El jefe de Investigación del departamento Central de la Policía, Ramón Cañete, explicó ayer jueves que hasta el momento hay cuatro personas detenidas en el marco de la investigación por la práctica de aborto a una menor de 16 años en una clínica de la ciudad de Fernando de la Mora, que tampoco cuenta con la autorización del Ministerio de Salud para operar.
“Tenemos cuatro personas detenidas, tres mujeres y un hombre. Una de ellas es una enfermera encargada del local, la tía del menor masculino (pareja de la afectada) con la hija y el ex marido de la dueña. La tía del menor ya tiene más de 40 años y es la que indujo a la menor a irse a la clínica”, manifestó el comisario en comunicación con la radio 1080 AM.
Mencionó que la menor fue llevada hasta el lugar intervenido por los familiares de su pareja, que también es menor de edad, pero para hacerse chequeos y en su momento se empezó a sentir mal por el aborto y dio aviso a su mamá. Posteriormente realizaron la denuncia correspondiente y se allanó el lugar, que ya fue intervenido en su momento por tráfico de niños.
Cañete mencionó que también se allanó la vivienda de los familiares de la pareja de la menor, ubicada en la ciudad de Luque, quienes contactaron con los responsables de la clínica para llevar a cabo del aborto y el caso tomó estado público tras la denuncia de los familiares de la adolescente, que empezó a sentirse mal tras el procedimiento.
“Todos los detenidos están a disposición del Ministerio Público. El adolescente de 15 años vive con la tía y son todos de la zona de Luque. La propietaria está con paradero desconocido, hicimos un allanamiento en su domicilio y no se encontraba, tiene una medida de prisión domiciliaria por otra causa. También estaba una mujer internada en el lugar, pero se retiró tras el procedimiento por indicación de la fiscal”, agregó el comisario.
Una comitiva fiscal allanó un sanatorio privado ubicado en la Zona Sur de la ciudad de Fernando de la Mora tras denuncias de prácticas de aborto a menores de edad. La clínica ya fue allanada en el 2020 por tráfico de niños, pero siguió funcionando a pesar de no tener la habilitación correspondiente del Ministerio de Salud Pública.