La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá destrabar el proceso penal que soporta la ex jueza en lo Civil y Comercial Tania Irún, imputada por el delito de prevaricato por presuntamente violar la Ley de Seguridad Fronteriza al entregar 310 mil hectáreas ubicadas en zonas de Alto Paraguay a empresas extranjeras que serían de maletín.

El expediente subió a la máxima instancia judicial debido a la indecisión para resolver las chicanas presentadas por la procesada de los camaristas José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete y Cristóbal Sánchez, este último sería amigo del padre de la imputada. Ahora está en manos de los altos magistrados resolver el conflicto de competencia que se generó entre los miembros de la Tercera y la Cuarta Sala del Tribunal de Apelación en lo Penal.

Una vez que se destrabe dicho proceso penal, el expediente judicial tendrá que ser estudiado por un Tribunal de Apelación y cuando se resuelvan las chicanas, el proceso deberá volver al Juzgado Penal de Garantías para que pueda fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares que aún sigue pendiente.