El exfuncionario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue condenado a 7 años de cárcel.

Durante las prime­ras horas de ayer, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Raúl Antonio Fernández Lipp­mann en su vivienda ubicada en el barrio Loma Pytá de Asunción. El exfuncionario público, quien permanecía prófugo, fue capturado para hacer efectiva una condena firme de siete años de pena privativa de libertad.

La intervención policial ini­ció alrededor de las 5:40 y estuvo a cargo del Departa­mento de Búsqueda de Pró­fugos, con apoyo del Depar­tamento de Operaciones Especiales (DOE) y bajo la supervisión de la fiscala Ale­jandra Montero. El opera­tivo se ejecutó mediante una orden de allanamiento fir­mada por la jueza de Ejecu­ción Sandra Kirchhoffer. Tras ser localizado en el inmueble, los intervinientes le comuni­caron formalmente sus dere­chos constitucionales y pro­cedieron a su traslado hasta la sede de la unidad policial interviniente, donde quedó a disposición de las autorida­des judiciales para su poste­rior remisión a un estableci­miento penitenciario.

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La orden de captura había sido emitida originalmente para dar cumplimiento al fallo dictado en su contra. La condena adquirió carác­ter firme luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declarara inadmi­sible el recurso de casación planteado por la defensa téc­nica del procesado.Durante el juicio oral, el Ministerio Público demostró inconsis­tencias financieras sustan­ciales entre los años 2007 y 2017. En dicho periodo, el acu­sado no pudo justificar la pro­cedencia de G. 237.550.698 en egresos ni la adquisición de divisas norteamericanas por un valor equivalente a G. 1.327.393.602.

Raúl Fernández Lippmann se desempeñó como secretario general del Jurado de Enjui­ciamiento de Magistrados (JEM) y fue hombre de con­fianza del fallecido exsena­dor Óscar González Daher. Su causa cobró trascenden­cia tras el escándalo de los “audios filtrados” en 2017, que revelaron una red de tráfico de influencias y chantajes a jueces y fiscales, derivando en una investigación patrimo­nial que derivó en su condena por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

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