La abogada Analía Rebollo, en repre­sentación de la firma Ypyta SA Inmobiliaria Ganadera y Comercial, pre­sentó una acción de incons­titucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En la misma, se solicita dejar sin efecto las resoluciones de primera y segunda instan­cia que avalaron, de forma presuntamente arbitraria e irregular, la venta de una valiosa propiedad ubicada en Pedro Juan Caballero.

La profesional del dere­cho sostuvo en su acción que “las resoluciones de primera y segunda instan­cia transgreden, a todas luces, el principio consti­tucional del debido proceso garantizado en el artículo 256, segundo párrafo, de la Constitución Nacional”.

Dicho artículo establece imperativamente que “toda sentencia judicial debe estar fundada en la Cons­titución y en la ley”. Sin embargo, Rebollo afirma que en el presente caso tal situación no ocurre, sino todo lo contrario: los fallos son arbitrarios e irregula­res, por lo que corresponde anularlos.

Asimismo, la abogada de la firma Ypyta sostiene que “el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de la Capital, ha dic­tado una resolución en con­travención a claras disposi­ciones constitucionales, sin mayores fundamentos; por todo ello, dicho fallo es total­mente arbitrario e inconsti­tucional y debe anularse”.

Dicha cámara de apelación había ratificado la determi­nación adoptada por un juz­gado civil que avaló de forma sospechosa la venta de una propiedad perteneciente a la firma Ypyta en el marco de un juicio de quiebra.

La acción de inconstitu­cionalidad se presentó durante los primeros días de noviembre y fue comu­nicada al cuestionado juez civil Édgar Rivas. No obs­tante, el magistrado habría hecho caso omiso a dicha presentación y, vía habili­tación de la feria judicial, pretendió llevar adelante la transferencia del inmue­ble a pesar de que la Corte Suprema aún debe resolver la acción presentada por la firma afectada.