El Ministerio Público sospecha que la aero­nave que era ensam­blada en un taller clandestino en Luque iba a ser destinado a una organización boli­viana de tráfico de drogas. De acuerdo a los datos, la Fisca­lía cree que la reparación de la aeronave que pertenecía a la Escuela de Paracaidismo Sin Límites era costeada por esta organización criminal.

El jueves pasado, la Fiscalía a cargo del agente Christian Ortiz allanó el taller clandes­tino en la zona conocida como Aguapey, entre la divisoria de Luque y Limpio, junto con la Dirección Nacional de Aero­náutica Civil (Dinac) y la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad). La propiedad perte­necería al suboficial de la FAP Miguel Ángel Ramírez Núñez.

Allí, los intervinientes incau­taron el fuselaje de una aero­nave que se había accidentado en 2017 (que poseía la matrí­cula ZP-BOB) y que pertene­cía a la Escuela de Paracai­dismo Sin Límites, de David Vela. Además del fuselaje, los agentes de la Senad y del Ministerio Público incauta­ron otros dispositivos, pie­zas y repuestos para la citada aeronave que estaba a punto de culminar la reparación.

Según datos de los inter­vinientes, solo faltaba días para que la nave termina su proceso de ensamblaje y pueda en breve volver a volar, aunque la avioneta reparada ya no tendría matrícula y por tanto operaría de manera ile­gal. Si bien se podrá deter­minar si la aeronave per­tenece aún a la Escuela de Paracaidismo o fue adqui­rida por el mecánico de avia­ción Ramírez Núñez, lo que para la Dinac no hay dudas es que la misma ya no ten­drá matrícula ni licencia para poder volar, ya que hasta los repuestos utilizados tienen un esquema de trazabilidad que en el caso de esta aero­nave no se podrá determinar.

El costo del fuselaje (que ronda entre los 40 mil y 45 mil dólares) es otro de los puntos que llaman la atención de los investigadores, puesto que el que habría adquirido las par­tes del avión siniestrado en 2017, el suboficial Ramírez Núñez, tiene un salario que ronda los 6 millones de guara­níes y pese a que pueda sacar préstamos, es muy difícil que pueda costear la compra de las partes, así como de los repuestos de la nave que ron­dan otros 60 mil dólares.

Es por esta razón que el Minis­terio Público y la Senad sos­pechan que una organización boliviana no solo está detrás de la compra de los restos del aparato, sino también de la restauración y el ensamblaje de la avioneta en cuestión.