, a fin de continuar con el pro­ceso licitatorio para la adqui­sición de 28.000 máquinas de votación, que serán usa­das en los comicios internos partidarios, en las eleccio­nes generales municipales de 2026 y las presidenciales de 2028.

El motivo de la objeción plan­teada por la firma Bypar SA es que el TSJE pida 10 años de experiencia en la fabricación, utilización, alquiler y venta de las máquinas de votación.

Desde la Justicia Electoral señalaron que esta empresa tiene 5 años de trayectoria, por ello buscaban reducir el plazo de experiencia. Pero el problema de esta firma es que tampoco reunía ninguno de los demás requerimientos; por ello, no pudo participar en la licitación.