La Policía Nacional detuvo a tres personas luego de una persecución, debido a que las mismas habrían hurtado dos aparatos celulares. Los detenidos fueron identificados como Patricio Samuel Silva Morel, de 20 años, Ruth Mabel Figueroa, de 18 años y Fernando Darío Benítez Bogado, de 24 años.

Durante el procedimiento fueron recuperados dos aparatos celulares, producto del ilícito. La intervención fue realizada por personal de la Comisaría 16ª de Asunción. Los aprehendidos y los objetos recuperados quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Ahora, el Ministerio Público tendrá que convocar a los detenidos para la audiencia indagatoria, donde los mismos tendrán derecho a declarar y defenderse. En caso que no lo hagan se dejará constancia y el fiscal del caso podría avanzar en el presente caso presentando la imputación, si se tienen los elementos de sospecha correspondientes.

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En caso de presentarse la imputación, se tendrá que pedir una medida cautelar que podría ser la prisión preventiva de los aprehendidos. Luego los mismos deberán acudir al Poder Judicial donde se desarrollará la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si son remitidos a una penitenciaría de nuestro país.

Si el juez de turno decide decretar la prisión preventiva, la defensa de los imputados podrá apelar el fallo judicial y en caso de producirse eso será un tribunal de apelación el que tendrá que decidir si se ratifica la resolución de primera instancia.

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La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.

A través de su abo­gado, Claudio Lovera, la Confe­deración Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia pre­sentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudame­ricano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgi­miento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.

“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompaña­dos en su oportunidad, así como los que fueran recopi­lados en el marco de la acti­vidad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministe­rio Público emita un pro­nunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el docu­mento presentado ante el Ministerio Público.

Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allana­mientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superinten­dencia de Bancos ante la negativa de estas institu­ciones en proveer infor­mación. En estos proce­dimientos se incautó una serie de documentos.

Estas diligencias realiza­das en el pasado dan cuenta que el órgano investiga­dor sostiene que en deter­minados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.

Pese a esas primeras medi­das, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cual­quier otra iniciativa ten­diente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La pri­mera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.

Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alca­raz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.

La Conmebol quiere recu­perar los fondos que le per­tenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confede­ración en administraciones anteriores; ya se recupera­ron USD 128 millones gra­cias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.

El banco de la familia Zuc­colillo se expone a sancio­nes penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.

Una imputación fiscal de casi imposible impugnación, sustentada en documentos e informes oficiales de Tributación, Contraloría General de la República, análisis periciales de Laboratorio Forense del Ministerio Público, etc., dejan al descubierto el esquema de compra-venta simulada en las compras de víveres covid que articuló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, gracias a una estructura que involucra a expareja y familiares de esta. El resultado más perjudicial, además del fraudulento proceso licitatorio de su administración es que no se habrían entregado la totalidad de las mercaderías ya que varios supuestos beneficiarios residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

La amañada licitación de las compras covid de alimentos para perso­nas de escasos recursos que con el sonado caso Tía Chela había dejado anonadada principalmente a la pobla­ción esteña que depositó la confianza en el intendente Miguel Prieto, no se reduce solamente al simulado pro­ceso de contratación sino a la compra-venta simulada de mercaderías no existentes en el stock de las firmas adjudi­cadas que perjudicó con la no entrega de la totalidad de las mercaderías requeridas con­forme al contrato.

La sustanciosa imputación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estiga­rribia incorporan informes de trazabilidad de operacio­nes de la Subcretaría de Tri­butación, análisis de procedi­mientos administrativos de la Contraloría General de la República, informes de Con­trataciones Públicas, pericia­les del laboratorio Forense del Ministerio Público hasta datos de inteligencia poli­cial que revelan un simula­cro poco antes visto en un proceso de compra pública y entrega de alimentos para personas vulnerables.

Recordemos que el primer gran escándalo desatado con las compras covid de alimen­tos de Miguel Prieto es la apu­rada contratación del autoser­vice Tía para la provisión del 25.000 kits de alimentos por G. 2.949 millones, siendo el adjudicado un pequeño nego­cio sin la capacidad financiera ni de stock requerido. Para facilitar el negocio y adjudi­car contrato a Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, la licita­ción por vía de la excepción incluyó invitaciones al papá de este y una confitería que en ese momento acababa de ganar un contrato importante para pro­visión de almuerzo escolar.

Dicho por la mamá de Áva­los, el padre de este no estaba interesado en ninguna lici­tación y con el contrato que tenía en ejecución la confite­ría Yrupe, el camino estaba allanado a favor de Tía Chela, pese a que no dispo­nía lo que ofertaba a la muni­cipalidad. Aquí entra el rol facilitador que jugó Vanessa Florentín Paez, expareja de Prieto, actualmente fun­cionaria contratada por su administración.

Vanessa, a través de su empresa Vanemi SA se incluyó en el proceso como subprovee­dora de Tía Chela en el intento de blanquear las operaciones con la administración Prieto. Sin embargo, las declaraciones juradas tributarias del movimiento comercial habi­tual de ambas estructuras jurí­dicas Tia Chela SRL y Vanemi SA no se corresponderían con la inversión económica reali­zada entre los meses de marzo y abril del 2020, periodo en que se desarrolló el proceso de adquisición y entrega de los bienes ofertados a la comuna. Ambas empresas tuvieron un movimiento económico supe­rando su capacidad financiera y operativa en el periodo de marzo y abril del 2020, y sus compras informadas a la SET habrían presentado incon­sistencias, describe el acta de imputación basado en infor­mes tributarios.

“Si bien existió una operación de compra-venta entre la firma proveedora Tía Chela SRL y la Municipalidad de Ciudad del Este (Licitación Vía Excepción ID 382.177), esta empresa en realidad no contaba con los bie­nes a proveer. Por consiguiente se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permi­ten suponer que Fermín Áva­los Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la com­pra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adqui­sición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución”, señala la imputa­ción fiscal.

Según la pesquisa fiscal, exis­ten fuertes indicios de que las planillas de beneficiarios fue­ron fraguadas. Es decir que figuran entrega de víveres a personas que en realidad no recibieron los kits.

“Una verificación aleatoria de los datos de las personas consignadas como supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas de entrega de cestas básicas remitidas al Ministe­rio Público por la Municipa­lidad de Ciudad del Este ela­borados por funcionarios del municipio, de cuyo informe resultó que varios de estos supuestos beneficiarios son personas que residirían en el extranjero y en otros depar­tamentos del país, alejados de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná”, refiere el docu­mento que cita algunos nom­bres a continuación de perso­nas que residían fuera de los límites esteños, a kilómetros de distancia, en otros depar­tamentos.

Otro informe técnico peri­cial calígrafo del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizado de forma aleatoria de las planillas de beneficia­rios confirma que algunas “fueron llenadas y firma­das por la misma persona, lo que nos permite suponer que estas planillas fueron crea­das a los efectos de aparentar la supuesta entrega de estos kits de alimentos a supuestos beneficiarios”.

El Ministerio de Salud reporta que las infecciones respirato­rias agudas graves (IRAG) afectan en su mayoría a gru­pos de personas mayores de 60 años y más, como así tam­bién, a menores de 2 años de edad que no cuentan con el esquema de vacunación com­pleto para influenza ni para el SARS-CoV2.

Así refiere el informe actuali­zado de Vigilancia Centinela correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 14 y publi­cada por IP. Los virus respi­ratorios identificados en la última semana, en pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves, son: SARS-CoV2, influenza A H1N1 y Rhinovirus.

En las últimas semanas, la mayor proporción de casos respiratorios en consultas ambulatorias es el 46 % por influenza, seguido del SARS-CoV2 (33 %), virus que causa el covid-19. El 61 % de las interna­ciones corresponde a personas mayores de 60 años, 51 % son personas adultas y 49 % de las internaciones corresponde a la edad pediátrica.

Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta u otro se recomienda el uso de tapabo­cas, acudir a la consulta médica oportuna para contar con un diagnóstico, determinar el virus y recibir el tratamiento correspondiente, y cumplir con el reposo indicado para impedir la propagación del virus.