La Cámara de Diputados dio entrada oficial a un proyecto de resolución que pide informes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) sobre la situación actual de los parques nacionales del país.

El proyectista es el diputado Édgar Chávez, quien alega la necesidad de conocer la infraestructura y los recursos destinados a la protección de estos espacios verdes.

Es así que solicita al Mades remitir el listado actualizado de los parques nacionales creados por leyes nacionales, indicando el número de ley, fecha de promulgación y superficie de cada uno.

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Igualmente, el congresista colorado pide informar la cantidad de guardaparques existentes, indicando el número asignado a cada parque nacional y si dicha dotación resulta suficiente conforme a las necesidades de protección y al respectivo plan de manejo, conforme a la legislación nacional vigente.

Otro de los puntos requiere informar con qué infraestructura cuenta cada parque nacional, indicando, como mínimo, viviendas o puestos para guardaparques, servicios básicos, entre otros aspectos.

Se solicita además “remitir, en formato digital o impreso, un mapa actualizado del Paraguay donde consten los diferentes parques nacionales creados por ley, indicando sus respectivos límites”.

Antes del tratamiento en plenaria de la Cámara Baja, la propuesta será girada a comisiones que deben emitir los dictámenes pertinentes que serán puestos a consideración de los legisladores de diferentes bancadas.

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Diputados de diferentes bancadas se unieron para presentar un proyecto de ley que “crea el registro de nacimientos y defunciones en hospitales públicos y privados, en coordinación con la Dirección General del Registro del Estado Civil”.

Los proyectistas fundamentaron que la iniciativa busca modernizar el sistema de estadísticas vitales del país mediante la obligatoriedad de reportes electrónicos inmediatos, con el fin de erradicar el histórico desfasaje de datos entre las instituciones públicas.

Explicaron que la urgencia de esta propuesta se sustenta en un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), el cual reveló que el Instituto de Previsión Social (IPS) desembolsó G. 58.715 millones entre los años 2020 y 2024 en concepto de asignaciones a casi 11.000 personas que ya habían fallecido, promediando unos G. 12.000 millones anuales en pagos indebidos.

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Los parlamentarios argumentaron que si bien los controles internos aplicados por el IPS lograron mitigar este impacto, reduciendo las erogaciones irregulares en un 54 % durante 2025, y en un 75 % en lo que va de 2026 (bajando el promedio mensual de G. 979 millones a unos G. 246 millones), las auditorías posteriores no solucionan el problema de raíz.

Son proyectistas los legisladores: Alexandra Zena, Dalia Estigarribia, Rocío Abed, Luis Federico Franco, Roya Torres, Jazmín Narváez y Pastor Vera.

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Debido a que la Procuraduría General de la República en representación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no fue notificada, el Tribunal de Apelación Penal Especializado anuló la condena dictada en procedimiento abreviado contra Khalil Ahmad Hijazi y la suspensión del proceso para Laila Khalil Hijazi. Fue una resolución en mayoría de los camaristas Arnaldo Fleitas, Paublino Escobar y Camilo Torres, quienes anularon la resolución dictada el 29 de mayo del 2024, por el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú.

En la audiencia preliminar, el magistrado Otazú había condenado mediante procedimiento abreviado a Khalil Ahmad Hijazi, Zulma Damiana Fernández de Hijazi, Hussein Ghaleb Hijazi, Víctor Javier Espinoza Ríos, Juan Carlos Sorazabal Rodríguez y Hamze Ali Hijazi a la pena de dos años de prisión, pero con la suspensión de la ejecución de la condena. Ante esta sentencia con la salida procesal los condenados debían abonar la suma de G. 400 millones cada uno como reparación del daño social.

También, en la misma audiencia preliminar, el juez concedió la suspensión condicional del procedimiento a Laila Hijazi donde también debía reparar el daño.

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Los citados más arriba habían sido imputados por delitos de contrabando y producción de documentos no auténticos, por lo que la fiscala María Estefanía González les acusó y solicitó la apertura a juicio oral, pero en la preliminar, se allanó al procedimiento abreviado. Según la Fiscalía se habrían usado facturas con valores inferiores a los reales para importar principalmente productos electrónicos.

De esta manera, las operaciones declaradas fueron por unos USD 79,9 millones, cuando el valor real habría ascendido a aproximadamente USD 132,2 millones, con una diferencia superior a USD 52,5 millones a favor del fisco. Sin embargo, con la medida dictada a favor de los procesados, la diferencia ni siquiera se acerca a lo que los mismos debían abonar como reparación del daño social.

Es así que el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, apeló la resolución con el argumento de que, como víctimas del hecho punible, no habían sido notificados de la audiencia preliminar, lo que les impidió participar de la importante diligencia.

Igualmente, el entonces procurador general de la República, Marco Aurelio González, durante la tramitación de la causa, cuestionó la resolución ya que la preliminar se realizó sin representantes de la Procuraduría General.

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Con la firma de la “Resolución de Asunción”, parlamentarios y autoridades de 35 países concluyeron ayer la cumbre regional sobre inteligencia artificial desarrollada en la sede de la Cámara de Diputados de Paraguay. El encuentro —organizado de forma conjunta por el Consejo Global para la Tolerancia y la Paz (GCTP) y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino)— se consolidó como una plataforma para establecer una hoja de ruta orientada al desarrollo ético de las nuevas tecnologías en la región.

El documento final promueve una visión estratégica que concibe a la inteligencia artificial como un motor para el desarrollo humano, la educación inclusiva y la construcción de la paz. Entre sus ejes fundamentales, la resolución insta a los Estados miembros a incorporar estas herramientas digitales en los sistemas educativos públicos de manera responsable, asegurando que estudiantes y docentes desarrollen capacidades críticas para su uso, al tiempo que fomenta programas en ciudadanía digital y prevención de la desinformación.

Durante las jornadas deliberativas, el diputado Carlos Núñez enfatizó la importancia de evitar que el vertiginoso avance tecnológico profundice las disparidades sociales existentes. Al respecto, el legislador advirtió sobre los riesgos latentes en materia de ciberseguridad y la manipulación de contenidos mediante audios y videos ultrafalsos (deepfakes), insistiendo en que los parlamentos deben coordinar regulaciones modernas que protejan el acceso de los sectores más vulnerables y las zonas rurales.

En el plano de la cooperación técnica y multilateral, la reunión incluyó ponencias sobre innovación educativa a cargo de firmas tecnológicas internacionales y la suscripción de memorandos de entendimiento entre el Parlamento Internacional para la Tolerancia y la Paz (IPTP) con Bolivia y Honduras. Por su parte, el presidente del GCTP, Ahmed Bin Mohammed Al Jarwan, valoró el rol de los poderes legislativos para canalizar el consenso e impulsar marcos regulatorios centrados en la dignidad humana.

La declaración compromete a las naciones firmantes a impulsar leyes fundadas en la transparencia, la seguridad digital y el respeto estricto a los derechos fundamentales. Con ello, se busca erradicar la discriminación algorítmica y prevenir cualquier uso del software de procesamiento de datos que atente contra la cohesión social o perpetúe la violencia en las comunidades latinoamericanas.

Como cierre de la cumbre parlamentaria, los congresistas y delegaciones diplomáticas asistieron al acto oficial de presentación del “Observatorio para la Paz” en los jardines del Congreso Nacional. El nuevo organismo funcionará como un centro de monitoreo regional para dar seguimiento a los compromisos asumidos en Asunción y fomentar el intercambio continuo de conocimientos entre las diferentes comisiones legislativas del continente.