• Por Dolly Galeano

La madrugada del 19 de enero de 2020, cuando aún no se pre­sagiaba que estaba a punto de iniciarse una crisis sani­taria de tal envergadura, que paró el mundo, un hecho se consumaba para evidenciar otra crisis, la del sistema penitenciario en Paraguay: el país amaneció con la noti­cia de 76 presos fugados del Penal Regional de Pedro Juan Caballero, por un túnel, hecho que pasó a oficializarse luego como una “liberación de presos”. Los fugados esta­ban en el Pabellón A, planta baja y alta, según los inves­tigadores fiscales a cargo. Confirmaron que los fun­cionarios penitenciarios que estaban prestando servicios facilitaron la salida por un túnel construido en el inte­rior del sanitario de la celda n.o 13 del pabellón A Baja.

El túnel tenía 30 metros y salía al exterior de la muralla perimetral del predio peni­tenciario; la salida del túnel estaba a 50 metros del puesto centinela. La abertura salía a la calle Naciones Unidas por donde huyeron los presos. En una de las celdas del pabellón vaciado fueron halladas 200 bolsas de tierra. Unos 20 días antes se había hecho cateo penitenciario.

La magnitud del escape dio lugar a muchas informacio­nes contradictorias con la versión oficial y rápidamente surgieron declaraciones de recapturados indicando que no salieron por el túnel, sino por el portón principal ante la liberación que estaba ocu­rriendo. Sabino Darío Gonzá­lez, el segundo recapturado, fue quien habló al respecto.

El primer recapturado fue Eduardo Alves da Cunha, en Ponta Porã, ciudad fron­teriza con Pedro Juan Caba­llero. Hasta hoy fueron recap­turados 32 PPL de las 76, de las cuales 7 fueron detenidos en el Brasil y 24 en territorio paraguayo. Uno fue abatido por la Policía Nacional. De los fugados, 40 son de nacionali­dad brasileña y 36 de naciona­lidad paraguaya.

Esto generó un cambio de 180 grados en el manejo peniten­ciario. El coronel (R) Rubén Peña, titular de la Dirección de Establecimientos Peniten­ciarios, explicó que lo ocu­rrido aquel enero en Pedro Juan Caballero fue un hecho más de una serie de sucesos que generaron un serio revés al sistema penitenciario, así como la fuerte presencia del PCC como punto crítico para el gobierno de entonces.

Mencionó que todo eso sir­vió de experiencia para que a partir de agosto de 2023, la misión del nuevo gobierno sea la recuperación del con­trol del sistema penitencia­rio en Paraguay, es especial Tacumbú, por ser el ejem­plo más emblemático de ese problema.

Consideró que hubo un cam­bio cualitativo, un cambio de 180 grados en el manejo penal con la implementa­ción del nuevo modelo de ges­tión, y consideró que la ope­ración del Consejo Nacional de Seguridad y la integra­ción de las fuerzas públicas son parte de esos resultados cualitativos.

Asimismo, dijo que se recu­peró el control penitencia­rio para el cual el operativo Veneratio y la expulsión de los miembros del PCC fueron fundamentales.

El mejor control para la capacitación y selección de los agentes penales, poniendo énfasis en la formación y en la honestidad, teniendo en cuenta las experiencias cita­das, fueron otros puntos apli­cados, según el director Peña.

Concluyó que la inserción laboral desarrollada en los recintos penales de manera más sustentable es otro punto que desalienta la intención de fuga. Peña dijo que todo lo hecho permitió un gran avance, pero todavía quedan restos de la vieja práctica y un ejemplo fue la fuga de un pabellón de máxima seguri­dad, de Minga Guazú. Insis­tió en el refuerzo al sistema de selección de los agentes y a la capacitación.

Un mes después de la fuga, los fiscales a cargo proyectaron videos en los cuales sustenta­ron que se trató de una libera­ción a través del túnel. El fis­cal Federico Delfino confirmó que las imágenes del circuito cerrado penitenciario apor­taron esas evidencias.

La salida se inició a la 1:36 y el primero en salir fue Timo­teo David Ferreira, uno de los líderes de la facción criminal brasileña PCC, quien estaba en la planta baja.

Fueron identificados 14 jefes del citado grupo cri­minal entre los 76 fugados e indicaron que el plan fue preparado para la huida de esos jefes del PCC, pero que el resto aprovechó el per­miso. Para las autoridades brasileñas, más de la mitad de los liberados son del PCC.

El entonces director Chris­tian González Morel y otros 28 funcionarios penitencia­rios fueron sacados de sus puestos y procesados.

Al cumplirse dos años del suceso, los fiscales Federico Delfino, Fabiola Molas e Irene Álvarez presentaron acusa­ción por los hechos punibles de “Liberación de presos, frustración de la persecución y ejecución penal y asociación criminal”. Pero, a seis años del hecho, todavía no hubo juicio oral y público a los acusados, a raíz de los innumerables inci­dentes judiciales. En agosto de 2025 fue destrabada en la Corte Suprema de Justicia una de las acciones que impe­día el juicio a los acusados.