Los fiscales Giovanni Grisetti, Juan Ramón Sandoval, María Irene Álvarez y Christian Ortiz, acu­saron a Armando Javier Rotela por varios hechos ocurridos durante un motín en la peni­tenciaría de Tacumbú, los días 16 y 17 de febrero de 2021.

Los hechos atribuidos a Rotela y otras personas son: homicidio doloso, toma de rehenes, motín de internos, asociación crimi­nal, todos en calidad de autores.

Los agentes fiscales presen­taron el requerimiento con­clusivo de acusación contra el presunto líder del denominado clan Rotela, y otros ocho pro­cesados, por su supuesta par­ticipación en los graves hechos donde ocho internos fueron asesinados y más de veinte agentes penitenciarios fueron tomados como rehenes.

De acuerdo con el informe del Ministerio Público, la acusa­ción fue formalizada y se soli­citó al Juzgado Penal de Garan­tías la admisión de la acusación y de todas las pruebas, así como la elevación del caso a juicio oral y público.

Conforme a la imputación “los incidentes se desencadenaron tras la decisión de trasladar al interno Orlando Efrén Benítez Portillo, lo que generó descon­tento entre un grupo de reclusos identificados como integrantes de la estructura criminal cono­cida como can Rotela”.

Así también, la investigación señala que los también proce­sados en este proceso, realiza­ron los hechos violentos, como quema de colchones, destrozos en el edificio y obstaculizar la labor del personal penitencia­rio bajo el mando de Armando Javier Rotela. Se menciona ade­más que estas acciones deriva­ron en el motín con la toma de rehenes de unos 20 agentes penitenciarios.

Igualmente, la Fiscalía men­ciona que “Rotela habría impar­tido órdenes directas para la ejecución de varios internos, quienes fueron atacados con armas blancas, decapitados en algunos casos, y luego entre­gados a las autoridades dentro del penal, siete víctimas fueron encontradas el 16 de febrero y una más el día siguiente en otro sector del establecimiento”.

Para la acusación, la Fiscalía presentó varias pruebas como: actas de intervención fiscal y policial, informes de inteligen­cia y análisis de videos, autop­sias, pericias forenses y estu­dios dactiloscópicos, además de las declaraciones testimo­niales de autoridades, guardias retenidos, bomberos y agentes policiales intervinientes.