La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos, debe estudiar si rechazan o no la acción de inconstitucionalidad presentada por Ronaldo Braga Diniz, quien recurrió a la máxima instancia judicial tratando de dejar sin efecto una resolución del tribunal de apelación en lo civil y comercial que devolvió una valiosa propiedad a la firma Ypyta Inmobiliaria.
En primera instancia, un juez en lo civil de forma irregular autorizó la venta de una costosa propiedad de la firma Ypyta a un tercero a pesar que la venta ya no podía realizarse. El síndico de quiebras que avaló la venta es el hoy condenado Blas Velázquez, quien también está denunciado penalmente y debe ser imputado por el despojo irregular de varios inmuebles perteneciente a la firma Ypyta Inmobiliaria.
La representación legal de Ronaldo Braga Diniz pretende admitir la acción de inconstitucionalidad a pesar de que no reúne los requisitos para hacerlo. En ese sentido, existirían actores políticos que están detrás del caso y uno de ellos sería el exvicepresidente de la República Hugo Velázquez y Joselo Rodríguez, involucrado en el escándalo de la Itaipú que género una crisis en el gobierno de Mario Abdo Benítez.
SEGUNDA INSTANCIA
El Tribunal de Apelación primera sala de la capital en febrero de este año dejó sin efecto la resolución del juzgado civil y comercial que de forma irregular y arbitraria autorizó la venta de forma directa de la propiedad ubicada en la zona de Pedro Juan Caballero. Con la determinación adoptada en segunda instancia, la firma Ypyta debe recuperar dicho inmueble.
Ahora está en manos de los ministros de la Corte no prestarse a la maniobra irregular del accionante y garantizar el Estado de derecho. En caso de que se ordene dar trámite a la acción se dejaría un precedente negativo para la seguridad jurídica en nuestro país.