Una mujer de nacionalidad paraguaya y su pareja, un brasileño, fueron condenados a 47 años de prisión en el Brasil tras ser acusados por trata de personas, violación de una menor y por mantener a otras mujeres, todas de nacionalidad paraguaya, en condiciones similares a la esclavitud.
La compatriota, procesada por la Justicia brasileña, fue identificada como Mercedes López Sosa, ya que habría captado a mujeres jóvenes del interior del país con la promesa de que irían a trabajar en una guardería, que funcionaba en su vivienda. Ya una vez en Río de Janeiro, no solo las obligaba a trabajar por 11 horas seguidas, sino que no recibían remuneración y, al final del día, eran abusadas sexualmente por Mercedes López, su pareja, un brasileño identificado como Rodrigo Moreira de Araújo y otras personas.
Según la denuncia de las jóvenes, quienes fueron auxiliadas por los padres de los niños que acudían a la guardería, ellas tenían prohibido salir de la casa o tomarse días libres. Las mantenían constantemente realizando trabajos del hogar y eran abusadas emocional y sexualmente, por lo que se trató el caso bajo el agravante de privación de libertad.
Las investigaciones y datos recolectados en el marco del caso en cuestión demostraron que este esquema de trata de personas estaría funcionando desde el 2015 y que, inclusive, existe una víctima que fue obligada a interrumpir su embarazo, producto de una de las violaciones que habría sufrido en la vivienda de la pareja, ahora condenada.
Las víctimas rescatadas serían jóvenes de diferentes puntos del interior del país que necesitaban una salida laboral rápida y que habrían sido contactadas por Mercedes López, quien les prometió una excelente oportunidad laboral, con buena remuneración. Además de un lugar donde quedarse en Brasil, por lo que las jóvenes rápidamente aceptaron.
La fiscala Karina Sánchez, en conversación con la 1020 AM, destacó que normalmente los esquemas delincuenciales como estos cuentan con tentáculos en el Paraguay y otros países. Esto son reclutadores los que le prometen a las víctimas trabajo y alojamiento, no solo en el Brasil, sino que en otros países vecinos, como Argentina y Chile.