Tras la orden del presidente Santiago Peña de retirar las estructuras publicitarias en dominio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), varios tableros digitales de Ciudad del Este amanecieron ayer sábado exhibiendo la bandera paraguaya con el mensaje “Paraguay mbarete”.

Esta reacción busca aplacar el fuerte repudio ciudadano generado el viernes en la zona fronteriza.

La controversia se originó por carteles publicitarios instalados en la zona primaria de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, cerca del acceso al puente de la Amistad, que contenían mensajes ofensivos contra Paraguay.

Ante la indignación generalizada, el presidente paraguayo instruyó de forma inmediata al MOPC la remoción de las estructuras de la franja de dominio. La disposición presidencial abarca el retiro de cualquier otra instalación irregular que ocupe espacios públicos bajo el dominio del MOPC.

Como medida preventiva y muestra de respeto, diversos propietarios de pantallas LED en la capital de Alto Paraná optaron por proyectar los símbolos patrios en sus espacios comerciales.

Tras la indignación, brasileños comenzaron a pronunciarse públicamente para desmarcarse del contenido y expresar su respaldo al pueblo paraguayo.

Este martes, en conferencia de prensa, la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Stella Guillén, junto al titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, presentaron oficialmente las nuevas modificaciones que el gobierno realizó al programa habitacional Che Róga Porã 3.0.

Uno de los primeros cambios es que se aumenta el monto financiable para las familias que tienen de 1 a 6 salarios mínimos hasta G. 652 millones para Gran Asunción y G. 792 millones para Asunción, con una tasa del 9,9 % a un plazo de 30 años. Al respecto, el ministro Baruja señaló que este rango en el sistema financiero hoy se ubica en una tasa de 13 % a 15 % con plazos máximos de hasta 15 años.

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La titular de la AFD explicó que la razón de este cambio es que el valor de la tierra está subiendo y el gobierno quiere acompañar estos cambios que atraviesa el mercado. Otro cambio que se implementa es el nuevo rango de préstamo para personas que ganan de 6 a 9 salarios mínimos, ya que muchos profesionales que superan ese monto requerido quedaban fuera de la posibilidad de acceder al programa.

La tercera introducción es que se ampliará el área de influencia en zona metropolitana, dotando de un mayor financiamiento para densificar Asunción y sus alrededores, además, la ciudad de Presidente Hayes.

Finalmente el cuarto cambio hecho es que de ahora en más se pone a disposición de los desarrolladores inmobiliarios, Proyectos de Desarrollo Inmobiliario Viables (Prodesi), orientado a sus proyectos de desarrollo en el marco de Che Róga Porã 3.0.

“Entiendo que si bajamos los costos de construcción, finalmente las familias van a ser beneficiadas, al tener una construcción de mejor calidad a menor costo. Lo que se traduce a una cuota más baja”, manifestó Guillén.

En ese marco, la presidenta de la AFD indicó que a mayo de este año, la banca alcanzó el total de la colocación que tenían prevista para todo el año. “Colocamos ya más de USD 86 millones y a lo largo de la vida del programa ya hemos colocado más de USD 185 millones”, detalló.

Por otro lado, acotó que tras conversar con el presidente de la República, Santiago Peña, él les pidió que sigan consiguiendo recursos para sostener el programa, por lo que iniciaron la gestión de un nuevo préstamo de USD 200 millones, para seguir facilitando el acceso a la vivienda a la ciudadanía.

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El presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, nombró este jueves a un nuevo ministro de Trabajo como parte de una reorganización de su gabinete con la que intenta calmar las protestas que exigen su renuncia.

Paz, que desde inicios de mayo enfrenta manifestaciones de obreros, campesinos indígenas, transportistas y mineros, prometió el miércoles el ajuste para, según dijo, incluir la voz de los sectores sociales.

En el primer cambio, Williams Bascopé, abogado de origen aimara, reemplazará a Edgar Morales, muy criticado por el sector obrero y quien horas antes puso su cargo a disposición.

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“Las organizaciones sociales (...) siempre tendrán el espacio de diálogo, de negociación en el gobierno. Invitamos siempre al diálogo”, dijo Paz, en un video difundido este jueves por su oficina.

En La Paz, sede de gobierno cercada por bloqueos de carreteras, cientos de mineros y obreros de fábricas marchaban este jueves, sin incidentes. Los cortes de ruta han provocado escasez de alimentos, medicinas y combustible.

A inicios de mayo, 13 trabajadores de fábricas fueron arrestados tras irrumpir en el Ministerio de Trabajo y, según la policía, retener durante horas a varios funcionarios públicos, incluido a Morales.

• Fuente: AFP

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México presentará el jueves una reforma a su ley electoral para incluir una investigación a los candidatos sobre posibles vínculos con el crimen organizado, en medio de presiones desde Estados Unidos para arrestar a un gobernador acusado de narcotráfico.

El gobierno de Claudia Sheinbaum enviará el proyecto al Congreso, donde tiene mayoría. El objetivo es que rija para las elecciones de 2027, en la que se renovará el poder legislativo y parte de las gobernaciones y alcaldías.

“Hemos vivido algunos casos de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada”, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa cotidiana.

Las autoridades anunciaron precisamente la víspera la detención de seis políticos locales por extorsión y vínculos con el crimen organizado. Van 70 desde 2024.

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El gobierno, sin embargo, está bajo presión de Estados Unidos para que arreste y extradite al gobernador Rubén Rocha, a quien relaciona con el peligroso cártel de Sinaloa que fundó Joaquín ‘Chapo’ Guzmán.

Rocha pidió licencia para apartarse del cargo. Sheinbaum ha pedido más pruebas al Departamento de Justicia estadounidense antes de actuar en contra el funcionario.

“No se encubre a nadie, cuando hay pruebas se procesa”, insistió la mandataria.

La propuesta electoral incluye ahora la creación de una comisión, dependiente de las autoridades electorales, que verifique con la fiscalía y los órganos antilavado que un aspirante no tenga vínculos con el crimen organizado.

La pesquisa no será obligatoria para los partidos políticos, que podrán entregar a “las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia” los nombres de sus candidatos para descartar cualquier “riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada”, explicó Luisa María Alcalde, consultora jurídica de Sheinbaum.

Los resultados no serán vinculantes, aunque pueden llevar a una investigación formal de la justicia.

• Fuente: AFP

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