El rematador público Raúl Sosa Navarro formuló acusación ante el Jurado de Enjuicia­miento de Magistrados en contra de Nilda Concepción Benítez Caballero, jueza en lo civil y comercial 4.º turno de la ciudad de Encarnación, Itapúa.

De acuerdo con la denuncia presentada por Sosa Nava­rro ante el órgano juzgador de magistrados, refiere que el 18 de julio del presente año estaba programada la subasta pública ordenada en el expe­diente caratulado “Banco Río SAECA c/ Sergio Luiz Tose­tto s/ Acción Ejecutiva”, que se tramita ante la referida magistrada, pero al revisar el expediente se encontró con una providencia de sus­pensión de la subasta emitida en respuesta a una solicitud de suspensión presentada por Daniela Tosetto Casaril, sucesora de Sergio Luiz Tose­tto, quien había comunicado el fallecimiento del deman­dado mediante el acta de defunción adjunta.

Asimismo, el escrito de acusa­ción refiere que “la jueza Nilda Concepción Benítez Caba­llero, en una clara muestra de negligencia y omisión de sus deberes, ordenó la suspensión de la subasta sin observar lo estipulado en el art. 167 del Código de Organización Judi­cial (COJ), que establece que el peticionante de la suspen­sión de un remate deberá con­signar la suma que el juzgado fije para el reembolso al rema­tador de los gastos de publica­ción o transporte de las cosas, más el cincuenta por ciento de la comisión que le corres­pondería de haberse llevado a cabo la subasta”.

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Igualmente, dice el escrito que “el accionar de la magistrada generó un perjuicio econó­mico significativo, superando los G. 20 millones debido a los costos asociados con la publi­cación de edictos realizada en un medio escrito”.

“El daño económico ocasio­nado no solo se limita a los costos directos de publica­ción, sino que también ha afectado mi reputación pro­fesional y la de mis colegas, creando un entorno de des­confianza e incertidumbre en el ejercicio de nuestra profe­sión. La falta de consideración por parte de la magistrada y el incumplimiento de los proce­dimientos legales han puesto en riesgo la credibilidad y el prestigio de nuestro desem­peño en el ámbito profesio­nal”, refiere

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