El embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite, comunicó al Senado que regresará a su banca el próximo 22 de julio. El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, confirmó que el legislador colorado retomará su cargo sin necesidad de prestar un nuevo juramento. El funcionario asumió el cargo actual en Washington, en julio de 2025.

Núñez también explicó que el exembajador no pasará a formar parte del Gabinete del presidente Santiago Peña, sino que regresará al Congreso para ejercer el mandato para el que fue electo. “Yo hablé con él y vuelve; va a ser un senador más. Su reincorporación está marcada para este 22 de julio”, puntualizó el titular del Legislativo.

El legislador añadió que la decisión de Leite no responde únicamente a criterios políticos, sino también a razones de carácter familiar, aunque no brindó mayores detalles al respecto. El representante paraguayo ante el Gobierno de Estados Unidos solicitó permito para el cargo diplomático en julio de 2025, y juró en su reemplazo el senador suplente Alfonso Noria Duarte.

Con una Licenciatura en Administración de Empresas obtenida en California (Estados Unids), en 1985, y una maestría en Marketing Internacional en Escocia, en 1988, Leite tuvo una amplia trayectoria en el sector privado, antes de trasladarse a la función pública, desde 1989, como primer secretario de la Embajada del Paraguay ante la Comunidad Económica Europea, en Bruselas (Bélgica). Anteriormente a su elección para el Senado para el periodo 2023-2028, fue ministro de Industria y Comercio (MIC), de 2013 a 2018.

El Senado recibió este martes a una delegación de congresistas de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Paraguay, presidida por la legisladora peruana Milagros Aguayo.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Comisión Parlamentaria de Amistad Paraguayo-Peruana, Juan Carlos Galaverna.

El legislador paraguayo destacó la presentación de un proyecto de ley que será considerado por el pleno de la Cámara de Senadores, mediante el cual se propone instituir el 25 de junio como Día Oficial de la Amistad entre la República del Paraguay y la República del Perú, en reconocimiento a los históricos vínculos de cooperación y fraternidad entre ambos pueblos.

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A su vez, la parlamentaria Milagros Aguayo valoró la iniciativa legislativa y reafirmó el compromiso de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú–Paraguay de continuar promoviendo acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Así también, resaltó las similitudes históricas y culturales que unen a Paraguay y Perú, y expresó la voluntad de seguir impulsando una agenda de trabajo orientada a consolidar los vínculos parlamentarios, así como la cooperación política, institucional y comercial entre ambas naciones.

La delegación peruana estuvo acompañada por el congresista y almirante en retiro José Cueto, además de la embajadora de la República del Perú en Paraguay, María Antonia Ida Masana García.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, destacó como logros de su gestión el acompañamiento de 60 proyectos de ley impulsados por el poder Ejecutivo y el diálogo entre las diferentes bancadas que garantizaron dar la gobernabilidad al presidente de la República, Santiago Peña.

Al iniciar el cuarto periodo parlamentario como titular de la Cámara Baja, el diputado colorado afirmó que seguirá apelando al consenso con sus pares de las diversas agrupaciones políticas para llevar adelante iniciativas que favorezcan a la ciudadanía.

“En primer lugar, quiero transmitir mi gratitud a mis colegas diputados de diferentes espacios políticos que me ratificaron su confianza para seguir presidiendo la Cámara de Diputados. En este caso, iniciando mi cuarto período parlamentario. La lógica que siempre hemos aplicado es la de la búsqueda de consensos, el diálogo con los diferentes sectores. Y después de que cada uno ha expresado su pensamiento la mayoría toma la decisión”, señaló a La Nación/Nación Media.

En cuanto a la labor legislativa, Latorre resaltó la sanción de al menos 60 leyes presentadas por el gobernante. “Uno nunca está satisfecho, pero puedo decir que hemos trabajado mucho en materia de proyectos, hemos aprobado más de 60 proyectos de transformación, desde el inicio del mandato del presidente Santiago Peña”, expresó.

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El congresista adelantó que este año se pondrá énfasis en proyectos de reforma del área de la salud, buscando brindar calidad y acceso oportuno a la atención médica para toda la ciudadanía. “Yo soy un convencido de que nosotros tenemos que avanzar hacia una gran reforma del sistema de salud. Amen del análisis de la gestión de los actores que ocupan un espacio relevante en este gobierno yo creo que el sistema ya no da más”, indicó.

El diputado Latorre manifestó que por las fragmentaciones existentes en el sector se vuelve difícil la coordinación del sistema de salud. “La insatisfacción de la población paraguaya sobre el sistema de salud nos obliga a mirar con seriedad a una reforma profunda del sistema de salud. Una reforma que permita que todos los paraguayos puedan acceder a una atención de calidad y que podamos ampliar realmente la prestación de servicios de salud. Y disminuir de manera radical el gasto directo de bolsillo, que es una de las principales barreras de acceso a la salud”, significó.

A su criterio se debe combatir la fragmentación existente entre los diferentes subsistemas. “Yo creo que es el gran desafío y debe ser parte de un gran consenso, político, social y científico. Porque seguimos con un marco que en este tiempo ya tiende a ser obsoleto”, enfatizó.

Asimismo se quiere mejorar las condiciones de seguridad para las familias paraguayas, la educación y crear más fuentes de trabajo. En este punto mencionó que ya se han generado más de 240.000 nuevos puestos laborales en la gestión del presidente Santiago Peña. “El mayor desafío es que cada vez les sea más fácil a los paraguayos llegar a fin de mes, que les sea más fácil llenar el carrito del supermercado. Y son nuestros principales objetivos”, remarcó.

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• Jorge Torres Romero

Cada vez que se cuestiona el proyecto de la empresa inglesa Atome, aparece el mismo argumento: son más de 665 millones de dólares de inversión, miles de empleos y la oportunidad de convertir a Paraguay en un productor mundial de fertilizantes verdes.

Todo eso suena atractivo. Nadie puede discutir que el país necesita inversiones industriales que agreguen valor a su enorme potencial energético. Pero existe una pregunta mucho más importante que el monto de la inversión: ¿a qué costo para los paraguayos?

El propio James Spalding reconoció que el proyecto depende de una tarifa eléctrica cercana a los 30 dólares por megavatio hora y que, si esa condición cambia, la empresa podría cancelar la inversión.

Es decir, la variable determinante del proyecto no es la tecnología, ni el mercado internacional, ni el financiamiento. Es el precio que pagará por la energía paraguaya.

Atome sostiene que utilizará menos del 2 % de la energía disponible, que generará ingresos permanentes para la Ande y que dejará miles de puestos de trabajo entre la construcción y la operación. Sin embargo, también resulta legítimo preguntarse por qué un emprendimiento privado de semejante magnitud depende de acceder a una tarifa tan específica para resultar viable.

Porque si el precio solicitado refleja realmente el costo económico de suministrar esa energía, la discusión prácticamente desaparece.

Pero si ese precio se encuentra por debajo del costo que enfrenta la Ande para transportar, administrar y entregar esa electricidad, entonces la diferencia no desaparece por arte de magia. Alguien termina absorbiéndola.

Ese es precisamente el cuestionamiento que vienen realizando sectores técnicos y sindicatos de la Ande: la posibilidad de una tarifa preferencial, un tratamiento diferenciado respecto de otros grandes consumidores y el riesgo de que el Estado termine subsidiando indirectamente un proyecto privado.

No se trata de estar en contra de la inversión. Se trata de evitar que la competitividad de una empresa extranjera dependa de recursos que pertenecen a todos los paraguayos.

Pero la seguridad jurídica también exige que los contratos sean sostenibles, transparentes y compatibles con el interés público.

Una inversión no deja de ser buena porque se revisen sus condiciones.

Por el contrario, una inversión sólida debería poder sostenerse sobre reglas claras y económicamente equilibradas.

Si Atome afirma que sin una tarifa cercana a los 30 dólares por megavatio hora el proyecto deja de ser rentable, corresponde determinar con absoluta transparencia si ese precio cubre efectivamente todos los costos de la Ande o si supone un beneficio excepcional respecto de otros consumidores.

Si el negocio es tan extraordinario como se anuncia, debería ser capaz de sostenerse sin que exista la menor sospecha de subsidios, privilegios o tarifas especiales financiadas, directa o indirectamente, por todos los paraguayos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.