El diputado Rodrigo Gamarra se pronunció en redes sociales sobre la intención de la exsenadora Kattya González de regresar a la Cámara Alta, luego de su expulsión por presunto tráfico de influencias. González sostiene que, en caso de que la Corte Suprema declare inconstitucional su expulsión, podría retomar su banca sin necesidad de una nueva votación ni juramento.

Gamarra rechazó esa posibilidad y acusó a González de intentar reinstalarse “sin jurar, sin votar y sin vergüenza”. En su publicación, cuestionó que la exlegisladora busque reincorporarse sin respetar el proceso legal que ya permitió a su suplente asumir la banca de forma oficial.

“La Corte no restituye bancas, solo declara si un proceso fue inconstitucional”, afirmó el diputado. Además, subrayó que “la banca ya fue ocupada legalmente por su suplente” y que no se puede “echar a un senador a dedo para que otro vuelva cuando le plazca”.

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También criticó lo que calificó como un intento de González de imponer una narrativa mediática para facilitar su regreso: “Pretende instalar la idea de que un senador puede irse, volver y sentarse cuando le plazca. Como si fuera su casa, su silla, su antojo”.

Finalmente, el legislador sentenció que “el Senado no es una plaza pública ni una tribuna de TikTok” y que, si González quiere volver a ocupar una banca, deberá presentarse a elecciones. “Pero para eso necesita lo que más le falta: votos y autoridad”, concluyó.

Kattya González fue expulsada el 14 de febrero del 2024, luego de que se presentara un libelo acusatorio con 73 páginas en el que, entre otras argu­mentaciones, sindican a la parlamentaria de uso inde­bido de influencias. Se men­ciona así el caso de plani­llerismo de los asesores de la parlamentaria, Soledad Blanco y José Torales, este último además se desempe­ñaba como presidente del Partido Encuentro Nacio­nal (PEN) y funcionario de la Contraloría General de la República (CGR).

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En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el contrato de préstamo de hasta USD 200 millones del The Export-Import Bank de la República de China (Taiwán) a favor de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) con el objetivo financiar el programa habitacional Che Róga Porã. La iniciativa ahora debe ser analizada por la Cámara Baja.

A través de esta iniciativa, además se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en representación del país, a formalizar las garantías de las obligaciones previstas en el contrato préstamo para el financiamiento del programa Che Róga Porã que estará a cargo de la AFD. El proyecto contó con el visto bueno de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Energía.

“Los componentes de este programa apuntan a facilitar el acceso al crédito hipotecario a familias de clase media, emergentes y sectores también de bajos ingresos, satisfacer una necesidad social urgente en materia de vivienda, generar empleo e indirecto en el sector de la construcción y otras industrias relacionadas, mejorar la productividad general del país y fortalecer la estabilidad económica, proporcionar el acceso a servicios básicos, reducir la pobreza y la desigualdad”, expresó el senador Silvio Ovelar, de la Comisión de Hacienda.

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Asimismo, manifestó que Paraguay cuenta con un déficit habitacional severo de aproximadamente 1.580.000 familias sin posibilidad de acceso a una vivienda propia y con este proyecto, se espera financiar inicialmente 1.500 viviendas y la creación de 15.000 nuevos empleos.

Por su parte, el senador Pedro Díaz Verón de la Comisión de Energía indicó que se resolvió dictaminar por la aprobación sin modificaciones del proyecto, decisión a la que se llegó luego de las reuniones mantenidas con representantes de la AFD, del MEF y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)

En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores estudió el proyecto de ley que “garantiza la protección ante el criadazgo de niños, niñas y adolescentes”. Tras el debate entre los legisladores, se dio lugar a la votación y con el voto de 25 parlamentarios se resolvió rechazar la iniciativa, la que vuelve nuevamente a la Cámara de Diputados.

“El criadazgo se ha convertido en una práctica que, en algunos casos, fue visto como una oportunidad de mejora para niños del interior del país, pero hoy está profundamente degradada. Hablamos de explotación infantil, abuso sexual y físico, trata de personas. Recordemos el caso de ‘Panambi’, por el cual Paraguay fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, expresó el legislador Eduardo Nakayama, en representación de la Comisión de Legislación.

Esta Comisión defendió el dictamen de aprobación con modificación y manifestó que trabajaron bajo una misma línea con las comisiones de Familia, Derechos Humanos y Pueblos Indígenas en los ajustes incorporados a esta propuesta que tiene a Diputados como Cámara de origen. Entre las correcciones incorporadas, fue la de establecer la pena máxima en 10 años en lugar de 20 años como estaba establecida inicialmente.

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En tanto, la senadora Lizarella Valiente manifestó su posicionamiento en contra del criadazgo, dado que en la realidad priva a los niños de su libertad de vivir plenamente su infancia y hace que en muchas ocasiones, los menores vivan en un contexto de maltrato sin que existan condiciones legales, no obstante, señaló que este proyecto no cumplía con los requisitos necesarios para ser aprobado.

El senador liberal Ever Villalba señaló que una de las formas de erradicar el criadazgo es mediante un abordaje económico y social, para lo cual se deben mejorar las políticas públicas que eviten que los padres envíen a sus hijos a trabajar o a emigrar por necesidad. “No esperemos que la solución venga solo por el sistema penal”, afirmó.

Luego de un extenso debate de una sesión que fue convocada únicamente para tratar esta iniciativa, se procedió al voto, 25 senadores votaron en contra, 7 a favor y 4 se abstuvieron a votar. Con esta decisión, la iniciativa retorna a la Cámara de Diputados.

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La Cámara de Diputados aprobó en su última sesión ordinaria, un proyecto de ley que incorpora modificaciones a la ley de financiamiento político. Según explicaron los proyectistas, esto buscaría agilizar y digitalizar los procesos. De acuerdo a lo expresado por el senador Natalicio Chase, esto tendría el acompañamiento de los legisladores colorados en su conjunto.

“Yo creo que todos los colorados van a acompañar la decisión del partido, vamos a esperar que llegue a las comisiones para su estudio y ahí vamos a tener un panorama más claro”, expresó en contacto con La Nación/Nación Media, no obstante, señaló que desde Honor Colorado, ya han decidido acompañar la línea partidaria.

Se trata del proyecto “Que modifica los artículos 64 inciso A, 66 y 278 inciso B de la ley nº 834/1996, del Código Electoral, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018” y en la iniciativa alegan que estas modificaciones son necesarias ya que si bien la norma actual establece controles, estos resultan en muchas ocasiones, muy complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las elecciones internas.

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Uno de los aspectos que incorpora esta propuesta es la posibilidad del reconocimiento anticipado de los movimientos internos, algo que no está integrado en la ley actual. Además, propone formalizar esta etapa de modo a que los movimientos puedan gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

Chase descartó que el proyecto busque acortar los tiempos de campaña. “Es justamente al revés, permite una mayor participación y no limita a un periodo de tiempo la participación de los inscriptos. Lo que pasa es que cierto sector de la oposición, según escuché, dicen que el Partido Colorado busca inclinar la balanza hacia su cancha y es al revés, es siempre el Partido Colorado el que posibilita la mayor participación y eso se hace atendiendo a nuestra capacidad de organización”, refirió.

A esto añadió, “estamos seguros de que vamos a tener un resultado mejor en las próximas elecciones, no importa cuáles sean las condiciones”. Otro de los alcances de la ley es la digitalización de la presentación de las declaraciones de ingresos y gastos de campaña y la declaración de intereses económicos vinculados.

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También obliga al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) a publicar en un plazo de diez días hábiles, todas las declaraciones e informes recibidos en su portal y contempla la conformación de una unidad especializada de fiscalización que verificará la veracidad y autenticidad de los documentos.

Otra de las modificaciones, es la actualización de uno de los organismos de control. “Atendiendo a que hay una unificación de funciones de una institución que dejó de existir que era la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), ahora tres instituciones están unificadas en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), entonces se cambia para ajustar a la ley vigente”, explicó.

El legislador y líder de la bancada de Honor Colorado, indicó que es muy probable que este proyecto aún no sea tratado en la próxima sesión del Senado, puesto que aún estaba pendiente el ingreso del documento a la Cámara, no obstante, señaló lo siguiente, “apenas llegue vamos a pedir que se incluya en el orden del día”