Desde la empresa de servicio de agua del Estado, desde el año pasado iniciaron el proceso de actualización de datos de los usuarios, con la que buscan que tengan una mejor atención y que puedan recibir las facturas electrónicas. Recordaron que la actualización de datos lo puede hacer cada cliente desde su celular, sin la necesidad de ir hasta un lugar físico.
La idea de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) es que los usuarios migren de la factura de papel a la digital, pero para poder acceder a este servicio es muy importante la actualización de datos. “La actualización de datos es una exigencia para la emisión de la factura electrónica y para que exista esa conformación de la factura tiene que tener un nombre y un RUC”, detalló Juan Pablo Morínigo, gerente comercial, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Resaltó que de esta manera los contribuyentes podrán deducir esa factura en concepto de servicio de agua potable y alcantarillado. “Desde junio del año pasado empezamos a solicitar a todos los clientes la actualización de los datos a través de nuestras páginas, para que justamente ahora que ya estamos en el proceso de emitir toda la factura electrónica no tengan inconvenientes”, aseguró.
Aclaró que aquellos usuarios cuyos datos no fueron actualizados y que no tienen nombre como apellido o RUC, no podrá deducir esa factura. “Lo bueno, adecuarnos a la nueva normativa del Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y que viene a ser parte del proceso de la formalización de la economía”, manifestó.
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Itaipú compensará gasto adicional para evitar aumento de la tarifa a los usuarios de la Ande
El aumento en la tarifa de potencia de Itaipú Binacional no representará un costo adicional para la Administración Nacional de Electricidad (Ande), afirmó su titular, Félix Sosa. El aumento será cubierto con los recursos generados por la hidroeléctrica.
Con la nueva tarifa, Itaipú lado paraguayo recibirá alrededor de US$ 650 millones por año para gastos sociales y medioambientales. Estos recursos serán utilizados para compensar el costo adicional que representa para la ANDE, dijo Sosa este lunes en entrevista con Paraguay TV.
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El acuerdo entre Paraguay y Brasil establece una tarifa de venta de energía de US$ 19,28 kW/mes para el periodo 2024-2026. Con relación a la tarifa del año pasado (US$ 16,71 kW/mes), representa para la Ande un pago adicional de US$ 73 millones, explicó Sosa.
“Debido a este aumento de la tarifa de la potencia de la Itaipú Binacional, no a va haber ningún aumento en la tarifa para el usuario final de la Ande. Es decir, el costo adicional para la Ande, que será aproximadamente 73 millones de dólares en forma anual, eso se va a cubrir de ese fondo de US$ 650 millones”, enfatizó.
Agregó que se va a transferir a la Ande a los efectos de compensar ese costo adicional, “justamente para que esta tarifa no tenga incidencia en la tarifa de los clientes”, precisó.
Acelerar plan de inversiones
Por otra parte, el ingeniero Sosa señaló que con el incremento en los recursos de la binacional, el Gobierno apunta a acelerar las inversiones prioritarias de la Ande, previstas para el 2030, en los próximos tres años de manera a contar con la capacidad de disponer del 100% de la energía que le corresponde al país de la Itaipú Binacional.
“El Gobierno va a definir hacia donde destinar esos recursos, con base en sus prioridades. Pero una de las prioridades justamente es invertir en el sistema eléctrico paraguayo. De qué nos sirve a nosotros tener grandes generaciones de energía en las binacionales si el servicio que prestamos no es el adecuado”, comentó.
Agregó que para este año se prevé un incremento de los US$ 300 millones invertidos el año pasado; alcanzar una meta de US$ 370 millones en líneas de transmisión y distribución.
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Operativo Veneratio: ratifican extracción de datos de 308 teléfonos incautados al clan Rotela
Tribunal de apelaciones confirmó la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paul López, quien autorizó la extracción de datos de 308 teléfonos celulares, 2 tablets, 10 pendrive, 2 notebook y 2 computadoras, en el marco de la investigación del Operativo Veneratio.
El proceso recae sobre el líder del Clan Rotela, Armando Javier Rotela, y otros ocho reclusos imputados por motín de internos, transgresión a la ley de armas y asociación criminal.
Ahora, deberá jurar el perito que realizará la extracción de datos a los dispositivos incautados al clan durante el operativo que posibilitó que las autoridades del Estado retomen el control de la cárcel de Tacumbú.
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Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández firmaron el fallo de segunda instancia que ratifica la resolución del juez inferior.
Imputación
Los agentes fiscales Fátima Girala, Miguel Quintana y Marcial Machado formularon imputación contra Armando Javier Rotela, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz Sosa, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina.
La lista continúa con Lucas Ramón Duarte Rolandi, Oscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa y Alan Ricardo Caballero. Todos, por transgresión a la Ley Nº 4036/2010 “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, y asociación criminal, en calidad de coautores.
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Información de cumplimiento en el historial crediticio impulsa inclusión
Equifax Paraguay registra más de 2 millones de personas que cuentan con un historial de crédito de cumplimiento en el sistema financiero. La incorporación de información de cumplimiento de los clientes sigue representando el factor más importante que genera un salto en la inclusión financiera en el país y en el acceso a productos financieros.
Hernán Pariso, director de Equifax Paraguay SA, en un encuentro con medios de comunicación, señaló que la inclusión de datos de cumplimiento en el historial crediticio de las personas es obligatoria. La última modificación de la Ley n.° 6534 de Protección de Datos Personales, sancionada en 2020, establece que todos los usuarios de información crediticia deben reportar el comportamiento de pago positivo y negativo de los consumidores. Explicó que la información de cumplimiento es la forma en la que el usuario se comporta mensualmente en sus actividades crediticias pasando de informar solo la “foto” de la morosidad, sino más bien el nivel de pago que se tiene, dando un mejor panorama sobre el comportamiento de las personas activas financieramente.
EVALUACIÓN INTEGRAL
La información de cumplimiento incluye pago puntual de facturas, servicios, préstamos, créditos comerciales, entre otros, que proporcionan una imagen más completa de la salud financiera de los usuarios. A su vez, todo esto permite a las entidades evaluar de manera más integral la capacidad crediticia que tienen los consumidores, o si tuvieron alguna dificultad con algún compromiso, además de posibilitar que se puedan ofrecer mejores oportunidades de acceso a crédito, de acuerdo a cada comportamiento financiero. “Es muy importante comprender que el buró de créditos hoy es aliado de los usuarios y de los consumidores, porque cuenta la historia crediticia de manera segura, fidedigna y objetiva a las entidades donde van a solicitar un crédito”, comentó Pariso.
“EQUILIBRIO EN LA ECUACIÓN”
Esto se considera debido a que, si no existiese información, cada persona debería llevar certificados, copias y numerosos trámites para conseguir un crédito, por lo que dificultará el proceso de concesión de créditos. Pariso indicó que, desde la modificación de la ley, se logró un equilibrio en la ecuación dado que se cuentan con ambas informaciones: positivas y negativas de pagos, siendo este incluso un derecho para los consumidores. “Pude estar pagando bien y me atrasé un mes por algunos motivos, después volví a pagar, ese historial de crédito es importante”, afirmó.
La evolución del buró de créditos no solo representa un cambio positivo para los consumidores en general, sino también deriva en la economía al permitir que un mayor número de personas puedan acceder a créditos para emprender negocios, adquirir viviendas y realizar inversiones.
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Autorizan extraer datos de celular del músico Pablo Benegas, imputado por abuso sexual
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera hizo lugar a la extracción de datos y pericia informática de un aparato celular, propiedad del músico Pablo Benegas, procesado penalmente por abuso sexual en niños y abuso sexual en personas indefensas.
La diligencia judicial tiene por objetivo extraer imágenes y videos, incluso las ocultas o colocadas en carpetas seguras y las eliminadas del aparato telefónico, en las que se observen conversaciones, imágenes de desnudos, filmaciones de mujeres, niñas y/o adolescentes que indiquen o induzcan ofrecimiento de servicios sexuales, o que muestren actos sexuales, bailes sensuales o tocamientos con fines sexuales.
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El Ministerio Público tiene hasta el próximo 13 de octubre para presentar su requerimiento conclusivo en el que si se tienen elementos probatorios se presentará la acusación y el pedido de que el proceso se discuta en un juicio oral y público.
La fiscala Claudia Aguilera fue quien solicitó la prórroga atendiendo a que aún faltan incorporar varios elementos de prueba tales como pericia informática sobre el contenido del aparato celular del imputado, estudio socioambiental del lugar donde se encuentran las niñas, informe de la evaluación psicológica del imputado, así como también el informe victimológico de las mismas.
Igualmente deben declarar varios testigos, como los profesionales médicos del Hospital Barrio Obrero, que recibieron a las niñas en fecha 10 de noviembre del año pasado, y otros elementos que se deben incorporar.
Antecedentes
El Ministerio Público inició una investigación penal contra el referido cantante, por existir sospechas de abuso sexual contra dos niñas y a raíz de eso ambas víctimas tuvieron que ser internadas de urgencia.
El suceso fue denunciado el pasado 10 de noviembre por personal de blanco del Hospital Barrio Obrero, hasta donde llegaron las niñas para una atención médica. Las víctimas mencionaron lo sucedido a una profesora del Centro Comunitario Chacarita. Una vez inspeccionadas en el centro asistencial, los médicos constataron que una de ellas tenía cocaína en su sistema, por lo que inmediatamente se dio aviso al Ministerio Público.
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