De acuerdo al ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, se está cumpliendo con el acuerdo de refinanciación de las deudas campesinas.
La afirmación se da luego que agricultores se movilizan por el microcentro de Asunción, donde solicitan la condonación de sus deudas por parte de bancos y financieras.
Además reclaman que el Gobierno no está cumpliendo con el acuerdo firmado en el año 2016 debido a que sus cuentas fueron judicializadas. En tanto que solicitan además un proyecto de Ley de refinanciamiento de fortalecimiento de la agricultura familiar.
El dirigente de la MCNOC, Luis Aguayo, afirmó que otra reivindicación es la aprobación de la declaración de emergencia de la agricultura familiar campesina y anunció que las movilizaciones continuarán por tiempo indefinido hasta que se cumplan sus peticiones.
Los labriegos volvieron a marchar esta tarde por El Paraguayo Independiente hasta Caballero, Herrer e Ygatimi, para volver nuevamente hasta las plazas ubicadas frente al Congreso.
"Los puntos a los que se han dado cumplimiento es un resarcimiento de Gs. 10 mil millones para 10 mil familias que habían sido afectados por daños climáticos y daños a la producción, que han sido depositados en las cuentas", expresó Baruja en contacto con la 800 AM.
Los campesinos marchan por El Paraguayo Independiente hasta Caballero, para luego regresar hasta la plaza de Armas, donde permanecen desde primeras horas del día.
Baruja afirma que cumplieron
De acuerdo a Baruja habían acordado el año pasado durante las movilizaciones realizadas el año pasado. "Dentro de la Ley 5527/15 se da la posibilidad de refinanciamiento en los términos que les había dicho. Se da la posibilidad de refinancimeinto a largo plazo. Son 12 años de plazo con 2 años de gracia", explicó Baruja ante diversos medios de prensa.
De igual manera indicó que se encuentran abierto a continuar dialogando con los labriegos. "En la mesa de diálogo es importante. "Son 12.688 clientes que han refinanciado por un monto total de Gs. 38.652 millones. Se condonó los intereses y se les dio la posibilidad para que puedan devolver el capital en 12 años", expresó Baruja.
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Noboa encabezó marcha contra la Corte Constitucional de Ecuador
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lideró el martes pasado una masiva marcha en Quito contra la Corte Constitucional por suspender tres leyes que el gobierno considera claves para luchar contra las bandas criminales y el narcotráfico. De chaleco antibalas, rodeado de guardaespaldas y algunos ministros, Noboa marchó junto a miles de manifestantes hacia el edificio de la corte en el centro moderno de la capital.
Con banderas y cánticos, ríos de personas protestaron contra los magistrados por suspender temporalmente leyes que daban mayor poder a las fuerzas armadas. “Estamos apoyando al presidente de la República, estos señores (los jueces) están haciendo lo que les da la gana, están obstaculizando las leyes que nos favorecen”, declaró a la AFP Manuel, un constructor de 70 años que prefirió no dar su apellido. El 4 de agosto la corte suspendió provisionalmente tres leyes aprobadas por el Congreso de mayoría oficialista, mientras resuelve advertencias sobre su posible inconstitucionalidad y afectación a los derechos fundamentales.
En total son 17 artículos, algunos de ellos relacionados con la vigilancia e interceptaciones sin orden judicial; con el indulto presidencial, que podrá ser otorgado dentro de la fase de investigación antes de cualquier etapa procesal; y el establecimiento de algunas zonas geográficas como objetivos militares donde los uniformados tendrían vía libre para aplicar la fuerza. “Nuestros policías, nuestros militares se sienten desprotegidos, se sienten abandonados por una Corte Constitucional que ha decidido darles la espalda”, reprochó en medio de la marcha Noboa, megáfono en mano.
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“Estigmatización”
Las calles de Quito amanecieron este martes con múltiples vallas que exponían los nombres y rostros de los nueve magistrados. “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, rezaba una de las pancartas. El ministro de Defensa Gian Carlo Lofredo dijo a la AFP que desconocía el origen de los carteles, pero insistió en que “los jueces deben dar explicaciones”.
En un comunicado, la Corte Constitucional rechazó la instalación de “vallas publicitarias con los rostros” de los magistrados, por ser una “estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad” y “afecta directamente a la independencia de este organismo”. También denunció que el “perímetro” de su sede fue “militarizado en su totalidad con un despliegue inusual de fuerzas armadas con cientos de efectivos”. El Ejecutivo negó el uso de fondos públicos para la marcha.
Pese a los constantes operativos de seguridad, Ecuador registró el primer semestre del año más de 4.600 homicidios. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cifra representa un incremento del 47 % con respecto al mismo periodo del 2024. “No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara”, añadió el Noboa, un conservador en el poder desde 2023.
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Ataques “inaceptables”
Noboa, hijo de un magnate bananero, impuso una política de mano dura contra el narcotráfico y declaró al país en conflicto armado interno para movilizar a las fuerzas armadas. El presidente planea hacer una consulta popular para reformar la Constitución aún sin fecha definida. Recientemente, incluyó entre las preguntas una propuesta para permitir juicios políticos contra jueces constitucionales.
Algunas personas también salieron a protestar contra el gobierno con carteles en los que se leía “fuera Noboa” y “fuera dictador”. “Estamos viviendo en una dictadura al ver a estos jueces como si fuera una lista de los más buscados”, dijo Daniel Granja, de 30 años y empleado del sector privado.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, consideró “inaceptables” los ataques contra la Corte Constitucional de Ecuador. “Las autoridades deben garantizar la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y el personal”, escribió en X.
Fuente: AFP.
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Deuda del IPS a farmacéuticas es de USD 323 millones
El Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene actualmente una deuda de USD 323 millones con el sector farmacéutico, correspondiente a la provisión de medicamentos e insumos médicos. Así lo confirmó la gerente financiera de la institución, Gladys Vera.
En comunicación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, explicó que la administración asumió inicialmente un pasivo de aproximadamente USD 500 millones con proveedores del rubro, deuda proveniente de la administración anterior.
Según Vera, desde ese momento el IPS ha venido cumpliendo con los pagos de forma gradual, utilizando recursos propios y también mediante herramientas financieras como las sesiones de derecho. “Lo que hicimos fue readecuar nuestro pasivo de forma a honrar las facturas con las farmacéuticas, y con nuestro fondo propio ir amortizando mes a mes”, precisó.
Actualmente, el IPS destina alrededor de USD 21 millones mensuales de sus propios recursos para continuar reduciendo esta deuda. A este esfuerzo se sumó una disposición normativa aprobada en enero de 2025, que permitió a la institución retener un 0,5 % anual de los fondos que anteriormente eran transferidos al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) y al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).
Gracias a esta normativa, el IPS percibe mensualmente unos USD 4 millones adicionales, que también están siendo redireccionados al pago de la deuda con las farmacéuticas. Esta estrategia de financiamiento se complementó con tres sesiones de derecho: una realizada en 2024, otra en el presente ejercicio, y una más prevista para agosto.
“Con esas sesiones de derecho estaríamos saldando la deuda con los proveedores hasta el 31 de diciembre del 2024”, aseguró la gerente financiera. No obstante, Vera indicó que este esquema implica que la deuda contraída con las empresas del sector será trasladada al sistema bancario, convirtiéndose así en una deuda financiera que el IPS planea amortizar en un plazo de 36 meses.
La estrategia, según explicó, apunta a ordenar las obligaciones del IPS sin interrumpir la provisión de medicamentos ni comprometer los servicios a los asegurados. Con este enfoque mixto de pago directo y financiamiento bancario, la previsional espera cerrar el 2024 con los compromisos saldados con los proveedores del sector salud.
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Gobierno asegura compromiso de pago a sector farmacéutico
El presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Gerardo García, confirmó que el gobierno de Santiago Peña, a través del Ministerio de Economía, asegura el compromiso de pago de la deuda del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), por valor de USD 340 millones por la provisión de medicamentos.
García expresó que el monto a pagar se encuentra dentro de la normalidad, pero que igualmente requieren previsibilidad de cobro al Gobierno. “El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, nos dijo que estará viendo mecanismos para empezar a bajar la deuda con montos más importantes, esto se cumplió en el mes de julio y esperamos que en agosto se cumpla lo mismo”, manifestó este jueves al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Detalló que las compras del Ministerio de Salud Pública a las farmacéuticas demandan un promedio de USD 50 millones mensuales, pero que en los últimos meses aumentó la demanda y hubo más adquisiciones de medicamentos a raíz de la ampliación de centros de salud y la habilitación de nuevos hospitales públicos. Por dicha razón, la cifra trepó de USD 150 millones a USD 340 millones debido a un retraso en las transferencias correspondientes a mayo y junio.
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Asimismo, el titular de Cifarma destacó avances en el gobierno de Peña en cuanto al pago de las deudas en comparación con los 18 meses de retraso que se registraron durante la administración del exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, y que fueron saldándose bajo el actual mandato.
“La deuda del Ministerio de Salud está dentro de los márgenes de la normalidad. La deudas se va acumulando por consecuencia de que las necesidades del Ministerio de Salud son superiores a lo que el Ministerio de Economía está pagando. El Ministerio de Economía venía pagando USD 40 millones por lo tanto se iba acumulando un USD 10 millones”, refirió.
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Argentina mejora calificación de deuda en medio de protesta salarial
La agencia de calificación de riesgo Moody’s informó ayer jueves en un comunicado que elevó la nota de la deuda a largo plazo de Argentina en dos niveles, de Caa3 a Caa1, aunque se mantiene en la categoría especulativa. La calificadora estadounidense justificó su decisión citando las reformas macroeconómicas recientes, que han contribuido a reducir la inflación y a regresar al crecimiento a finales de 2024.
Estima que el riesgo de un incumplimiento de pagos o de una reestructuración de la deuda ha disminuido gracias al retiro progresivo de las restricciones cambiarias “permitiendo una transición hacia un régimen de cambio más sólido, apoyado en la reconstitución de reservas internacionales”.
La agencia destaca además que la economía del país registró un crecimiento del 5,9 % en el primer trimestre de 2025 “impulsado por la demanda interna y sostenido por una recuperación de la confianza”.
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La calificación de Caa1 tiene una perspectiva “estable”. “La desinflación contribuyó a un alza de los salarios reales, mientras que el ajuste presupuestal ha mejorado la disponibilidad de crédito, ahora menos competido por los préstamos del sector público”, agregó Moody’s.
Desde hace más de un año, Argentina se beneficia de una fuerte tendencia a la baja de los precios. En junio, la inflación interanual se ubicó en el 39,4%, contra el 211% de finales de 2023, al inicio de la presidencia de Javier Milei, y cuando se aplicaron las primeras medidas de austeridad, entre ellas una fuerte devaluación del peso de más del 53%.
En abril, el país recibió préstamos y ayudas del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 42.000 millones de dólares en total.
Es el “reconocimiento de los impresionantes avances realizados en la estabilización de la economía” argentina, indicó la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Moody’s precisa en todo caso que la debilidad de las reservas exteriores de Argentina y obstáculos estructurales a la inversión extranjera todavía impiden que la nota supere el nivel Caa1.
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Recortes en salud pública
Miles de personas se movilizaron este jueves pasado a la Plaza de Mayo de Buenos Aires bajo la consigna “la salud no se toca” para reclamar por mejoras salariales para los trabajadores de la salud. Con pancartas con leyendas como “recomposición salarial ya” y “el hospital no se toca”, médicos, residentes, enfermeros y trabajadores de otros sindicatos se movilizaron para protestar contra lo que consideran un “vaciamiento sistemático” de la salud pública como parte del drástico plan de ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei.
“La situación actual es crítica”, dijo a la AFP Ignacio Meza, médico residente del hospital público Fernández, en la movilización. “Tenemos un gran ataque del gobierno nacional hacia la salud pública, donde los ajustes de salario de los trabajadores de la salud afectan directamente a la salud de la población”.
El detonante para la marcha fue la situación del hospital público Garrahan, principal centro pediátrico del país, cuyos trabajadores realizan paros y protestas desde hace meses denunciando una “asfixia salarial”.
“Hay un éxodo masivo de recurso humano capacitado”, dijo el miércoles en CNN Radio el médico neonatólogo del Garrahan Nicolás Morcillo. “El hospital funciona con un presupuesto del 2023 y no sabemos cómo llegaremos a fin de año”.
Meza señaló que en su hospital ve integrantes del personal “cansados y guardias explotadas” ya que “cada vez más pacientes caen (van) al hospital por falta de medicación, porque no logran atenderse en los centros propios de su obra social (privados, ndlr)”.
Mientras se llevaba adelante la protesta, el ministro de Salud, Mario Lugones, desmintió en X que se esté desfinanciando al hospital Garrahan y dijo que se trata de un reordenamiento para “terminar con los curros (trampas) legales y la mala administración”.
Fuente: AFP.