COMENTARIO

Carla Ascarza, comunicadora y artista visual, carla.ascarza@gmail.com

El 2x1 para ser más bellas es una carnada irresistible que circula sin restricciones ni control en las redes sociales. Ojos grandes, pómulos ensanchados y prominentes, labios carnosos, narices pequeñas y delgadas penetran como un mantra en las mentes de miles de mujeres que anhelan ver sus rostros retocados, siguiendo esos patrones estéticos de moda.

La gran mayoría tiene una amiga, tía o conocida que ha ingresado a una “clínica de estética” con poca información, pero con altas expectativas. El sueño de estar divinas o de parecer más jóvenes es un imperativo social que incluso muchas veces excede la capacidad del bolsillo, aunque esto no siempre es un impedimento para las que ahorran durante meses con la meta de volver a sonreír frente al espejo y sentir el éxito y la aceptación de los demás.

Imaginar una alfombra roja debajo de los pies y salir al mundo para conquistarlo con un nuevo rostro, no es un delito, pero la violencia estética podría serlo desde la mirada de los derechos humanos y lo contemplado en nuestra Constitución Nacional.

Esta forma de violencia pasa desapercibida entre la poderosa maquinaria del marketing y la creciente adicción al uso de las redes sociales, que refuerzan la idea de una belleza irreal que desdibuja las verdades científicas subyacentes en cada intervención invasiva.

La violencia estética consiste en la brutal presión social que se ejerce desde un conjunto de prácticas y representaciones que imponen un canon de belleza a ser satisfecho, sometiendo de este modo, en especial a las mujeres desde muy corta edad, a la búsqueda de soluciones estéticas hasta casi “mágicas” para encajar en el prototipo promovido en numerosos lugares que funcionan sin habilitaciones sanitarias ni profesionales expertos en la especialidad.

Recordemos que recientemente la ministra de Salud, María Teresa Barán, advirtió que “hay un descontrol total en cuanto a la implementación de estos productos y los procedimientos”. Sus declaraciones dejan al descubierto un sistema de salud endeble que desprotege a la ciudadanía, dejando el camino abierto al ejercicio de la mala praxis acunada en el negocio del consumo de la belleza del que sale ganando siempre el que aplica el producto a la paciente o más bien, a la cliente.

Entre las funciones de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud (Dinavisa) figuran regular y controlar la distribución, información, e incluso la publicidad de productos de uso y aplicación en medicina humana y los productos considerados como cosméticos pero, contrariamente, vemos cómo adquieren validación las promociones de “te lo hacemos gratis si venís con tu amiga”, “es más barato si nos permitís usar tu foto”, “te lo regalamos si nos promocionás”, con los posteos de influencers que muestran sus cambios físicos y los exponen en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok agradeciendo a los supuestos profesionales esteticistas y obteniendo así beneficios por canje.

Una de las víctimas de este tipo de violencia habría sido Paola Houttave, quien denunció que las doctoras Ester y Sara Oliveira, más conocidas como las “doctoras Barbies de Ciudad del Este”, le habrían aplicado sin su consentimiento el polimetacrilato (PMMA), tal como lo revelara una ecografía que se le practicó tras haber detectado ella que sus labios se endurecían como resultado del tratamiento realizado por las “Barbies”.

A partir de este caso, la Superintendencia de Salud clausuró el local Esthetic Palace de las doctoras denunciadas y en cadena saltaron una serie de hechos irregulares como que la clínica funcionaba sin habilitación y que los insumos utilizados habrían sido adquiridos por contrabando, tal como lo confirmó el cruce de datos con la Aduana y la firma importadora Benedetti Import – Export de la marca del PMMA aprobada por Dinavisa.

Sincerar las debilidades del Estado relacionadas principalmente al control, que salpican a varias instituciones como el Ministerio de Salud, Dinavisa, la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio Público e incluso al Ministerio de la Mujer que podría asignarse la prioritaria tarea de revisar la Ley 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres Contra Toda Forma de Violencia y actualizarla prestando atención a la violencia estética, permitirá a las nuevas autoridades replantear los mecanismos de fiscalización y desterrar el negocio de “médicos” sin ética, sin titulación, que proliferan con certificados en las paredes de cursos rápidos, muchos de ellos híbridos.

La sobreexposición de la imagen perfecta y de la juventud eterna acecha en todos los celulares y comienza a normalizarse gracias a la masificación de los cánones impulsados por la industria de la belleza. El edadismo, gordofobia, racismo y el sexismo son algunas de las características de la violencia estética que se reproducen en los colegios, universidades, en las empresas e instituciones públicas, en grupos de familia y amigos.

Precisamos con urgencia fuertes campañas de información sobre los procedimientos estéticos aprobados, los dispositivos utilizados, los profesionales y clínicas habilitados y sobre esta forma de violencia, de manera tal a proteger a la ciudadanía y prevenir muertes por mala praxis.