El martes 8 de agosto pasado, una mujer presentó una denuncia ante la Comisaría 22.ª de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, por violencia sistemática por parte de su marido. El caso pasó a ser investigado por la Unidad Fiscal n.º 5 de la citada ciudad, a cargo de Édgar Modesto Torales, quien imputó al denunciado por violencia familiar y pidió la detención preventiva.
El procesado está identificado con el nombre cuyas iniciales son M.M.R.F., de 35 años, mientras que la víctima tiene las iniciales M.L.S.A., de 37 años, y es madre de tres hijos, quienes también fueron víctimas de violencia. De acuerdo con el circuito cerrado de grabación y relatada en la denuncia, la agresión última ocurrió en el local comercial, propiedad de la pareja, y en la misma, el hombre golpeó, pateó y amenazó a su esposa.
La golpiza se interrumpió cuando intervino su hermano, tras romper una puerta de vidrio para ingresar al recinto y tratar de apaciguarlo, que finalmente pudo hacerlo, pero los vecinos llamaron al Sistema 911, cuyo personal llegó hasta el sitio, pero el agresor pudo escapar.
En fecha 9 de agosto, el agente del Ministerio Público pidió la detención preventiva del hombre a la Dirección de Policía del departamento de Caaguazú, pero luego “dejó sin efecto la orden de detención, llamativamente, habiendo evidencias contundentes para que el hombre sea detenido y confirmada su prisión”, según el abogado de la denunciante, Balbino Torres, contactado por La Nación/Nación Media.
El abogado explicó que existen imágenes irrefutables en videos, documentos de inspección médica, mensajes en el aparato celular y demás evidencias en contra del denunciado y “no se entiende cómo es que se levantó la orden de detención preventiva y el hombre sigue libre”. Consultado sobre esto por La Nación, el fiscal Édgar Torales dijo: “El hombre está imputado y con pedido de prisión”, rechazando la acusación del representante de la víctima.
Por el auto interlocutorio n.º 268 del 9 de agosto, el juez de Paz de Coronel Oviedo Eugenio César Cataldo otorgó medidas de protección a la mujer, así como prohibición de acercamiento y exclusión del hogar y del comercio contra el supuesto agresor.