El Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT) inició su agenda de trabajo en Paraguay con una reunión con autoridades y representantes del Poder Ejecutivo. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Cancillería Nacional y estuvo presidido por el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún.

La visita se enmarca en las visitas periódicas programadas y en las funciones establecidas en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), aprobado por Ley N.º 2754/2005. Es la tercera vez que visita el país después de 16 años, de la última vez que fue en el 2010.

Esta visita se extenderá hasta el próximo martes 3 de noviembre y durante los próximos días, los integrantes del Subcomité seguirán manteniendo reuniones con autoridades nacionales y visitarán lugares de privación de libertad, con el objetivo de evaluar las condiciones de detención y verificar el respeto de las garantías y los derechos de las personas privadas de libertad.

En virtud del Protocolo Facultativo, el SPT tiene como fin hacer seguimiento del estado de los lugares que se encuentren bajo su normativa a fin de examinar las condiciones físicas, sanitarias y legales en las que se encuentran.

La verificación de los centros de reclusión se realizará con el objetivo de constatar el estado de las cárceles y otros lugares de detención y evaluar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en la última visita de 2010.

De acuerdo al comunicado, el SPT señaló que retorna al país con el objetivo de “evaluar las medidas tomadas por las autoridades para reforzar las salvaguardas contra la tortura” y para examinar su impacto en la protección de las personas detenidas.

Además, la delegación mantendrán reuniones con las autoridades paraguayas, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y otros actores para evaluar los avances logrados en la prevención de la tortura a través de medidas legislativas, políticas y administrativas y de otro tipo.

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• Por Juan Marcelo Pereira, juan.pereira@nacionmedia.com.

Las organizaciones políticas que integran el Frente Guasu (FG) ponen en marcha una plenaria de deliberaciones entre los presidentes y delegados partidarios, con el objetivo de asegurar la presencia del progresismo en un proyecto de gobierno opositor con miras a las elecciones presidenciales del 2028.

“Vamos a empezar a debatir para tratar de llegar con una fuerza progresista, de izquierda para el 2028, es por eso que ya inician las reuniones de delegados de los partidos, las cuales durarán aproximadamente dos meses. Esto lo hacemos dentro de un proceso de reorganización que atraviesa el Frente Guasu después de lo acontecido en las elecciones generales del 2023”, afirmó el presidente del Partido Convergencia Popular Socialista, Hugo Richer, en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Desde el progresismo advierten que la unidad de la oposición no debe reducirse a un mero acuerdo electoral. “Acá para nosotros es muy importante hablar de la unidad de la oposición, pero para eso debemos dialogar cómo será la manera y sobre qué. Empezar discutiendo solamente candidaturas es el paso para no llegar a un acuerdo; normalmente ocurre eso y mucho más ahora que existen varios posibles precandidatos a la presidencia de la República”, sostuvo.

Richer agregó que “todas las precandidaturas suman, pero es importante saber sobre qué estamos de acuerdo y para qué queremos ser gobierno. Si nosotros no discutimos sobre ejes concretos centrales, nos será muy difícil en el caso de que se llegue al gobierno”. El exsenador añadió que en la plenaria del progresismo debatirán sobre la construcción de una política social, fiscal, tributaria e internacional, para luego ser socializada con los demás sectores de la oposición.

Con relación a la metodología que deberá aplicar la oposición para definir una candidatura única presidencial, Richer manifestó que “hay que estudiar qué es lo que genera el consenso. En la oposición existen dos figuras posibles: una es el padrón abierto por fuera del marco legal, es decir, una convocatoria fuera del calendario electoral que las fuerzas se comprometen a respetar; esa es una posibilidad, siempre y cuando esa vía sea el acuerdo y la consecuencia sea el fortalecimiento de esos acuerdos”.

Agregó que “la otra posibilidad es la concertación, la cual convierte el padrón de todos los partidos en un solo padrón y ahí también pueden presentarse varias candidaturas. Yo creo que más allá de lo que uno quiera o no quiera, acá hay que ver qué es lo que fortalecerá la unidad o el acuerdo, porque si se tomarán decisiones sobre métodos que finalmente no fortalecen la unidad no tiene ningún sentido; esto no es una cuestión puramente técnica, tiene un alto contenido político en la construcción de fuerzas políticas diversas”.

Respecto al posicionamiento de varios referentes liberales, consistente en que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) debe encabezar la chapa presidencial en el 2028, Richer puntualizó que “es lógico, entiendo que están también en una fase de estructuración y están tratando de fortalecer la institucionalidad y una identidad partidaria. Esto es un discurso para generar vínculos y entusiasmos con sus propios correligionarios”.

El viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, afirmó que el pago del subsidio al transporte público está al día, tras reunirse con representantes de las empresas agremiadas a Cetrapam. Durante el encuentro se analizaron los reclamos del sector y los procedimientos vinculados a la compensación económica y la actualización tarifaria.

Fernández explicó que las compensaciones responden a las diferencias entre los montos abonados y los valores establecidos mediante la tarifa técnica. Señaló que estos procesos requieren de evaluaciones técnicas y administrativas, que pueden incidir en el flujo de caja de las empresas transportistas.

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Entre los avances figura la resolución N.º 1542/2026, que establece las tarifas técnicas correspondientes al período de noviembre de 2025 a mayo de 2026 y fija la tarifa promedio en G. 4.910 para el servicio convencional y G. 6.140 para el diferencial.

La disposición también determina los montos del subsidio en G. 2.610 para el servicio convencional y G. 2.740 para el diferencial, mientras que el precio que abonan los pasajeros se mantiene en G. 2.300 y G. 3.400, respectivamente, sin cambios en la tarifa al usuario.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, continúa trabajando en la revisión de los mecanismos tarifarios y de compensación, con el objetivo de ordenar los procedimientos, cumplir con la normativa vigente y contribuir a la sostenibilidad económica del sistema de transporte público.

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Durante la última sesión extraordinaria, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó sobre tablas el proyecto de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo -Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)-, y a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a impulsar la construcción de la franja costera de la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones”.

La iniciativa, presentada por los diputados Mauricio Espínola y Arnaldo Valdés, tiene por finalidad promover la concreción de una obra de infraestructura destinada a proteger a la población ante las crecidas recurrentes del río Paraná, así como contribuir al desarrollo urbano, turístico, comercial y económico de la comunidad.

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Entre sus principales fundamentos, el documento señala que Ayolas enfrenta históricamente situaciones de vulnerabilidad ante las inundaciones, que ocasionan daños materiales, desplazamientos temporales y perjuicios a las actividades económicas y sociales de las familias afectadas.

Asimismo, recuerda que la Ley Nº 5654/2016 declaró de utilidad pública y expropió inmuebles de distintos barrios de la ciudad para destinarlos a la construcción de la franja costera.

También menciona las gestiones institucionales realizadas para evaluar la factibilidad del proyecto y las limitaciones presupuestarias señaladas por la EBY, por lo que plantea la necesidad de coordinar acciones entre las instituciones competentes, actualizar los estudios técnicos, evaluar la ejecución por etapas e identificar fuentes de financiamiento que permitan avanzar hacia la concreción de la obra.

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