Dos legisladoras de la Asociación Nacional Republicana (ANR) impulsan un proyecto de ley “Que regula la profesión de cuidador de personas y crea el Sistema Nacional de Cuidados en la República del Paraguay”.

La iniciativa impulsada por las diputadas Johana Vega y Liz Acosta busca dar un marco legal para profesionalizar el cuidado de personas con discapacidad, con enfermedades crónicas y los adultos mayores.

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Para las proyectistas resulta imprescindible establecer un marco normativo que ordene, profesionalice y dignifique esta actividad, al tiempo de garantizar servicios de calidad para las personas asistidas.

Es por ello que se plantea como uno de los ejes centrales la creación del Sistema Nacional de Cuidados, concebido como un conjunto articulado de políticas, servicios y programas destinados a atender a personas en situación de dependencia.

Se prevé la creación del Registro Nacional de Cuidadores que funcionará bajo la directriz del Ministerio de Salud Pública y para el ejercicio de la profesión, los cuidadores necesariamente tendrán que estar registrados.

Igualmente, se establecen como requisitos para ejercer como cuidador; ser mayor de 18 años de edad; educación básica concluida; certificado de salud física y mental; no poseer antecedentes penales vinculados a delitos contra la persona; además de formación certificada.

En ese sentido, contempla la formación mínima que estas personas deberán tener como, por ejemplo, en primeros auxilios, movilización y asistencia física, salud mental y contención emocional, entre otras.

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Movimientos internos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) requieren a la nueva conducción a cargo de Alcides Riveros impulsar desde el parlamento el sistema del balotaje o segunda vuelta presidencial con miras a las futuras elecciones.

“Hay una necesidad de incluir el balotaje; vemos elecciones en Sudamérica, Norteamérica, Europa y cualquier otro lugar que adopta el sistema republicano como forma de gobierno. Acá todos tienen balotaje y nosotros no, ya es el colmo que el PLRA y la oposición no insista con esto“, dijo el excandidato a la presidencia de la centenaria nucleación y líder del Movimiento Siglo XXI, Herminio Ruiz Díaz.

El dirigente político puntualizó también que “si esto no lo hace el PLRA, que encabeza a la oposición, entonces los partidos más pequeños y movimientos gremiales deben salir a requerirlo”.

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A la vez, Ruiz Díaz urgió la reforma del estatuto del PLRA rumbo a las elecciones generales del 2028 con la finalidad de enfrentar a la Asociación Nacional Republicana (ANR). “Esperamos que se llegue a la necesaria unidad interna y externa del PLRA, basada en el respeto irrestricto de los estatutos del partido”, comentó a la 650 AM.

Señaló que “si hay que reformar el estatuto del PLRA, se debe concretar con la participación de todos los movimientos internos. El proceso debe ser rápido, acelerado, mirando el 2028. Si esto es la voluntad de esa gente (Alcides Riveros y autoridades del Nuevo Liberalismo), tendrá el apoyo de los liberales”.

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Hasta el momento no presentó documentos, actas, auditorías técnicas ni evidencias verificables que permitan sostener semejante acusación.

Las recientes declaracio­nes del senador liberal Éver Villalba sobre un supuesto fraude en las elecciones internas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) han generado preocupación no solo por la gravedad de las acusaciones, sino tam­bién por la falta de pruebas concretas que las respalden.

Tras su derrota en la disputa por la presidencia partida­ria frente a Alcides Riveros, Villalba denunció la exis­tencia de una presunta “car­gatón” de votos que, según afirmó, habría alcanzado unos 100.000 sufragios. Sin embargo, hasta el momento no presentó documentos, actas, auditorías técnicas ni evidencias verificables que permitan sostener semejante acusación.

Lejos de limitarse a cuestio­nar situaciones puntuales que pudieran ser investiga­das por las autoridades par­tidarias o electorales, el legis­lador extendió sus críticas al sistema de votación electró­nica utilizado en Paraguay, sembrando dudas sobre la confiabilidad de las máquinas de votación y sobre la actua­ción de la Justicia Electoral.

Las afirmaciones resultan particularmente delicadas porque afectan directamente la credibilidad de herramien­tas tecnológicas que han sido implementadas preci­samente para fortalecer la transparencia electoral.