Un proyecto de ley que busca reducir a la mitad el costo del consumo eléctrico y del agua potable para adultos mayores ingresó a estudio en la Cámara de Diputados, con el objetivo de aliviar la carga económica de este sector de la población y reconocer su aporte a la sociedad.
La propuesta legislativa plantea que las personas mayores de 65 años abonen únicamente el 50 % de la tarifa vigente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).
En su exposición de motivos, el documento destaca que la vejez suele ir acompañada de una disminución de las capacidades laborales y de mayores necesidades de salud, lo que deriva en dependencia económica y en una recarga sobre las familias, especialmente sobre las mujeres cuidadoras.
El diputado Benjamín Cantero, impulsor del proyecto, señaló que la Ande ya emitió su parecer técnico, advirtiendo que la medida representaría un costo anual de entre 8 y 20 millones de dólares para la estatal.
IMPACTO MANEJABLE
Sin embargo, los proponentes consideran que el impacto fiscal sería manejable gracias al reciente pago total de la deuda de Itaipú Binacional, lo que permitiría reducir costos energéticos sin afectar las finanzas públicas.
El texto establece que el Ministerio de Hacienda coordinará con Ande y Essap los mecanismos de implementación y control, a fin de evitar irregularidades o fraudes en la aplicación del beneficio.
La normativa se sumaría a los derechos ya garantizados a los adultos mayores, como el medio pasaje en transporte público urbano e interurbano, y el acceso preferencial a actividades culturales, recreativas y turísticas. Además, el proyecto amplía el alcance de estos beneficios al incluir la gratuidad o descuentos especiales en cines, espectáculos artísticos y eventos deportivos.
De aprobarse, esta medida representaría un paso significativo en materia de protección social y de reconocimiento a la población adulta mayor, un grupo que hoy supera las 650.000 personas en Paraguay y cuya calidad de vida depende, en gran parte, de políticas públicas inclusivas y sostenibles.
EXONERAR IMPUESTO
En setiembre se presentó un proyecto de ley “Que modifica el artículo 16 de la Ley n.° 7322/2024, que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión”, ante Diputados.
El objetivo era incluir la exoneración del impuesto inmobiliario como beneficio social a personas adultas mayores de escasos recursos, propietarias de un único inmueble destinado a vivienda habitual.
“Muchos adultos mayores de escasos recursos poseen una vivienda propia, sin capacidad suficiente para afrontar el pago de impuesto inmobiliario. Esta medida evitaría desalojos por falta de pago y contribuiría directamente al bienestar”, sostiene la justificación del proyecto.