El gobernador Mario Varela, uno de los líderes visibles del Movimiento Colorado Añetete en Caaguazú, a través de un actuar negligente provocó la pérdida de un total de Gs. 1.879.662.854 entregadas a la firma Villalba Piñeiro, para la construcción de un anfiteatro en la plaza Bartolomé Aquino.

Esto se da según la resolución 1463/2017 del 10 de mayo de 2017, dictada en sumario instruido en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que recién hoy, -casi 3 meses después-, fue tratada en sesión de la Junta Departamental.

Se trata de una licitación adjudicada durante el gobierno del anterior gobernador, Antonio Buzarquis, pero las objeciones del sumario corresponden a la actual administración de Mario Varela. La denuncia sobre el caso que dio inicio al sumario fue recibida por la DNCP a través de su sitio web.

Este llamado, LPN 06/2012, con plazo de ejecución de obras hasta el 19 de enero de 2014, no pudo ejecutarse más que en su etapa inicial incipiente, debido a una medida cautelar obtenida por los vecinos que no querían modificaciones en la Plaza Bartolomé Aquino, en una situación que se extendió por varios meses.

Ya bajo la administración de Mario Varela, en fecha 14 de octubre de 2013, -dos meses después de su asunción-, y aún vigente la medida judicial de suspensión de las obras se firmó la Adenda No. 1 al contrato, sin que la gobernación haya remitido los documentos relativos a esta adenda, para su publicación contraviniendo lo establecido en la Ley 2051/03 art. 4, inc. c).

Esta falta de transparencia y de lógica en el procedimiento, -ya que se renovó el plazo habiendo una orden de suspensión-, es uno de los puntos objetados por el sumario.

El segundo punto, se refiere a que al realizar la extensión del plazo de ejecución, el gobernador no solicitó a la firma la renovación de la póliza de seguro de fiel cumplimiento, No. 36.1506.0000467, emitida por la aseguradora Alfa S.A. de Seguros y Reaseguros, que garantizaba el anticipo de los cerca de Dos mil millones que la gobernación entregó como anticipo, y que vencía el 19 de octubre de 2013.

Es decir, la gobernación le renovó el plazo a la firma adjudicada, -cuando la obra ni siquiera podía ejecutarse-, y, sin renovarle la obligación al fiel cumplimiento del mismo, y sin la garantía de una cobertura de seguro.

Como era de esperarse, cuando la medida cautelar que suspendía las obras pudo levantarse, la firma pese a ser intimada en tres ocasiones por el gobierno departamental, hizo caso omiso a las intimaciones y no realizó el trabajo, decidiendo la gobernación la rescisión del contrato, pero sin posibilidades de recuperar el dinero entregado.

De acuerdo a lo expuesto en este sumario, la firma Villalba Piñeiro, solo ejecutó el proyecto hasta los trabajos previos, con un costo de Gs. 152.699.302, lo que representa al 3,24 % del monto del contrato, y sin embargo, recibió como anticipo la suma de Gs. 1.879.622.954, correspondientes al 40 % del monto total, hoy perdidos por la administración departamental.

En base a estas irregularidades, como resultado del sumario se resolvió remitir los antecedentes del caso a la Contraloría General de la República.