Pocos fueron los diputados que devolvieron los vehículos de propiedad estatal a la Cámara Baja, tras la finalización del mandato del legislador Hugo Velázquez a la cabeza de la mesa directiva.
De las 37 unidades vehiculares que tiene al servicio la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, solamente 18 fueron devueltos por los legisladores a quienes fueron asignados cada vehículo.
Así lo confirmó Ramón Solís, representante de Administración y Finanzas de Diputados, en contacto con la 970 AM. El caso salió a la luz, tras revelarse la semana pasada que el vehículo que transportaba a un político asesinado es de propiedad de la Cámara Baja y estaba asignado a la diputada Ramonita Mendoza (PLRA).
“Bajo acta”
El funcionario mencionó que los vehículos son asignados bajo acta a los miembros de la mesa directiva, comisiones asesoras y líderes de bancadas al inicio de cada mandato en el órgano legislativo. Al final del mismo, los vehículos deben ser devueltos inmediatamente.
"Una vez entregadas bajo acta, la responsabilidad es de los diputados con cada vehículo. En caso de accidentes, la cámara cuenta con una póliza de seguros de renovación anual que cubre los gastos", afirmó.
Reiteración
Reconoció que aún hay diputados que no devolvieron los respectivos vehículos. Ante esto, adelantó el funcionario que remitirán a los diputados una reiteración sobre la finalidad para las cuales se pueden usar los móviles.
Finalmente, celebró la decisión del nuevo titular de Diputados, Pedro Alliana, de publicar en la página web de la cámara el listado de todos los vehículos y a quiénes están asignados.
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Villa Morra: un hombre destruyó varios vehículos por un “pedido divino”
Los propietarios de varios vehículos que se encontraban estacionados en la intersección de las calles Guido Spano y O’Higgins del barrio Villa Morra de Asunción fueron vandalizados por un hombre que posteriormente fue detenido.
Una de las víctimas en este caso, quien se identificó como Óscar Aquino, relató que normalmente dejaba su vehículo en el lugar, pero que días atrás, cuando salió de su jornada laboral, se encontró con que todos los vidrios de su automóvil habían sido rotos y también tenía varias abolladuras en la chapería.
“Cuando yo salí, encontré una nota que decía que varios vehículos fueron víctimas de este hombre y que me acerque a realizar mi denuncia en la Comisaría 6ta. Cuando llegué ahí, ya lo habían liberado por orden del fiscal Julio César Ortiz. El hombre declaró que hizo esto porque es un enviado de Dios y él le dijo que destruyera esos autos”, relató Aquino en conversación con la 1080 AM.
Precisó que esta persona ya cuenta con antecedentes por hechos similares y realiza estos actos vandálicos en diferentes puntos del barrio Villa Morra. Señaló además que cuando se presentó a denunciar, pudo observar un video donde se lo veía al hombre destruyendo los vehículos en un aparente estado de descontrol.
“Este hombre ni se resistió cuando fue detenido. En momentos parece estar muy bien y contestar todo con tranquilidad, pero de repente te trata mal. Yo llegué a contactarme con él para que se haga cargo de los gastos, pero es muy cambiante; a veces dice que sí me va a ayudar y después que no”, explicó Aquino.
En la misma tesitura aseguró que solo por la reparación de sus vidrios deberá pagar una suma aproximada de 900.000 guaraníes, sin contar con los arreglos de chapería.
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Diputados aprobó la intervención de la Municipalidad de Asunción
Luego de escuchar los diferentes argumentos y posturas de las distintas bancadas, el plenario de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el pedido de acuerdo constitucional para dar intervención a la Municipalidad de Asunción, cuya gestión está a cargo del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez. El registro del voto electrónico marcó un total de 74 votos a favor y 1 voto en blanco.
En este caso, incluso la bancada oficialista estuvo de acuerdo en que se lleve adelante esta intervención, reconociendo la predisposición del jefe comunal de la capital, quien manifestó ante la comisión especial que estudió el pedido presentado por el Poder Ejecutivo a petición de la Contraloría General de la República, su voluntad de ponerse a disipación a fin de aclarar cualquier duda que exista y desmentir aquellas que considera falsas en su contra.
Al respecto, el diputado Rodrigo Gamarra, quien presidió la comisión especial que analizó el pedido, defendió el trabajo que llevó adelante esta mesa que emitió un único dictamen por la aprobación.
Destacó que se realizó un trabajo serio y transparente, con compromiso institucional, dejando de lado cualquier tipo de presión externa. Señaló que las sesiones que llevaron adelante fueron públicas y abiertas con total acceso a la ciudadanía.
Informó que recibieron en audiencia tanto al contralor general Camilo Benítez, a los concejales municipales y al propio intendente Oscar Rodríguez, que acudió con su equipo técnico y jurídico, valorando su completa predisposición y apertura a formar parte del proceso de evaluación de su gestión.
No obstante, sostuvo que luego de escuchar todas las voces, y analizar los documentos consideraron que es necesario un análisis mas profundo. “Una intervención administrativa no debe entenderse como una condena, sino como una herramienta prevista por la ley para esclarecer con mayor amplitud y sin restricciones de tiempo ni de forma, las observaciones señaladas. Por ello aconsejaron la aprobación de la intervención”, expresó.
A su turno, el diputado colorado Esteban Samaniego pidió disculpas a la ciudadanía, por tanta incoherencia en una sola sesión de la Cámara Baja. Teniendo en cuenta que solo minutos antes, cuando se trató el pedido de intervención de Ciudad del Este, se dijo que la intervención es inconstitucional, que no es válida que tiene vicios de origen. “Pero ahora en este punto, cuando el intendente ya no pertenece a la oposición, sí corresponde la intervención”, cuestionó.
En tanto, el legislador Derlis Rodríguez indicó que la intervención estatal no quebranta ni violenta la autonomía del municipio, sino que por el contrario, robustece, porque ayuda a corregir las cosas. Explicó que la auditoría es una ciencia exacta, que ayuda a dar claridad cuando existen dudas sobre una gestión ya sea municipal o de gobernaciones.
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Indagación a Prieto: “La ciudadanía exige respuesta en la lucha contra la corrupción”
“La intervención a la municipalidad de Ciudad del Este resulta necesaria y viable”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien estuvo a cargo de la comisión especial que analizó el requerimiento realizado por la Contraloría General de la República, el pasado 16 de mayo, tras detectar graves irregularidades en la gestión.
“La función principal de la Contraloría es velar por el control las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y las municipalidades. Esta comisión considera que se encuentra reunido el sustento legal de la presentación del pedido de intervención por parte de la Contraloría”, dijo el legislador defendiendo la legitimidad del órgano extrapoder en haber requerido la intervención.
Siguió sosteniendo que existieron méritos suficientes, por lo que fue aprobado el pedido y "la ciudadanía exige una respuesta efectiva en la lucha contra la corrupción y manejo discrecional de los recursos públicos y la intervención contribuirá para garantizar la transparencia y el respeto a las garantías constitucionales”.
Aguilera detalló que en la gestión de Prieto, de acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.
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A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.
Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, Royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.
“Se ha detectado una persistencia en aquellas transgresiones en la gestión y administración que afectan a los recursos municipales. A pesar de los hallazgos que detonan inconsistencias y desviaciones, los antecedentes revelan que la administración municipal ha incurrido reiteradamente en múltiples faltas y que ninguna ha sido corregida por ninguna de las vías jurídicas, administrativas ni legales”, refiere el dictamen expuesto por Aguilera.
Defensa opositora sin argumentos técnicos
Los diputados de la oposición recurrieron nuevamente a los ataques y el desgastado discurso de persecución política como único mecanismo de defensa a Miguel Prieto. Sin argumentos técnicos, indicaron que el único “pecado” del líder del movimiento Yo Creo, fue haber ganado en dos ocasiones la intendencia esteña.
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Diputados aprueban en mayoría pedido de intervención de Ciudad del Este
Tras un largo debate, la Cámara de Diputados aprobó en mayoría el pedido de acuerdo constitucional para proceder a la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la administración de Miguel Prieto.
Esto se da luego de tomar en consideración los dictámenes emitidos por la comisión especial que llevó adelante el análisis técnico del pedido presentado por el Poder Ejecutivo a raíz de la auditoría de la Contraloría General de la República, donde se detectaron varios hechos irregulares.
Con la suficiente mayoría de la mitad más uno, el plenario aprobó el pedido de intervención y se dará comunicación a las instancias correspondientes.
El conteo de los votos quedó de la siguiente forma, 47 legisladores votaron a favor, 27 emitieron voto en contra; mientras que otros 4 diputados optaron por abstenerse.
“Festival de hipocresía”
Al respecto, durante el debate fue llamativa la insistente posición de los sectores de la oposición que a toda costa buscaron apañar la dudosa gestión del intendente Miguel Prieto, bajo el argumento que todo se trata de una supuesta persecución política por parte del oficialismo.
Al respecto, el diputado colorado Hugo Mesa salió al paso en primer lugar para defender la figura de la intervención como una herramienta legal y constitucional. Recordó que en el año 2010, cuando el entonces contralor solicitó la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este, justamente fue Prieto, quien era entonces concejal, aplaudía y solicitaba que se lleve adelante la intervención.
“Sin embargo, hoy acá hay un esfuerzo hasta casi descarado de querer desacreditar la figura de la Contraloría General de la República, que es el órgano natural que realiza los controles del uso de los recursos públicos (...). Me preocupa cuando estamos al frente de un festival de hipocresía, de una doble moral, de un doble discurso cuando queremos defender al chancho de nuestro chiquero”, expresó.
Agregó que lo que buscan demostrar a toda costa los referentes de la oposición es que, al tratarse de uno de los suyos, se recurre a la “vieja muletilla de persecución política”; con el fin de distraer de lo que verdaderamente debería ocupar a todos los diputados, que es aclarar qué fue lo que ocurrió verdaderamente con los recursos del municipio.
Igualmente, defendió el trabajo que llevó adelante la comisión especial que se ocupó en atender el pedido de intervención y llevó un trabajo prolijo en el estudio de todos los documentos, así como escuchar a las respectivas partes para luego emitir sus respectivos dictámenes.
No es la guerra del Clan Zacarías
A su turno, la líder de la bancada oficialista, Rocío Abed, anunció que la postura de la bancada es acompañar el dictamen en mayoría por la aprobación de la intervención, porque existe legitimación activa de la causa.
Asimismo, indicó que, en representación del Alto Paraná, a todas luces se buscó señalar como una guerra del Clan Zacarías en Ciudad del Este.
“Es una gran familia de gente que confía y confió en una intendenta a la que nunca le pudieron ganar en elecciones libres y a la que le tuvieron que sacar por la ventana. Con muchas causas, nunca hemos puesto obstáculos y en todas las causas ha quedado demostrado que no existieron tales causales. Por eso, a la hora de defender una gestión, lo único que están haciendo es superlativizar un poder que no existe. Porque esta no es una guerra del Clan Zacarías, sino de la ciudadanía, de la Contraloría, y de jóvenes”, enfatizó.
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