En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta S.A. Industrial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedores”, la abogada Analía Patricia Rebollo Noguera, representante legal de la citada empresa, presentó un urgimiento al cuestionado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia. El magistrado, de llamativa demora, aún no ha firmado los oficios correspondientes para comisionar al Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero, a efectos de realizar la constitución en varias propiedades ubicadas en el departamento de Amambay.

El pedido de celeridad obedece a que desde el pasado 19 de febrero se ordenó dicha diligencia, sin embargo, hasta la fecha el juez Rivas —cuya actuación en el caso ha sido calificada de dudosa— no ha suscrito los documentos pertinentes para ejecutar la inspección en las tierras en litigio. La diligencia judicial se debe realizar en la propiedad donde actualmente funciona la Universidad San Sebastián.

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Asimismo, la representante de Ypyta solicitó la participación del agente síndico interviniente, Julio Agüero, para que se constituya en los bienes raíces mencionados junto con el juez de Paz de Pedro Juan Caballero. Este último quedaría facultado para realizar registros mediante anotaciones, fotografías, croquis y otros medios documentales que describan el estado de los bienes y de las personas halladas en el lugar, labrando un acta detallada para informar al juzgado.

El escrito subraya que la intervención del síndico es fundamental, considerando que la situación de los inmuebles se originó en el marco de la liquidación, hecho anterior a la declaración de rehabilitación. El objetivo final es ilustrar debidamente al juzgado sobre la situación fáctica y posesoria de las tierras, permitiendo así que la representación impulse las acciones correspondientes en salvaguarda de los intereses de la deudora.

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El Tribunal de Ape­lación en lo Civil y Comercial de Asun­ción tendrá que definir si el cuestionado juez de pri­mera instancia Édgar Rivas Laguardia –quien habilitó la feria judicial para intentar transferir una valiosa pro­piedad ubicada en Pedro Juan Caballero–, seguirá o no al frente del juicio civil caratulado “Ypyta SA Inmobiliaria Ganadera y Comercial sobre quiebra, año 2014”.

El magistrado impugnó la recusación presentada en su contra y, a su vez, se apartó momentáneamente del pro­ceso hasta que el tribunal de apelación estudie los argu­mentos de la abogada de la firma Ypyta. La profesional sostiene que Rivas no actuó de forma objetiva al habilitar la feria judicial sin que exis­tiera motivo legal alguno para ello.

El juez Rivas velozmente decidió en tan solo dos horas habilitar la feria judicial para tramitar la titulación de una valiosa propiedad a favor de Hernán Aguilera, un simple repositor y quien no tendría forma de demostrar la adqui­sición que realizó. La resolu­ción del juez sería arbitraria e irregular debido a que existe una acción de inconstitucio­nalidad pendiente de resolu­ción en la Corte Suprema de Justicia.

Ruiz Díaz sostiene que “la determinación adoptada por el juez Rivas es arbitraria y totalmente contraria a dere­cho, porque se ha autorizado, sin causa justa ni motivación, la habilitación de la feria judi­cial respecto al trámite de un tercero ajeno a las partes en litigio”.

Otro punto que sería irre­gular en la actuación del juez Rivas es que no tuvo en cuenta la comunicación de la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, pero sí tuvo muy en cuenta la petición hecha por el tercero, quien reclama la titulación de una propiedad vendida de forma irregular y arbitraria.

El cuestionado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia, a la veloci­dad de la luz habilitó la feria judicial, lo que llama la aten­ción ya que al parecer busca­ría “cocinar” la transferen­cia irregular de un valioso inmueble ubicado en el inte­rior del país. Esto se genera en el marco del juicio civil caratulado “Ypyta SA Inmo­biliaria Ganadera y Comer­cial sobre quiebra año 2014”.

Rivas Laguardia, que sería conocido por ser poco transpa­rente en su gestión, hizo lugar a la habilitación de la feria judi­cial en menos de dos horas. Es decir, la abogada Ivonne Guar­dati, representante de Hernán Aguilera, solicitó la habilita­ción de la feria judicial a las 10:12 de la mañana del 30 de diciembre y el magistrado ya hizo lugar al pedido a las 12:00 del mediodía.

Igualmente, otra circuns­tancia presuntamente irre­gular es que Rivas no le corrió traslado a los abogados de la firma Ypyta sobre el pedido de habilitación de feria, para responder si estaban o no de acuerdo con el pedido hecho por Guardati.

Estos actos presuntamente irregulares en la actuación del juez civil hacen suponer que tendría un interés en el presente juicio, atendiendo a que sorpresivamente Rivas Laguardia estará los prime­ros diez días de la feria judi­cial, que se inicia en enero de 2026, por lo que se presume que trataría de “cocinar” la transferencia del costoso inmueble situado en el inte­rior del país.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estudia la acción de incons­titucionalidad presentada por la firma Ypyta contra la determinación adoptada por un tribunal de apela­ción, que de forma arbitra­ria e irregular confirmó la resolución de un juez civil que avaló la venta irregular de una valiosa propiedad.

A pesar de existir numerosos elementos que pueden sustentar una imputación contra el exsíndico de quiebras, Blas Velázquez, la fiscala Raquel Andrea Vera hasta el momento no lo hizo y tal situación llama la atención. Los hechos denunciados son varios, entre ellos lesión de confianza y otros.

Velázquez habría vendido de forma irregular y a un costo irrisorio varios inmuebles de la firma Agroganadera Ypyta Inmobiliaria. La fiscala Vera, lleva varios meses estudiando los informes y otros elementos de prueba existentes en la carpeta fiscal, pero hasta el momento no presentó ninguna imputación.

La abogada Gessy Ruiz Díaz, representante legal de la firma Agroganadera Ypyta SA ya meses atrás pidió a la fiscala Andrea Vera que presente la imputación contra el exsíndico de Quiebras, quien ya fue condenado por un caso similar a 6 años de cárcel.

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La denuncia señala que el hoy exsíndico de Quiebras vendió de forma directa la estancia Laguna Pora, de 7.430 hectáreas, ubi­cada en Lorito Picada, en el departamento de Amambay, que forma parte como activo de Ypyta SA. El valor del establecimiento ganadero sería de G. 150.000 millones de acuerdo a la tasación, pero dicha estancia fue regalada por el entonces síndico de Quiebras por tan solo G. 31.080 millones, es decir, mucho menos por el valor del precio tasado, lo cual ya existe una irregularidad en la actuación del síndico de Quiebras.

También dice la denuncia que Velázquez procedió a la venta irregular de cuatro inmuebles por la insignifi­cante suma de G. 700 millones cuando que las propiedades son cinco veces más caras. Ante todos los elemen­tos mencionados, el Ministe­rio Público debe presentar la imputación contra el exsín­dico Blas Velázquez.

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