La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros César Diesel, Víctor Ríos y Gustavo Santan­der debe definir si está a favor de la corrupción o acompaña la seguridad jurídica debido a que los altos magistrados deben resolver acciones de inconstitucionalidad que se presentaron en el juicio cara­tulado “Ypyta Inmobiliaria, ganadera y comercial socie­dad anónima sobre convoca­toria de acreedores”.

Los altos ministros Diesel y Ríos estarían siendo influen­ciados por el exvicepresi­dente Hugo Velázquez, quien busca que en el presente caso prime la corrupción y no la seguridad jurídica.

Se describe que el hoy conde­nado exsíndico de quiebras Blas Velázquez en el marco de una convocatoria de acreedo­res de la firma Ypyta procedió a vender de forma directa pro­piedades que ya no podían ser vendidas a terceros, debido a que la firma Ypyta ya cubrió todas sus deudas y la quiebra debía ser levantada.

Ante las ventas irregulares e ilegales, la firma Ypyta Inmo­biliaria, ganadera y comercial sociedad anónima apeló las resoluciones donde se hizo lugar a las ventas directas de dos inmuebles que podrían superar los G. 2.000 millo­nes ubicados en Pedro Juan Caballero y Ypacaraí. Ante este escenario el tribunal de apelación primera sala de la capital decidió dar la razón a la firma Ypyta y dejó sin efec­tos las ventas irregulares y decidió que Ypyta recupere dichos inmuebles.

Debido al fallo de segunda instancia, los compradores Milner Sosa, quien presunta­mente no pudo demostrar sol­vencia para la adquisición del inmueble, y Ronaldo Braga Diniz, presentaron dos accio­nes de inconstitucionalidad ante la sala constitucional de la corte contra las resolucio­nes del tribunal de apelación civil que actuaron conforme a derecho devolviendo las pro­piedades ubicadas en Ypaca­raí y Pedro Juan Caballero a la firma Ypyta.

Ahora ambas acciones están en poder de los ministros de la sala constitucional que deben estudiar si corresponde estar a favor de la corrupción debido a que el exvicepresidente de la República Hugo Velázquez y su secretario conocido como Joselo estarían operando ofreciendo sumas de dinero para hacer lugar a la acción a pesar de que no corresponde tal situación y, por ende, que prime la corrupción antes que la seguridad jurídica. En casos similares los inte­grantes de la máxima instan­cia judicial suelden rechazar la acción presentada por los compradores en el presente caso.