Se inició el juicio oral y público para varios funcionarios del Indert y representantes de ONG acusados de lesión de confianza por un presunto perjuicio patrimonial a la citada institución estatal de G. 4.000 millones.
El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar a los acusados está integrado por Lourdes Peña, Manuel Aguirre y Blanca Gorostiaga. Mientras que el fiscal del presente caso es Leonardi Guerrero.
Los acusados son César Agustín González Parini, ex director del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible del Indert; Sergio Sebastián Ortega Torres, ex supervisor del Indert; Eulalia Cardozo, ex directora de Comercialización del Indert; e Irma Soledad Piñánez Martínez, ex auxiliar administrativa del Indert.
También enfrentan juicio oral representantes de la ONG Fundación Nación Guaraní: Ronald Hernán Guerrero Ovelar, Armando Ignacio Báez, María Ester Leiva, de la organización Anapa; Luis Gilberto Ruiz, Rafael Aguayo y Antonio Gayoso.
Tanto la ONG como las organizaciones campesinas suscribieron diversos convenios con el Indert, representado por Marciano Barreto, para el fortalecimiento de la “Pequeña agricultura familiar campesina en materia de seguridad alimentaria”.
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Roa: fiscal acusa y pide juicio oral
En el transcurso de la mañana de ayer jueves, el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusó y pidió juicio oral y público para el exministro de la Secretaría Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.
Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exautoridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.
El requerimiento fue presentado ante el juzgado del magistrado Rodrigo Estigarribia, que fijará la audiencia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licitaciones e inflaban los precios para posteriormente repartirse el dinero entre ambos. A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concretar pagos por un valor aproximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.
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Imedic: juicio oral sigue este viernes con declaración de testigos
Este viernes prosigue el juicio oral y público para la titular de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, enjuiciada por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
Para la tercera jornada de la audiencia oral, se tiene previsto que declaren cuatro testigos más propuestos por el Ministerio Público. Hasta el momento ya declararon dos testigos en el juicio oral.
El Tribunal de Sentencia que juzga este caso está integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales son Néstor Coronel y Luz Guerrero.
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Además de Ferreira, también están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
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Se suspendió el juicio oral de exfiscal acusada por extorsión
Se suspendió el inicio del juicio oral para la exfiscal de San Lorenzo, Ana Girala y otros procesados por extorsión, persecución de inocentes y otros. La defensa de la exrepresentante del Ministerio Público planteó una reposición solicitando que la causa sea acumulada junto con la de otro procesado.
Con la presentación que se hizo de parte de la de la defensa de Girala se pretende acumular esta causa con la del abogado Marcos Aurelio Velazco, quien fue acusado en febrero del corriente año por la presunta comisión de los hechos de tráfico de influencias, soborno agravado y asociación criminal.
En febrero del año 2023 el Fiscal Osmar Legal intervino la unidad de la fiscal Ana Girala luego de haber recibido una denuncia de que tanto ella como otros miembros de la unidad habían solicitado la suma de G. 25 millones para beneficiar a un procesado por homicidio doloso con una salida alternativa al juicio oral y público al momento de la realización de la audiencia preliminar.
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El Ministerio Público cuenta con suficientes elementos probatorios para poder lograr una sentencia condenatoria durante el desarrollo de un juicio oral y público.
En su momento Girala estuvo privada de su libertad, pero luego fue beneficiada con medidas alternativas a la prisión. Posteriormente presentó su renuncia al cargo de agente fiscal, renuncia que fue aceptada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
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Justicia para Isamar: asesinos recibieron penas de 22 y 25 años de cárcel
A casi 2 años del crimen de la docente Isamar Auxiliadora Cabral Aguilar, cuando se trasladaba en su automóvil de una escuela a otra para dar clases en Concepción, un tribunal emitió este miércoles una condena de 22 años años de cárcel para Hilario Gayoso Duarte, de 42 años, y de 25 años de cárcel Germán Clavelino Larrea, de 33 años. La lectura de la sentencia completa fue programada para el 2 de mayo a las 12:30.
El tribunal integrado por Teresa Concepción Jara Morel, Jovino Ramón González Alcaraz y Shirley Morales Escobar corroboró que hecho de robo con resultado de muerte fue organizado y perpetrado con premeditación por los acusados. El fiscal Joel Cazal había solicitado la pena máxima de 30 años, más 10 años como medidas complementarias.
La jueza Jara Morel, presidenta del tribunal, realizó la argumentación de la sentencia, refiriendo que declararon 51 personas, así como se presentaron 87 pruebas documentales y 3 pruebas periciales, además de una pericia solicitada por el cuerpo de magistrados, en el marco del juicio.
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Cruel asesinato
La docente estuvo desaparecida unas 48 horas, entre el martes 26 de abril de 2022 y la tarde del jueves 28, cuando su cuerpo fue hallado sin vida en Costa Ferreira, en el distrito de Loreto, a unos 100 kilómetros donde había sido vista por última vez, y se demostró que la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento utilizándose una prenda de la víctima.
La educadora había salido de la escuela de San Rafael y se dirigía hacia otra institución educativa en Cañada Lourdes; según una cocinera, salió apurada hacia las 11:00 para llegar a tiempo a su siguiente aula que no almorzó y llevó ese día la comida en una vianda. En ese camino, los acusados emboscaron a la mujer a fin de robarle su automóvil y terminaron estrangulando a la joven de 28 años.
Ese jueves 28 de abril fue demorado Germán Clavelino Larrea, quien fue el encargado de llevar el automóvil de la educadora desde Loreto a Yby Yaú, supuestamente a pedido de Hilario Gayoso Duarte, en cuya vivienda, en el patio frontal, terminó hallándose el vehículo por la policía. Gayoso estuvo prófugo durante 4 meses, en agosto de 2022 fue detenido en Cuero Fresco, Arroyito.
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