Un informe de 261 páginas, concluido tras meses de intervención revelan un descalabro administrativo en la Cooperativa Poravoty a cargo de grupo de policías que ocasionó un perjuicio de G. 274.235 millones, según los interventores del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).

Las conclusiones señalan atrocidades financieras perpetradas en la institución y sindican como principales responsables al Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, conforme a las normativas que rigen. Así también, la auditoría interna es mencionada como parte de los responsables por la falta de controles y las omisiones.

El referido informe subraya que, principalmente, por la falta de registración de las previsiones reales de la “Cartera de Préstamos morosa que supera al 80 %, así también para los Activos de Riesgo e implícitamente el no reconocimiento de esta condición contable, aumenta el resultado de la “Pérdida del Ejercicio” posicionándolo en G. 274.235.906.590”, esto al cierre del periodo 2024.

La pericia realizada refiere además que al 30/11/2024, cuyo último registro en la Herramienta Alerta Temprana, la entidad muestra una calificación de Riesgo Alto Crítico” con 15,3 % (R-), a consecuencia de los indicadores financieros fuera de los rangos establecidos.

La crítica situación financiera de la cooperativa tiene a 700 ahorristas que desde hace mucho tiempo están si poder hacer uso de su dinero, muchos de ellos jubilados y con delicado estado de salud.

Entre numerosas irregularidades detectadas por el equipo interventor resaltan temerarias operaciones en la concesión de créditos ficticios por G. 13.355 millones, presumiblemente para ocultar, distorsionar la situación real y financiera de la institución. Saltaron evidencias de análisis deficientes, falta de documentaciones requeridas para el efecto, garantías insuficientes, insuficiente capacidad de pago, aspectos que hacen que los préstamos sean otorgados en condiciones desfavorables para los intereses de la cooperativa.

“Se evidenciaron, además que existen otorgamientos de créditos por montos muy elevados y de antigua data y cuya devolución de capital han sido ínfimas, incluso en algunos casos nulas, afectando directamente a los estados financieros de la Cooperativa”.

Se encontraron 313 armas de fuego, 28.450 municiones, 392 cargadores de pistolas, entre otros elementos. Debido al riesgo que representaba la permanencia de las armas dentro de las instalaciones de la cooperativa, la intervención solicitó a la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) para su custodio. No es un dato menor que, “se ha verificado la adquisición de Armas por parte de la cooperativa, para ello fue proporcionado por parte de los funcionarios a cargo del área de ventas, 3 (tres) contratos, los cuales fueron realizados con la empresa International Auto Supply SA, representado por el Sr. Diego Hernán Dirisio, junto con el Sr. Paulo César Fines Ventura (funcionario de la empresa en su calidad de gerente comercial), aclarando que ambos se encuentra actualmente en prisión en el marco del Operativo Dakovo, cuya intervención tiene como objetivo principal desmantelar una red criminal implicada en el tráfico de armas de Europa hacia Paraguay, y desde allí a las facciones criminales de Brasil.

En el área de inmuebles, el informe detalla irregularidades en operaciones de miles de millones de guaraníes. “Los hechos y demás vinculaciones jurídicas desarrolladas en el apartado de inmuebles evidencian la desviación importante de los principios de transparencia y fidelidad en el manejo de los bienes y valores de la cooperativa, siendo que la función de mayor raigambre de los administradores es el deber de cuidado, inherente al cargo o función desempeñada, concomitante con el perjuicio financiero con la adquisición de inmuebles al contado, sin contar con un fondo propio para la inversión o un plan de financiamiento y rentabilidad en el rubro inmobiliario”.

Se constató también “un incumplimiento generalizado y sistemático de la normativa vigente en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), así como de las disposiciones reglamentarias establecidas por los organismos supervisores (Incoop y Seprelad), deficiencias en la gestión del oficial de cumplimiento, ausencia de controles adecuados para la identificación de personas expuestas políticamente, falta de actualización normativa en los manuales internos y una alarmante concentración de ahorros a plazos sin los mecanismos de mitigación correspondientes. La situación detectada representa un riesgo significativo para la transparencia, sostenibilidad financiera y la integridad operativa de la entidad, así como un eventual canal de ingreso de activos de origen ilícito”.

Cabe recordar que la cooperativa Poravoty registra unos 14.000 socios, de los cuales 3.000 están activos. Algunos de los exdirectivos (todos renunciantes) que se encuentran en la mira por el millonario perjuicio generado son: Miguel González Duarte (presidente, exsuboficial), Silvio Vera González (excomisario), Luis Alberto Delgado. Los miembros de Junta de Vigilancia: Calixto Talavera, Catalino Espínola, Heber Caldeira, entre otros.