Una madre denunciada por “supuesto hecho de maltrato verbal a un alumno” tuvo que pedir disculpas por su fallida reprimenda debido a que atenta contra las normas que protegen a menores de todo tipo de maltrato. Este episodio es uno de los últimos atendidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) al cierre de este período escolar 2023 y desde donde manifiestan preocupaciones ya que el 70 % de los problemas es con adultos.
La ignorancia, en primera instancia, alimentada por la prepotencia y el descontrol pueden ser una mala jugada para aquellos padres increpadores que no respetan los límites de acercamiento a un menor. La denuncia realizada por la madre de un alumno de un colegio privado fernandino que dejó en acta situaciones de amenaza, amedrentamiento y reacciones desproporcionales contra su hijo por parte de otra madre se suma a la decena de casos que involucran a adultos en supuestos casos de maltrato y violencia atendidos en simultáneo por la Dirección de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del MEC.
La intervención más inmediata en estos casos es la activación de protocolos de atención y protección al menor que, en el caso puntual mencionado, el procedimiento confundió la Resolución 288/2023 de acoso o abuso sexual en la niñez y adolescencia con la de seguridad en las escuelas, evidenciando también las equivocaciones que puede haber en temas muy sensibles que afectan a menores.
Desde el MEC gestionan mesas de conciliación en estos casos con el objetivo de llegar a acuerdos que dejen constancia del error, pero principalmente para que estos hechos no se reiteren y que los alumnos no sean boicoteados en sus derechos de continuar estudiando con tranquilidad y todas las garantías. Si bien, estas instancias administrativas generan pedidos de disculpas por las reacciones improcedentes como el caso de la madre denunciada, el ego de los adultos que no asumen toda la conciencia de sus faltas, justificando actitudes con situaciones en nada vinculadas al problema particular, es un riesgo latente que las autoridades de cada institución educativa debe tener la capacidad de administrar.
CODENI
Otro dato alarmante que surge del caso es la nula acción de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni) de la jurisdicción del colegio fernandino.
Pese a que recibieron el caso al día siguiente de la denuncia presentada por la madre del menor afectado, no ha dado señales de gestión alguna, confirmando la triste sospecha que pesa sobre estos organismos que es la ausencia en situaciones que atañan a los menores, tarea para la cual fueron creados.